El remedio
La mayoría de los votantes de Podemos (57 por ciento) creen que hay que mantenerla y esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie
Los que saben de Rajoy afirman con calma que el presidente del Gobierno es «muy peleón». No emite señales de serlo, pero en realidad su consistencia se basa en el aguante. Por mucho que se empeñen algunos no se va a quitar de la vista o de en medio a la primera de cambio. No lo ha hecho hasta ahora. Ni lo tiene en mente. Más bien al contrario. Enarbola ahora mismo entre ceja y ceja la aprobación de los Presupuestos Fenerales del Estado de este frío y siberiano 2018 como objetivo único y esencial. Con ellos bajo el brazo pretende llegar hasta 2020. Sí, hasta 2020, y además bien entrado el otoño. Otra cosa es que alguna circunstancia imprevista de la vida, una frase muy del marianismo, lo impida.
Las cuentas que está retocando el ministro de Hacienda para el Martes Santo –ese día habrá Consejo de Ministros cuando el presidente regrese de Bruselas y Angola– incluyen las subidas de las pensiones mínimas y de las de viudedad con cargo al IRPF para cuatro millones y medio de personas. En el verano de 2012, como recuerdan en el Gobierno, «no entraba un euro en España». Parece un mal sueño, pero ocurrió «y las pensiones se pagaron». Y no se ha dejado de hacer en ningún momento, como demuestra el incremento de la deuda. En España lo del austericidio está por demostrar. El rescate era un tajo sin contemplaciones. El estallido social hubiera sido a la española y contra el PP. A pesar de todo, la agitación está en el menú porque el PP resiste. Ahora hay que poner en cuestión cómo reparte el dinero en la salida de la crisis, después de arreglarla. Como ya han cumplido, y lo único que se le permite a la derecha española es sanear la cuenta, hay que echarlos. La izquierda está agitando la calle. A partir de 2002 funcionó contra un gobierno con mayoría absoluta del PP que acabó cercado y acosado físicamente. Entonces fueron el Prestige y la guerra de Irak; ahora son las pensiones y lo que esté por venir. El bulo de Podemos en Lavapiés no es más que un fogonazo de aviso.
En el Gobierno creen con más convencimiento que hace un mes que habrá presupuestos en verano. Todos los que han dicho desde septiembre pasado que iban a apoyar los presupuestos lo harán. Desde Rivera hasta el montaraz PNV, cuando aparque el tractor y deje el acordeón del 155. Rajoy recuerda que en junio de 2016 la máquina del PP solventó la situación de parálisis tras diez meses sin Gobierno. El miércoles pasado, tras el debate de pensiones, se encerró durante varias horas con algunos de sus coroneles del partido en un restaurante cercano al Congreso. El PP es un caballo cansado. Rajoy sabe que tanto dentro como fuera sus críticos y las encuestas auguran la catástrofe. Solo certificará su acierto si en realidad ocurre, porque Rajoy piensa que todo puede volver a tener remedio.
El Congreso ha dado un paso adelante esta semana para derogar la prisión permanente revisable, que impulsó el Gobierno de Rajoy en 2015. Y una vez más, el Parlamento actúa de espaldas a lo que reclaman y defienden la inmensa mayoría de los españoles, a favor de una pena que ya está recogida en todos los países de la Unión Europea, salvo Portugal y Croacia.
Según una encuesta de GAD3 realizada para ABC, el 71,2 por ciento de los ciudadanos quieren que se mantenga esa figura penal, y esperar en todo caso a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que encabezó el PSOE en junio de 2015, antes de tramitar una derogación.
La brecha social que sufren algunos partidos es espectacular, empecinados en intentar derogar a toda costa una medida que la calle reclama con fuerza, como queda reflejado en esta encuesta con datos contundentes. El PSOE sigue pidiendo con insistencia la derogación de la prisión permanente revisable. Pues bien, el 73 por ciento de sus votantes quieren mantenerla, y solo el 20 por ciento está de acuerdo con la eliminación de esa figura en el Código Penal.
Los socialistas no son los únicos que sufren esa brecha. Si el Congreso está debatiendo la derogación de la prisión permanente revisable es porque el PNV impulsó en octubre pasado una Proposición de ley en ese sentido, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular.
