Torrent, a un paso de sentarse en el banquillo del TSJC por desobediencia al Constitucional
► La instructora da diez días a las acusaciones para que pidan la apertura del juicio oral o el archivo de la causa
Último paso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) previo al juicio oral contra Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, miembros de la anterior Mesa del Parlamento autonómico acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional en 2019. Ayer, el TSJC informó del fin de la investigación y el inicio del plazo de diez días para que las acusaciones remitan sus escritos pidiendo la apertura del juicio oral o el archivo de la causa.
La magistrada instructora del caso, Maria Eugènia Alegret, dio por finalizada la investigación de la causa contra el expresidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent y le procesa por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por tramitar iniciativas parlamentarias contrarias a Derecho y en favor de la independencia. Costa, exvicepresidente de la Cámara catalana; Campdepadrós, ex secretario primero; y Delgado, ex secretaria cuarta, seguirán la misma suerte judicial que Torrent, según recoge el auto fechado este miércoles.
Los hechos que juzga el TSJC se remontan a 2019 cuando Torrent y los citados miembros de la Mesa aceptaron tramitar resoluciones, presentadas por los grupos independentistas, cuyo contenido suspendió el Tribunal Constitucional. A petición del Gobierno de España, el Alto Tribunal acordó dejar sin efecto la tramitación de las iniciativas secesionistas y notificar personalmente a los miembros de la Mesa, así como al entonces secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, que debían abstenerse de tramitar propuestas que fueran clara y manifiestamente contrarias a la Constitución. Torrent fue advertido hasta en tres ocasiones por el Alto Tribunal.
«Se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir», apuntaron los magistrados del Constitucional. Torrent y el resto de miembros de la Mesa de los partidos independentistas –no así los representantes del PSC y Cs– hicieron caso omiso de la advertencia.
La Fiscalía de Barcelona presentó, entonces, una querella contra los cuatro miembros de la Mesa ‘desobedientes’ y en marzo de 2021 el TSJC se declaró competente para investigarlos. Al mes siguiente, Vox se sumó a la causa como acusación popular.
Detención de Josep Costa
El TSJC inició el proceso judicial y el pasado 15 de septiembre, Torrent, Delgado y Campdepadrós acudieron a declarar ante la magistrada instructora del caso. Solo contestaron a las preguntas de sus defensas. Costa, por su parte, no compareció y dijo en las redes sociales de internet que no acudiría a declarar ante Alegret al no reconocer «la autoridad» del TSJC. Por este motivo, la instructora de la Sala Civil y Penal del TSJC ordenó su detención a finales del mes pasado.
Entonces, la magistrada señaló que Costa no había comparecido tras ser citado sin «haber alegado causa que justificase su incomparecencia», de lo que dedujo su «no disposición» a personarse ante la autoridad judicial, y por ello ordenó a los Mossos d’Esquadra la detención y traslado del ahora expolítico al Palacio de Justicia.
Ayer, tras conocer el cierre de la investigación judicial, la consejera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, que presentaba las líneas generales de su departamento recogidas en el proyecto de presupuestos del Govern, valoró la situación de Torrent, actualmente consejero de Empresa y Trabajo del Ejecutivo autonómico, y los otros tres acusados de esta manera: «Son víctimas de la represión española». Ciuró mostró todo su apoyo a los cuatro procesados.
«Desobediencia grave»
Por su parte, Vox se felicitó –en un comunicado– por formar parte del proceso y recordó que en el auto del TSJC se indica que el conjunto de indicios obtenidos durante la fase de instrucción «permiten afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados y la investigada pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave». El partido de Santiago Abascal apuntó que la pena a la que se enfrentan los acusados, de acuerdo con el artículo 410 del Código Penal, es de una multa de tres a doce meses y una inhabilitación especial de seis meses a dos años.
Los acusados defienden que actuaron bajo el derecho a la inviolabilidad, un recurso que Alegret rechaza pues se circunscribe a opiniones y votos.