Ultimátum del PSOE al PP: aprobará la reforma del CGPJ en 9 días si no hay pacto
▶ El Gobierno asegura que los contactos se han retomado entre Juan Carlos Campo y Enrique López ▶ Podemos presiona para reactivar la ley que permitiría renovar el Poder Judicial junto al secesionismo
El PSOE lanzó ayer su último y definitivo ultimátum al PP al incluir el recorte de las funciones del Poder Judicial en el orden del día del pleno de la semana que viene. El jueves 11 de marzo, tres meses después de que la reforma echara a andar, el Congreso debatirá y aprobará un texto que ha eludido el procedimiento legislativo ordinario ignorando el clamor de los propios jueces y la Comisión Europea. Tras recibir la luz verde del hemiciclo, el texto será remitido al Senado, donde quedará definitivamente aprobado sin cambios. Así quedará culminado el asalto del Gobierno a un Poder Judicial que, desde ese momento, ya no podrá realizar nombramientos.
Nuevo intento
García Egea, como pareja de baile principal. Ellos asumieron la interlocución en el intento de un pacto global para la renovación de todas las instituciones que solo cristalizó en la renovación del Consejo de RTVE. Y solo ellos tienen ahora la capacidad de desbloquear la situación.
El Gobierno, aun así, confía en que la relación fluida entre Campo y López sirva para preparar el terreno a un nuevo intento. El Ejecutivo defiende que ya ha cedido y que no ha ejercido «ningún veto sobre los candidatos del PP». Este punto es importante porque en las últimas horas de la negociación desde Podemos se expresó rechazo hacia la figura de Alejandro Abascal, por su cercanía a Pablo Casado. «Sin dar nombres», la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también fue ayer muy clara respecto a un elemento clave: el Gobierno ya ha renunciado a Victoria Rosell como integrante del CGPJ. A ella se refería cuando aseguró que ya quedó claro en las negociaciones que «algunas personas no se incorporaban». El problema es, por tanto, el juez José Ricardo de Prada, que los populares mantienen vetado como autor de la sentencia que permitió a los socialistas presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.
Polonia y la ayuda europea
Mientras tanto, Unidas Podemos no se conforma con recortar las funciones al CGPJ y presiona al PSOE para que descongele la reforma de las mayorías. Un cambio que les permitiría renovar la cúpula del Poder Judicial con el respaldo de 176 diputados –mayoría absoluta– en lugar de los 210 escaños exigidos ahora. El PSOE aseguró ayer a la prensa que esta reactivación no está sobre la mesa, pero Podemos mantiene la presión. «Esperamos que de una vez se acometa ese cambio en la elección del CGPJ. La mejor manera de despolitizarlo es hacerlo lo más plural posible. Se acabaron los tiempos de un Poder Judicial bajo las prioridades del bipartidismo», apretó el diputado morado y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.
El debate coincide con la publicación, ayer, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que advierte a Polonia de que las sucesivas reformas de su Poder Judicial pueden violar el derecho comunitario ya que su «efecto» ha sido «suprimir el control judicial efectivo de las resoluciones (...) de candidatos para cubrir plazas de juez del Tribunal Supremo». Un claro paralelismo respecto a lo que está sucediendo en España.
Sin novedad
Al contrario que el Ejecutivo, los populares aseguran que no hay ningún cambio