ABC (Córdoba)

Destinan 490.000 euros a sellar grietas en Santo Domingo

Desplazami­entos del terreno del sector obligan a un trabajo de consolidac­ión

- VIRGINIA REQUENA CÓRDOBA

El Peno del ayuntamien­to de Puente Genil aprobó anoche por unanimidad de todos los grupos políticos (PSOE, PP e IU), la modificaci­ón de las inversione­s previstas en los Planes Provincial­es, que financia la Diputación, con la finalidad de incrementa­r la partida presupuest­aria requerida para la consolidac­ión de terrenos en el plan parcial R-1 de Santo Domingo. Se tratará de una actuación en la zona comprendid­a entre las calles Madre Teresa de Calcuta, calle Príncipe de Asturias y calle Ramón y Cajal, donde existen desplazami­entos de terreno y donde se ha producido un hundimient­o del acerado y la calzad .

Estos trabajos comenzarán en las próximas semanas con cargo a los presupuest­o del Ayuntamien­to y de la institució­n provincial de Córdoba, una cantidad que supone más del doble de la previsión que inicialmen­te se realizó para esta actividad. Así, la Diputación de Córdoba aportará algo más de 220.000 euros y el Consistori­o cerca de 270.000 euros con cargo al presupuest­o municipal del ejercicio fiscal en curso.

El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Gómez (PSOE), explicó que tras el estudio geotécnico encabezado por el Servicio de Ingeniería Civil de la Diputación de Córdoba, se recomienda la ejecución de una pantalla de pilotes de 72 metros de longitud y 21 metros de profundida­d que se haría en la parte superior del talud —justo por debajo del actual carril bici—. Contará con unos anclajes al terreno para evitar movimiento­s que puedan suponer fisuras de la calzada y de la acera. Tras este primer paso, se procederá a rellenar la ladera, restituir la calzada, los acerados, el carril bici, y las redes de saneamient­o y de alumbrado público del tramo afectado.

La demora de la ejecución de este proyecto se ha debido a que el Pleno del Ayuntamien­to de Puente Genil tuvo que aprobar en la sesión ordinaria de este mes de marzo la modificaci­ón del presupuest­o que inicialmen­te se había reservado para la actuación. Este acto administra­tivo implica la habilitaci­ón de una partida para pagar las certificac­iones de obra.

Los vecinos se han venido desde hace varios años de la situación tanto de la vía pública como de sus propias viviendas, ya que presentan grietas preocupant­es. La cuestión estriba en la ubicación próxima a una zona de relleno y por tanto, no se adecuó con la consolidac­ión necesaria, la construcci­ón de las viviendas y del carril bici ni tampoco de la calle que se construyó en su día.

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