A la Iglesia le importa la educación

Mientras se hacía pública la sentencia del Tribunal Constitucional avalando íntegramente la ‘ley Celaá’, los obispos españoles, reunidos en Conferencia Episcopal, decidían organizar un gran congreso nacional, para el mes del febrero de 2024, sobre la educación católica. La polémica creada por la referencia algo más que retórica del cardenal Juan José Omella, en su discurso inaugural de la Plenaria, al cheque escolar ha hecho que pasen inadvertidas algunas de las afirmaciones más duras, nunca escuchadas, del actual presidente de la Conferencia Episcopal Española. A saber: «El modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución, que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas». Un dardo en la línea de flotación de la política educativa del Gobierno de Sánchez.

Con sibilina retórica eclesiástica añadió: «Nuestro sistema de enseñanza concertada, que podría ser una buena solución, está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos».

Si algo les importa a los obispos es el sistema educativo. La Iglesia es consciente de lo que supone ser titular del 25,4% de la educación en España a través de los conciertos. Sólo la patronal de los colegios de religiosos, Escuelas Católicas, representa cerca de 2.000 centros. No se trata solo de defender el negocio educativo. Lo que preocupa a los obispos es la libertad efectiva de los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos, la seguridad jurídica para garantizar un proyecto que aporte valor añadido a la sociedad, la obsesión del Gobierno por legislar educativamente contra y no a favor del pluralismo efectivo y que cada ley educativa haga tierra quemada con la anterior. Y que Sánchez esté más preocupado por imponer un modelo ideológico que en alcanzar un pacto de Estado sobre una cuestión en la que la sociedad se juega su futuro.