Okupas en la Oliva: «Dejo el agua abierta para que paguéis»
Σ Un bloque de vecinos pide ayuda para acabar con una okupación que cumple cinco años
En el barrio obrero de La Oliva, las casas embargadas por las entidades financieras se multiplicaron a partir de la crisis de 2008. Familias de economías débiles y muy endeudadas fueron arrastradas por una depresión de escala internacional. Esos inmuebles son los más preciados por los okupas, ya que a las entidades financieras no les urge el desahucio tanto como a un propietario. Y en uno de esos pisos de la calle Getsemaní vive una okupa desde hace cinco años, creando una fuente constante de conflicto en el vecindario. Los vecinos están desesperados. Hace escasos días les llegó una factura de agua de la comunidad de más de 5.000 euros. «Ya nos dijo en una de las ocasiones que dejaría el agua abierta para que pagáramos más», detalla uno de esos vecinos que prefiere guardar el anonimato por miedo a las represalias.
En el bloque residen unos 80 vecinos, con una edad media elevada. Hace cinco años la okupa aterrizó en la finca con su hijo menor de edad. «Sabíamos que la anterior propietaria se había tenido que marchar porque el banco le había quitado la casa. Nos dijo entonces que estaba de alquiler». Sin embargo, cuando la compañía eléctrica detectó el enganche ilegal, supieron que no era así. «La empresa nos dijo que deberíamos reforzar la seguridad del cuarto de contadores para que no nos consideraran colaboradores. Y así empezamos a asumir gastos extras». El enganche provocó averías en los ascensores, cortes de luz y otras incidencias que han soportado a duras penas una comunidad con un remanente muy escaso. «Por supuesto no paga una sola cuota».
Los vecinos detallan a este periódico que la convivencia se ha vuelto imposible con amenazas, insultos y algún que otro lanzamiento de objetos por las escaleras. Muestran las fotos de los desperfectos y las grabaciones que han hecho a escondidas cuando la vecina «monta un escándalo».
Han acudido a los juzgados, presentando una demanda de cese de actividad. «Nos dijo la abogada que podría ser la forma más eficaz de que al menos acabaran los problemas de convivencia». Pero no han conseguido que la okupa se vaya. También han acudido al Defensor del Pueblo y por último al Comisionado del Polígono Sur. «Llevamos más de 3.000 euros sólo en gastos de reparaciones y desperfectos. Hemos tenido que colocar rejas en las puertas de nuestras casas para ganar en seguridad».
Desde el comisionado confirman que tras recibir la queja de los vecinos, iniciaron una labor de mediación con la entidad financiera para que agilizara el proceso de desahucio. El pasado 15 de j ulio se iba a producir el alzamiento, pero se paralizó. «Esperábamos que ese día se acabaría el infierno, pero ya nos dijo el funcionario, que en el mejor de los casos, hasta final de año o el que viene no habría ejecución».
En esta parte del distrito sur de la ciudad, a muy poca distancia de las Tres Mil Viviendas, la okupación no es un problema de segundas residencias que se quedan mucho tiempo vacías ni tampoco es algo excepcional. «Muchas de las casas que se okupan las usan los traficantes como puntos de venta de droga, para cultivar marihuana. No siempre hay una necesidad social detrás. Este problema no afecta sólo a los barrios pudientes. En la periferia, los vecinos se ven obligados a convivir con personas o familias conflictivas, como es este caso, que se han colado en casas. No puede haber impunidad», señala el comisionado Jaime Bretón.