SOLO ILLA PODRÁ SUSPENDER LOS COMICIOS CATALANES

E LGobierno está llevando el filibusterismo parlamentario al grado de excelencia. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, está burlando al Congreso de forma premeditada para no dar explicaciones sobre la evolución de la pandemia durante los seis meses de estado de alarma. Illa trampeó los trámites del Congreso en diciembre para no rendir cuentas, y envió una solicitud de comparecencia inválida y deliberadamente desactivada para enero, cuando solo quedaban cuatro días hábiles del mes anterior. De este modo, el Gobierno sumará hasta tres meses sin dar explicación alguna cuando cifras oficiales del INE calculan ya en unos 80.000 los españoles muertos. Esto no ocurre en ningún país europeo. Es solo una añagaza política diseñada para no tener que asumir ningún tipo de desgaste, porque tanto Sánchez como Illa sabían de antemano que el ministro sería el candidato socialista a las elecciones catalanas. Ese es el motivo también por el que Illa se ha enfrentado a las comunidades, negándose siquiera a evaluar la necesidad de reformar el decreto de alarma y los toques de queda.

Sánchez e Illa están desaparecidos porque están más interesados en ganar votos que en luchar contra la pandemia. Es injustificable que ninguno de los dos, después de su operación propagandística de cubrir con logotipos del Gobierno las cajas de las vacunas, se escondan ahora, cuando varias comunidades han dejado de administrarlas por falta de dosis, cuando la tasa de contagio está en cifras récord, o cuando ya faltan hasta jeringuillas. No es justo que la respuesta sea solo resignarse. El ansiado proceso de vacunación se está convirtiendo en una inmensa chapuza para la que solo oímos las excusas de unas autonomías completamente desprotegidas. El estado de alarma es un salvoconducto para que Sánchez ignore al Parlamento, desprecie a la oposición y comprometa a las autonomías. Desde luego, no se está usando para luchar con eficacia contra la pandemia, sino para que Moncloa haga ostentación de su poder. Sánchez miente, Illa está de campaña, y Fernando Simón confunde. El resultado solo puede ser una creciente frustración.

En este contexto se ha abierto un debate social sobre la procedencia o no de que los políticos y cargos públicos tengan un derecho de preferencia para vacunarse. Pero si se ha aprobado un protocolo que prioriza al personal sanitario y a los ancianos

Los jueces han acordado mantener el 14 de febrero como fecha de las elecciones catalanas y no respaldar la pretensión del independentismo de convocarlas el 30 de mayo. Pese a la pandemia, el Tribunal esgrime razones prioritarias de «interés público» para evitar una provisionalidad que afecte al funcionamiento de las instituciones. Es cierto que Cataluña se halla en una situación anómala que urge corregir en las urnas. No obstante, los jueces, conscientes del aumento de contagios, matizan que si el Estado aumenta las restricciones de movilidad ciudadana, estaría justificado retrasar las elecciones. Es decir, en definitiva compete al Gobierno de la nación decretar o no un confinamiento endurecido, y a la larga es Salvador Illa, en su doble condición de ministro de Sanidad y de candidato del PSC, quien decide junto a Pedro Sánchez. Y su interés es que sean el 14-F, lo cual no deja de generar una extraña incompatibilidad por evidente conflicto de intereses. Habría tantas razones lógicas para suspender los comicios como para mantenerlos. Pero mientras haya un solo catalán que pueda ir al cine, viajar en transporte público o trabajar, no sería lógico un aplazamiento. Hoy es el día en que aún Cataluña sigue sumida en la incertidumbre.