Cs se puso de perfil
Ciudadanos se puso de perfil entonces y optó por la abstención, eso sí, con fuertes críticas al Gobierno de Rajoy por sacar adelante la medida en 2015, aunque la reforma tuvo todos los informes preceptivos a favor.
En realidad, el partido de Albert Rivera ha pasado por todas las posiciones posibles en este asunto. Empezó pactando con el PSOE la derogación de la pena, más tarde se abstuvo y ahora que nota el clamor social a favor de la prisión permanente revisable se ha colocado más cerca del PP. Sus votantes son los que más piden esta figura: el 85 por ciento quiere que se mantenga y se espere a que se pronuncie el TC antes de debatir su posible derogación.
Los votantes de los partidos nacionalistas, vascos y catalanes, tampoco quieren que se ponga fin a la reforma aprobada hace tres años: el 52 por ciento respalda una pena que se aplica en los casos de extrema gravedad, como asesinatos terroristas, genocidio, asesinatos múltiples o agravados cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una personal especialmente vulnerable.
Votantes de Unidos Podemos
El 57 por ciento de los electores de Unidos Podemos también quieren que estos delitos se castiguen con prisión permanente revisable, que consiste en un cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, según el tipo de delito y si es uno o varios, con una revisión posterior de la condena, para comprobar si se cumplen o no determinados requisitos para la libertad.
El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, atribuye al «bloque reaccionario», próximo al «medievo», la defensa de la prisión permanente revisable. Pues ahí ha colocado a la mayor parte de sus votantes. En el caso
de los electores del PP, única formación que ha apoyado esa pena desde que se abrió el debate, el 82 por ciento de ellos está de acuerdo con que se mantenga en el Código Penal, y solo el 8 por ciento se pronuncia en contra.
Percepción de cada partido
La realidad es que el debate no se ha llevado al Congreso «en caliente». La medida está aprobada desde 2015, y el PNV llevó su iniciativa sobre la derogación en octubre. El 9 de febrero el Gobierno propuso la ampliación de los supuestos para aplicar la pena de prisión permanente revisable. Y este jueves pasado se celebró el Pleno, programado de antemano, para votar las enmiendas de totalidad a la iniciativa del PNV, defendidas por el PP y Ciudadanos.
Es cierto que este último debate se produjo en medio de la conmoción general por el caso del niño Gabriel Cruz, y pocos meses después del desenlace fatal de caso de Diana Quer. Cuando se pone cara a las víctimas y a sus asesinos, el porcentaje de los que piden la prisión permanente sube ligeramente, como se ve en la encuesta. Así, el 75,3 por ciento está a favor de esta pena para los asesinos de Diana Quer y Gabriel Cruz, frente a un 20,2 por ciento que se declara en contra.
Por partidos, los más contundentes, cuando se pone rostro a la víctima y al asesino, son los electores del PP: el 92 por ciento apoya la prisión permanente, en línea con la posición política defendida por los populares. La brecha social vuelve a aparecer, más grande incluso, en el caso del PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas: el 75 por ciento de los votantes socialistas piden esa pena para los asesinos de Diana Quer y Gabriel Cruz, lo mismo que el 56 por ciento de los electores de Unidos Podemos y el 66 por ciento de los votantes de los partidos nacionalistas.
Hombres y mujeres son partidarios de esa pena en porcentajes similares: 75 y 76 por ciento, respectivamente. Por tramos de edad, los mayores de 65 años y los menores de 29 son los más contundentes. En la encuesta se pregunta a los ciudadanos si conocen la posición de los partidos políticos respecto a esta cuestión. La mayoría (el 65,8 por ciento) tiene claro que el PP está a favor. Pero solo el 55,2 por ciento cree que el PSOE está en contra, algo que beneficia a este partido, porque la inmensa mayoría de sus votantes quieren la prisión permanente revisable, y como se ve muchos ni siquiera sospechan que este partido tiene una posición diferente.
De hecho, un 10,4 por ciento está convencido de que el PSOE está oficialmente a favor, un 14,6 por ciento cree que no está ni a favor ni en contra y casi un 20 por ciento desconoce por completo su posición. El desconocimiento beneficia también a Cs en este caso, después de mantener diferentes posiciones a lo largo del tiempo. A pesar de eso, casi la mitad de los españoles, el 49 por ciento, están convencido de que el partido de Rivera está a favor, y solo el 8,6 por ciento piensa lo contrario.