HISTORIAS DEL DOBLE RASERO
Ay si el presunto agresor hubiese sido un magistrado del TC conservador...
Alas ocho menos cuarto del pasado 10 de agosto, un joven disfrutaba de la caída de una tarde de canícula en el parque Nayi de Majadahonda, en compañía de una pareja amiga. De repente el muchacho se sobresaltó por los gritos de una mujer desde el balcón de un chalé adosado que daba al parque: «¡Ayuda, ayuda, por favor, socorro!». Al acercarse vio que un hombre agarraba a una señora mayor con firmeza y la metía dentro de la casa. A continuación, el individuo los escrutó fíjamente desde su ventana, hasta que acabó cerrándola con un ímpetu que la hizo retumbar. Alarmados, los jóvenes llamaron al timbre seis veces sin contestación. Hasta que finalmente les respondieron por el telefonillo que no ocurría nada. Preocupados por lo que habían visto, telefonearon a la Guardia Civil, que se personó en el chalé y se llevó arrestado al sospechoso de malos tratos. El detenido, de 75 años y salud mermada, declaró en el cuartetillo que todo había sido una fuerte discusión, sin agresión alguna. Su esposa lo corroboró. Explicó a los agentes que se había tratado de «una discusión casual» y rechazó cualquier prueba forense. Debido a su estado de nervios, el detenido, que padece un cáncer, sufrió una subida de tensión mientras se le tomaba declaración y acabó pasando la noche en el Hospital Puerta de Hierro. Al día siguiente volvió a su casa. Pero la justicia ha seguido actuando. El individuo afronta una causa penal por posible delito de «maltrato en el ámbito familiar», que le puede costar entre seis meses y un año de cárcel, o hasta 80 días de trabajo comunitario.
Hasta aquí los hechos. Es un caso dudoso. Su mujer no lo ha acusado de nada ni ha presentado cargos. Por otra parte, el sospechoso es un septuagenario enfermo de cáncer, sometido a una fuerte medicación, situación que puede haberse cobrado un peaje psíquico. Lo cauto es respetar la presunción de inocencia y esperar al fallo de los jueces.
Imaginemos ahora que el individuo en cuestión fuese un magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. La escandalera nacional. Irene Montero, aguerrida ministra de Igualdad, no respetaría presunción de inocencia alguna y exigiría su inmediata dimisión a voz en cuello. Carmen Calvo, la vicepresidenta híperfeminista del Gobierno feminista, salmodiaría con rostro compungido que «un maltratador no puede seguir en nuestro más alto tribunal». Las asociaciones feministas se harían el harakiri y las mejores flechas de curare tuitero de Echenique harían diana en el agresor. Pero hete aquí que el magistrado del TC en cuestión se llama Fernando Valdés Dal-Ré, es progresista y llegó a propuesta del PSOE. Silencio absoluto en la patria del doble rasero. El mismo que protege a Simón, referente sanitario del Gobierno en la lucha contra la epidemia, que lleva de vacaciones en Baleares desde el lunes, buceando con el alpinista Calleja para grabar un lindo programa buenrollista mientras Madrid y otras tres comunidades extreman sus medidas ante un coronavirus de nuevo fuera de control. Si trabajas para la izquierda tienes bula. Simplemente es así.