Cae el Gobierno holandés por el escándalo destapado por una abogada española
Las consecuencias políticas no impedirán una nueva victoria electoral de Rutte en las elecciones de marzo, como prevén las encuestas
l Gobierno holandés dimitió ayer en pleno a raíz del escándalo en torno a los abusos administrativos en la gestión de las prestaciones sociales para el cuidado de los hijos pequeños de familias desfavorecidas que destapó inicialmente la abogada de origen español, Eva González. El problema se produjo en un gobierno anterior, con una coalición diferente, pero estalló con la publicación del informe después de una investigación parlamentaria en el que se dice que los ministros, los funcionarios, el Parlamento e incluso los jueces actuaron mal en este asunto que dejó a miles de padres sin poder defenderse cuando se les acusó injustamente de fraude y se les impusieron multas astronómicas a familias, casi todas inmigrantes.
El de los Países Bajos es uno de los más activos gobiernos en la UE de los llamados «frugales» que exigen a los
Eción que renunciar. «No se puede permitir que las cosas vuelvan a salir tan terriblemente mal», dijo el ahora primer ministro en funciones.
Miles de familias afectadas
Ante la proximidad de las elecciones, la dimisión el jueves del líder del Partido Laborista (en la oposición), Lodewijk Asscher, dejaba pocas opciones para el Gobierno. Asscher era ministro de Asuntos Sociales en el momento en el que se produjeron los hechos, cuando miles de familias desfavorecidas fueron acusadas injustamente de defraudar al fisco y se les ordenó devolver las subvenciones que habían recibido, lo que provocó casos dramáticos de ruina financiera ante los que la maquinaria administrativa se mostró implacable a la hora de aplicar con rigurosidad una reglamentación mal diseñada. Con el objetivo de luchar contra el fraude esta política tuvo efectos dramáticos en muchos casos y en concreto la inspección podía ser discriminatoria, teniendo en cuenta que la mayoría de perjudicados eran inmigrantes.
En total, las autoridades fiscales acusaron erróneamente a unos 26.000 padres de reclamar de forma fraudulenta la asignación por cuidado de hijos pequeños a lo largo de varios años a partir de 2012, y hasta 10.000 familias se vieron obligadas a devolver decenas de miles de euros al Estado, lo que en algunos casos provocó desempleo, quiebras y divorcios, puesto que se trataba siempre de familias de pocos recursos. Cuando muchos de ellos intentaban justificar su actuación, el aparato burocrático no escuchó ninguna explicación y se mostró inclemente con las quejas.
El año pasado, la autoridad fiscal admitió además que al menos 11.000 personas fueron seleccionadas para esta inspección especial sobre las ayudas para guarderías debido a su origen étnico o doble nacionalidad, lo que ha alimentado las acusaciones de racismo sistemático en Holanda.
El Gobierno se ha disculpado por los métodos de la oficina de impuestos y ha reservado más de 500 millones de euros para pagar compensaciones a los afectados, a razón de unos 30.000 euros por cada familia.