Iglesias empuña la ley de vivienda como arma electoral
▶ Exige a Sánchez captar el 30% de los pisos de grandes propietarios para alquiler social
Unidas Podemos (UP) plantea que la futura ley de vivienda que negocia la coalición de Gobierno obligue a los grandes propietarios a destinar el 30 por ciento de sus inmuebles al alquiler social para aumentar el parque público y combatir la «emergencia habitacional». UP está presionando estos días al PSOE para desatascar el texto en el que trabajan sin éxito desde hace meses la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos.
Una presión que usan también como arma contra el PSOE en la campaña electoral catalana del 14-F. De hecho, Iglesias sugirió el viernes que los candidatos «de los poderes mediáticos» nunca podrían llevar a cabo políticas de «izquierdas». Un golpe velado a Salvador Illa, candidato del PSC y su ex compañero de Gobierno.
PSOE y UP están lejos de entenderse y las reuniones de los equipos de Iglesias y Ábalos no sirvieron para avanzar en la ley de vivienda. La propuesta para obligar a bancos y grandes propietarios a dedicar un porcentaje de inmuebles al alquiler social fue lanzada ayer por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, en la Comisión Mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Congreso. «Podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin a la emergencia habitacional que vive nuestro país», defendió Belarra, según recogió Ep. Es una de las iniciativas que Podemos puso sobre la mesa y fue rechazada por el PSOE; igual que las otras tres propuestas que fuentes del partido explicaron el lunes y que bloquean la negociación.
Podemos también quiere hacer permanente la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros a familias vulnerables, más allá del estado de alarma. Además, proponen medidas «efectivas» (un impuesto a los inmuebles sin uso) para motivar la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler. Por último, siguen apretando al ala socialista para limitar el precio del «alquiler abusivo».
Intervenir el alquiler
PSOE y UP acordaron en octubre que el Gobierno aprobaría la intervención del precio del alquiler en un máximo de tres meses y llegaría al Congreso en un máximo de cuatro. Iglesias le arrancó esta medida al PSOE amagando con no apoyar el acuerdo presupuestario. Por tanto, debería presentarse antes del 28 de febrero.
El departamento de Ábalos defiende que siguen trabajando para alcanzar ese acuerdo. Pero desde la vicepresidencia trasladan su «preocupación» por «la falta de voluntad» del PSOE para cumplir con sus pactos.