El clientelismo patológico del PSOE en Andalucía

Al frondoso árbol de corrupción regado con dinero público durante los casi 37 años de hegemonía del PSOE de Andalucía le ha surgido una nueva rama. El caso Isofotón es el último brote en un interminable goteo de sumarios que se amontonan en los juzgados andaluces desde hace más de una década y que comparten un mismo objetivo político: la libérrima disposición del dinero público para fidelizar el voto y tejer una red de dependencia económica que le permitiera perpetuarse en el poder. Es el sistema de los ERE, un método que se ha replicado en otros fraudes que han ido estallando como bombas de espoleta retardada incluso después de que los socialistas perdieran su feudo andaluz el 2 de diciembre de 2018 por un pacto del PP, Ciudadanos y Vox.

El fin político, «mantener la paz social», recogido expresamente en el convenio marco de 2001 que instauró el procedimiento delictivo de los ERE por el que fueron condenados dos expresidentes, justificaba –o eso parecía– los medios utilizados. La Junta de Andalucía lo mismo nacionalizaba empresas privadas que tenían menos futuro que el Titanic, como Santana o Cárnicas Molina, convertidas en una extensión más de su red de agencias y organismos satélites, que pagaba los sueldos a los parados de Delphi por el mero hecho de asistir a cursos de inglés y de prevención de riesgos sin utilidad alguna.

Con los fondos para el reciclaje laboral de desempleados el director de la fundación de empleo Faffe pagaba fiestas en prostíbulos o se favorecía a empresarios como el exconsejero Ángel Ojeda, que acaparó 52,6 millones en subvenciones, algunas de ellas excepcionales, para cursos de formación. Bajo el mandato de Susana Díaz se perdonó una deuda de 6,7 millones a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por gestionar las residencias de titularidad pública donde veranean los trabajadores. La Junta de Andalucía actuaba como un rumboso Tío Sam en Bienvenido Mister Marshall. Derramaba ayudas