El hombre de Sánchez en Transparencia se salta su propia doctrina para tapar su agenda
Rodríguez exige a los ministros que detallen sus cuadrantes pero él no se aplica la orden
El sello del nuevo presidente del Consejo de Transparencia es cada vez más evidente. Después del baile de sillas que José Luis Rodríguez orquestó nada más llegar, y que se saldó con la destitución de una de las mayores especialistas de España en la materia, la respuesta del Consejo a una petición de información realizada por ABC no deja lugar a dudas. Algo está cambiando en el organismo.
Este diario preguntó a la institución, que debe ser un ejemplo para todas las demás en Transparencia, por la agenda oficial de su nuevo dirigente. Lejos de facilitar el acceso a la información, el presidente del Consejo utilizó las mismas trampas que emplea el Gobierno cuando no le interesa entregar ciertos informes y que, por si fuera poco, la institución ha condenado en numerosas resoluciones. El propio Rodríguez, experto en protección de datos, firmó uno de los últimos dictámenes en este sentido.
La treta más habitual entre los distintos ministerios cuando se les reclama una información incómoda, como pueden ser los contratos suscritos durante la pandemia, consiste en remitir al reclamante a una página web genérica donde está recogida esa información, pero camuflada entre otros muchos datos. Encontrar lo solicitado no es nada fácil, pero la Administración considera que el reclamante puede acceder a la información, por lo que da por saldado el trámite.
Facilitar el dato
En numerosas ocasiones durante los últimos años, el Consejo de Transparencia ha condenado con sus resoluciones esta práctica de forma tajante y, acto seguido, ha obligado a la Administración a entregar la información concreta en un solo documento tal y como la ha reclamado el ciudadano. Así se evita, como mandata la ley de Transparencia, que se obstaculice el derecho de acceso a la información pública, aunque sea de manera indirecta. En su artículo 11, la norma dicta lo siguiente: «Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información».
En este caso, el Consejo de Transparencia ignora tanto los matices de la norma como la doctrina marcada por la institución en los últimos años y remite a ABC a una web genérica en lugar de conceder los datos tal y como el propio organismo se lo exige a otros departamentos de la Administración.
Una obligación repetida
«En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario que se concrete la respuesta». Así lo ordena el Consejo en una reciente resolución en la que obliga al Ministerio de Asuntos Exteriores a entregar la agenda de la ministra, Arancha González Laya, con el nivel de detalle solicitado por el reclamante. Esta resolución, además, fue rubricada ya por Rodríguez.
Sin embargo, este ejemplo no es el único y el Consejo, en esa resolución, enumera otros ejemplos en los que el organismo ha exigido a distintos ministerios que entregue información con detalle cuando ha remitido al ciudadano a un enlace genérico. Se trata de los expedientes 251/2020, 248/2020, 269/2020, 268/2020, 323/2020 y 322/2020.
A partir de ahora el procedimiento entra en una paradoja. El Consejo es el encargado, cuando alguien no está satisfecho con la respuesta que la Administración le ha dado a una solicitud de Transparencia, de decidir quién lleva razón. Y en este caso se da la circunstancia de que el mismo organismo que ha optado por no facilitar la información tal y como se le reclama es el que decidirá, tras la pertinente reclamación, si lo ha hecho bien o mal. Expresado de una forma todavía más clara: el nuevo presidente del organismo es juez y parte.
Ahora Rodríguez tiene dos opciones: o cambiar de golpe la doctrina que el Consejo de Transparencia ha marcado claramente en los últimos años o enmendarse a sí mismo y admitir, de forma implícita, que ha intentado dificultar el acceso a su agenda.
Todo lo contrario
El presidente del Consejo firmó hace unas semanas una resolución que exige lo contrario a lo que ha hecho