Cataluña retirará símbolos aunque los ayuntamientos lo rechacen
La Generalitat trasladará la memoria histórica al currículo educativo
La Generalitat de Cataluña prepara una nueva ley de «memoria histórica» propia que le permitirá, como principal novedad, retirar monumentos y simbología franquista de las calles de la comunidad sin contar con el beneplácito de los ayuntamientos de las localidades afectadas. «Es ahora o nunca», aseguró ayer la consejera de Justicia, la republicana Ester Capella, al anunciar la medida en el Parlamento de Cataluña. El objetivo del Gobierno catalán es unificar todas las normas sobre «memoria democrática» ya en vigor en una nueva ley integral que facultará al Ejecutivo autonómico a retirar la «simbología franquista» de los espacios públicos de Cataluña, anular condecoraciones y suprimir los nombres de calles en homenaje a personajes vinculados con dictaduras y crímenes de lesa humanidad.
La pretensión del Govern es no dejar a criterio de los municipios si se puede retirar o no un monumento, y evitar situaciones como la de Tortosa, cuyos habitantes decidieron en 2017 en referéndum conservar un monumento de origen franquista sobre el
río Ebro, un monolito al que previamente ya se había quitado toda simbología asociada a la dictadura.
«Si no nos damos prisa, ya no estaremos a tiempo. La nueva ley de memoria será una herramienta para cerrar heridas y acabar con el duelo», explicó Capella, que ayer comparecía en la Comisión de Justicia. En clave política, y en un momento de desorientación estratégica, con su propuesta el Govern trata de centrar la atención del soberanismo en cuestiones que lo aglutinan
más allá del «procés», como es la lucha contra la herencia franquista, uno de los asuntos por ejemplo que el presidente Quim Torra planteó el lunes a Pedro Sánchez.
La consejera aseguró que no se superarán los traumas de la dictadura mientras haya símbolos que humillan «a los perdedores de la Guerra Civil y a las víctimas del franquismo». No en vano, el Govern advierte de que cada vez quedan menos víctimas y testigos de la dictadura y apunta que se está
ante «la última» oportunidad para reparar a las víctimas y reconstruir los hechos «de forma fidedigna».
La educación también será otro de los pilares de la nueva ley catalana de memoria, y para ello se trabajará para incorporar esta cuestión al currículo educativo. Asimismo, se pretende ofrecer formación específica a los docentes que den clases vinculadas a esta materia. Sin embargo, Capella no dio más detalles sobre una cuestión especialmente delicada en un momento en el que el sistema educativo catalán es señalado por presuntos casos de adoctrinamiento en las aulas.
«Enfoque de género»
Paralelamente, el Gobierno catalán planteó la puesta en marcha de una «Comisión de la Verdad» que abarque desde el inicio de la Guerra Civil hasta la Transición que «estudiará, esclarecerá y cuantificará los crímenes de lesa humanidad, informará a los familiares de las víctimas y les asistirá en su derecho a la justicia». Asimismo, ayer se avanzó que la nueva ley tendrá un enfoque de género y hará énfasis en el reconocimiento de colectivos como las mujeres, las personas del colectivo LGTBI o los bebés robados, que han sido «especialmente castigados y olvidados», recordó la consejera.
Según la Generalitat, en Cataluña hay más de 500 fosas con desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Así las cosas, el Ejecutivo autonómico trabaja con un «plan de apertura» para analizar los restos, devolverlos a sus familiares y garantizar una «sepultura digna». Por otra parte, cifró en 66.590 las personas contra las que se instruyeron procedimientos judiciales militares por causas «políticas» durante la dictadura.