Caso Acuamed: el juez procesa a 42 personas por corrupción en obras de agua
El exdirector general, señalado por recibir hasta un implante capilar como mordida
Ocho años les ha costado a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción llegar hasta este punto pero ayer, por fin, el juez Manuel García Castellón dictó auto de procesamiento contra 42 personas involucradas en el conocido como caso Acuamed, un fraude millonario con obras de infraestructuras hídricas a cargo de la empresa pública.
En la cúspide de la pirámide, que en tiempos amagó con salpicar al Ministerio de Medio Ambiente que dirigía la socialista Cristina Narbona, el ex director general de Acuamed, Aurelio Mateo, como miembro destacado de una trama que consistía en contratos amañados a cambio de dádivas y regalos.
En su caso, según los investigadores, habría recibido viajes y estancias dentro y fuera de España, tanto para él en solitario como en compañía de su familia. Uno de ellos fue a Turquía y la invitación incluía un implante de pelo tasado en 4.500 euros, pero no fue el único beneficiario. La trabajadora de Acuamed Enriqueta Arconada, utilizó el contrato de la empresa pública con una consultora de comunicación para que «le realizasen varios exámenes de su Grado en Comunicación y Recursos Humanos». Hasta consignó que las prácticas las había hecho ahí.
El auto de procesamiento apunta a indicios de delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y cohecho en una batería de adjudicaciones de obras hidráulicas en distintos puntos de la cuenca del Mediterráneo.
Conforme detalla, Acuamed actuaba «al margen de los criterios técnicos» en los contratos, permitiendo a los contratistas que interviniesen en la redacción de los informes que debía emitir la empresa pública hasta el punto de alterar los conceptos y los importes en la liquidación a su «conveniencia», hasta alcanzar los mínimos pactados y al margen de la realidad de la obra.
Pero no sólo. El auto relata también que el día 14 de junio de 2012 se firmó el contrato crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros solicitados por Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.
De acuerdo a la investigación, Mateo, antes de que se firmara el préstamo y sabiendo que estaba en trámite, «decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido» en diversas entidades bancarias. Contrató hasta a un asesor para que le hiciese las gestiones.
500 millones de euros
«Excediéndose en las funciones que tenía atribuidas habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja Laboral, actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)», concluye el magistrado.
De hecho, hubo voces que alertaron de la situación, pero de acuerdo a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, con las que coincide el juez, fueron ignoradas. El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco Valiente (hasta abril de 2014), y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio y de Acuamed escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en la empresa pública.
«Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos», expone la resolución. Ballesteros también fue apartada.
Entre las obras investigadas constan proyectos en Murcia, Almería, Valencia, Alicante y Tarragona, entre desaladoras, limpieza de aguas y proyectos de laminación de avenidas o de mantenimiento.