La Valedora do Pobo pone el foco en víctimas que sufren discriminaciones múltiples
▶La sanidad, el empleo público y la inclusión social fueron los principales motivos de queja de los ciudadanos durante el ejercicio del 2023
Aunque en muchas ocasiones no se tenga en cuenta, las causas discriminatorias pueden –y acostumbran– ir de la mano. Esta es una de las cuestiones que este año quiso poner de manifiesto la Valedora do Pobo en el informe del ejercicio 2023, María Dolores Fernández Galiño, que ocupa el puesto desde 2019 y que ayer presentó el documento ante los medios después de entregárselo el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. Poniendo el foco en lo que se conoce como discriminación interseccional, la institución hizo balance de su actuación en un año en el que la sanidad volvió a ser el área con mayor volumen de asuntos, seguida por el empleo público; y en el que, además, se batió el registro histórico de resoluciones alcanzado el año pasando.
Las causas de discriminación «suelen manifestarse de forma acumulativa», explicó Fernández en la rueda de prensa. Esto, indicó, es lo que da lugar a la denominada discriminación interseccional. Algo «evidente» en los casos de los estereotipos de género, reza el informe, que, siendo «omnipresentes, invisibles y mutables», hacen que la discriminación por cuestión de género se acumule con otras con mucha facilidad.
«Esto se ve, por ejemplo, en el caso de las mujeres con discapacidad [...] que van a estar en peor situación que los hombres con discapacidad y que las mujeres sin discapacidad», indicó. Una cuestión que también se aprecia en el fomento de la salud y la autonomía personal y en que «hasta el año 2020 era posible la esterilización forzosa de las personas incapaces». Desde 2015, explicó, se tramitaron en cinco años 396 intervenciones de este tipo, y, «aunque no se consideró oportuno desagregar los datos por sexo, el CERMI dice que la mayor parte de estas personas eran mujeres». «También en el ámbito de la violencia de género –continuó– en el que las mujeres con discapacidad sufren violencia de larga de duración, que se prolonga más de 5 años, en un porcentaje un 18% superior con respecto a las mujeres sin discapacidad». Una interseccionalidad que está ausente, indicó, en las leyes de igualdad, que atienden a una única causa de discriminación, repercutiendo, a su vez, «en el imaginario social».
En 2023, explicó, esta fue una cuestión que se tuvo en cuenta en múltiples actuaciones, citando algunos ejemplos. Entre ellas, indicó, se tramitó una queja relacionada con la «imposibilidad de un niño con discapacidad» de acudir a una escuela de verano en la que, para facilitar la conciliación de las familias en los meses estivales, uno de los requisitos era que los dos padres estuviesen trabajando, «cuando se desconocía, precisamente, que muchas veces la discapacidad de un hijo» hace que uno de los padres tenga que dejar de trabajar, «muchas veces, las madres», reconoció. En total, durante 2023, un total de 25.277 personas acudieron a esta institución para presentar reclamaciones o pedir orientación o asesoramiento, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. De estas, 1.706 fueron atendidas presencialmente (con una media mensual de 142); 7.180, de forma telefónica (598 al mes); y se materializaron 16.417 expedientes de queja, con un aumento del 61,85% (1.367 al mes) respecto al 2022.
Los asuntos sobre los que versaron dichas quejas fueron 3.737 –un 5,71% menos que en 2022–, encabezando la lista, igual que el año pasado, la sanidad –un 22,11% sobre el total, mientras que en 2022 fueron el 17%–. A esta la siguen el área de empleo público y trabajo –un 12,09%–; inclusión social –un 10,02%–, y la relativa a las corporaciones locales y los servicios municipales –un 9,3%–. Cabe destacar que, mientras que un 11% de los asuntos tratados en 2022 fueron relativos a la transparencia de las instituciones, en este año, esta área ha sufrido un descenso notable, hasta el 3,72%. Asimismo, en 2023 la institución volvió a alcanzar un registro histórico de resoluciones –ya lo hizo en 2022, con 503–, con 649, esto es, un 29% más.
«Tanto el volumen de resoluciones, como el volumen de respuesta y el de aceptaciones, ponen de manifiesto la colaboración de las administraciones públicas con la actividad de la Valedora do Pobo a la hora de promover los derechos de las personas», indicó Fernández, quien destacó que «quienes más están en los márgenes» son los que más necesitan «la igualdad que prometen nuestras leyes antidiscriminatorias, políticas públicas y movimientos sociales». «Tomarlos en cuenta», indicó, «equilibra la lucha por la igualdad de cara a las personas y colectivos» que más la necesitan, las sitúa «en el centro de las políticas públicas», «crea alianzas y estrategias comunes entre movimientos sociales» y, en definitiva, «ayuda a que el conjunto de la sociedad avance». «Ese también es nuestro afán, darle voz a las personas sin voz», concluyó.
En 2023, la institución volvió a alcanzar un registro histórico de resoluciones, con 649, un 29% más que en 2022