LA CLAVE DE LOS ERE
La Junta creó un sistema de competencia desleal que sólo salvaba a empresas afines
LAS estrategias de confusión son legítimas cuando quien las impulsa es quien lleva las de perder. Y en el caso de los ERE, tanto la Junta como las empresas favorecidas por su aberrante sistema de reparto arbitrario de los fondos públicos llevan tiempo promoviendo una campaña de minimización del latrocinio porque ésa es su única salida. Pero los hechos son siempre muy tozudos y, aunque los participantes en aquel escándalo traten de aguarlo, la verdad relucirá tarde o temprano. Por mucho que se empeñen en defender que ningún político se metió el dinero en su bolsillo o que el sistema se creó para contribuir a la paz social, la realidad es que el entramado se diseñó al margen de todas las leyes administrativas con el objetivo de sortear los controles y poder repartir del dinero al antojo del PSOE. Esta es la madre del cordero de todo este saqueo. La Junta no instituyó un procedimiento reglado para la concesión de subvenciones a las empresas que estaban en crisis y tenían que afrontar expedientes de regulación de empleo. De haberlo hecho, ahora sólo estaríamos discutiendo su idoneidad política y no su trascendencia penal. Lo que se instauró fue una estructura de favoritismo a empresarios afines que se beneficiaron de ayudas millonarias estableciendo una competencia desleal con el resto de operadores de sus distintos sectores. Si la Junta le hubiese dado a González Byass 17 millones después de convocar un concurso público, no estaríamos hablando de nada. El fraude consiste en que se los adjudicó sin procedimiento abierto. Es decir, ninguna otra empresa del sector pudo acceder a esos fondos sencillamente porque nadie los anunció. Sólo quienes tenían acceso directo a los distribuidores se repartieron la lotería. Los amigos.
Esto ha generado un agravio en Andalucía que ha desembocado en un clientelismo putrefacto. Mientras unas empresas han tenido que hacer encajes de bolillos para poder seguir compitiendo, otras salieron del agujero con el dinero que les inyectó a escondidas el poder. Pero también ha dividido la economía andaluza en dos grandes grupos: el de las compañías que son libres y el de las que le deben la vida al PSOE. Así de claro. Unas pudieron pagar los reajustes de sus plantillas sin dolor y otras tuvieron que sufrir. A partir de este sencillo axioma podemos complicar el caso con todos los tecnicismos administrativos que queramos —que si el dinero no fue a la empresa directamente sino a los trabajadores acogidos al ERE; que si patatín o que si patatán—, pero todo se termina resumiendo siempre en esa idea.
Algunos beneficiados han intentado confundir a la opinión pública criticando algunas subvenciones recibidas por otros competidores. Soslayan torticeramente que todas esas ayudas se publicaron en los boletines oficiales y se celebraron concursos abiertos que ganaron las mejores propuestas. La competición fue limpia. En los ERE, sin embargo, no hubo competición. El dinero se asignó de tapadillo por afinidad, por familiaridad o por interés político. La empresa implicada que quiera contar otra cosa miente. Y subestima a sus clientes. Punto.