Pedro Rollán
▶Atiende a ABC para hablar de la ley de amnistía y el sorprendente papel protagonista que ha alcanzado la Cámara Alta durante la legislatura
Presidente del Senado
Un cuadro de la Reina Regente María Cristina jurando la Constitución asiste como testigo a la entrevista que Pedro Rollán (Madrid, 1969), presidente del Senado, mantiene con ABC. Carta Magna que ejerce de epicentro de la pintura y también de la conversación, en la que la amnistía que acaba de aterrizar en la Cámara Alta ocupa la mayor parte del tiempo.
—Después de casi cuatro meses de tramitación convulsa en el Congreso, la ley de amnistía ya está por fin en el Senado, ¿ahora qué?
—Ahora nuestra Secretaría General ha hecho dos informes, uno de los cuáles se refiere al fondo de la norma y es muy crítico. Lo que viene a decir es que vulnera más de diez artículos de la Constitución y que vulnera la normativa europea. Y hay otro asunto más, que considero que es crucial y es que esta amnistía no es una ley orgánica. Es una iniciativa legislativa que ha utilizado la vía de la proposición de ley para su tramitación y que todo parece indicar que es una modificación encubierta de la Constitución. Esto supondría que se está hurtando a esta Cámara la posibilidad de tramitar una modificación constitucional y esto se ha hecho de manera absolutamente deliberada. Y se hace, porque para llevar a cabo esa reforma se necesita una mayoría cualificada en ambas cámaras, que los impulsores de la norma saben que no tienen.
—¿De ahí el choque institucional que se ha impulsado desde el PP y Vox? —Efectivamente, en base a ese informe de la letrada mayor y a las conclusiones de la Comisión de Venecia, el grupo parlamentario popular ha registrado un escrito para que se acuerde en la Mesa ese choque institucional y se eleve al pleno iniciar la tramitación de un conflicto entre órganos constitucionales. —Los plazos señalan que el Tribunal Constitucional decidirá sobre este choque, como pronto, cuando ya esté aprobada la ley. ¿Para qué sirve entonces? —Sirve para poner de manifiesto la división y sirve para atender la advertencia que se ha hecho desde la Secretaría General del Senado y para establecer un debate en consonancia con la Comisión de Venecia, donde advertían de la enorme tensión social que se está produciendo por esta iniciativa legislativa, y de que no haya un consenso claro ni un plazo de tiempo suficiente para reflexionar y debatir en profundidad. De hecho, el procedimiento de urgencia solicitado por el Congreso para la tramitación es justamente todo lo contrario. Cuestión esta que, gracias a la modificación del Reglamento del Senado que realizamos algunos meses atrás, la tramitación de la ley de amnistía ocupará dos meses de tiempo aquí.
—¿Para qué tanto tiempo, si al final acabará volviendo al Congreso para ser aprobada?
—Para poder conformar una mejor opinión y recabar más informes (justo mientras se producía la entrevista llegó al Senado el del Consejo General del Poder Judicial, también crítico con la amnistía), además de las comparecencias de expertos que vendrán a manifestar su opinión para que los senadores puedan tener un criterio y así ser más responsables a la hora de votar sobre algo muy importante. Por lo tanto, iniciar ese proceso de conflicto entre órganos constitucionales no es un asunto menor, sino algo lógico, exigible y defendible. Sobre todo cuando una institución como el Senado interpreta que se están cercenando sus capacidades. —¿Será suficiente esa fortaleza que han ido creando en estos meses para frenar la norma?
—Todo parece indicar que el PP en el Senado, como ha hecho en el Congreso, se opondrá y vetará esta iniciativa. Con una diferencia, que aquí el grupo popular cuenta con mayoría absoluta porque así lo quisieron los españoles el 23 de julio. Esto supondrá, una vez realizado el pleno donde previsiblemente se producirá el veto, que se remitirá la iniciativa al Congreso donde allí tendrán la capacidad de levantarlo el Gobierno del PSOE y sus socios de investidura. Ahora bien, la propia descripción de la proposición habla de una ley de amnistía y reconciliación y yo no veo muy reconciliados a los líderes independentistas, que estos días están adelantando y exigiendo que la amnistía sea solo un paso más en el objetivo verdadero que es el referéndum de independencia. —Habla con detalle del informe de la letrada mayor del Senado, que es radicalmente opuesto al que realizó su homólogo en el Congreso sobre la misma norma, ¿cómo puede ser eso? —Es cierto que hay un cambio en el criterio del que yo, por la responsabilidad que me corresponde, creo que no debo pronunciarme. Pero si comparamos el informe del Senado con el que emitió la comisión de justicia, por ejemplo, sí son muy coincidentes.
—De hecho, el del Senado coincide con casi todos los demás: el mencionado de la comisión de justicia, el de la Comisión de Venecia… ¿qué puede haber entonces detrás del informe del Congreso para que sea tan diferente? —Eso se lo tendría que preguntar usted al autor del mismo.
—Hablaba antes de la modificación del Reglamento, que por cierto está recurrida ante el Tribunal Constitucional, y que permitirá que la norma pase en el Senado 60 días en lugar de 20. ¿No es una pérdida de tiempo si al final acabará siendo aprobada en el Congreso a pesar del veto?
—Sobre el tema del Constitucional, que puede pronunciarse cuando lo considere oportuno, lo que diga, se acatará. Y sobre la pérdida de tiempo, creo que emplear, que no perder, esos 40 días de diferencia en conformar una mejor opinión, en escuchar a los más ilustres catedráticos