El pacto fiscal PSOE-UP despeja el camino para los Presupuestos
RECTA FINAL Socialistas y morados aprietan para cerrar las negociaciones esta semana OBSTÁCULOS La ley de vivienda, la de familias o el gasto en Defensa son los principales escollos ATASCO Tras el acuerdo tributario, no se han registrado grandes avances e
Fue una negociación ardua hasta el último minuto, pero finalmente hubo fumata blanca: PSOE y Unidas Podemos cerraron el pasado jueves un acuerdo para acometer una minirreforma fiscal que allana el acuerdo para los Presupuestos de 2023. Ambas formaciones continúan aún cerrando los flecos para alcanzar el que será el último pacto presupuestario de la coalición antes de las elecciones del año que viene, pero el paso fiscal dado acorta los plazos para que haya luz verde para las Cuentas públicas esta semana, a ser posible mañana.
En los últimos días, y como es habitual en este tipo de negociaciones, socialistas y morados han jugado al gato y al ratón con declaraciones cruzadas, aunque ha sido Unidas Podemos quien más presión ha ejercido. Los morados, de hecho, se resisten a dar por zanjadas las conversaciones y anteayer insistieron –por boca de la vicepresidenta Yolanda Díaz– en que quedan cuestiones «pendientes», aunque lo cierto es que, tras el acuerdo en materia fiscal, han rebajado su presión pública y ven viable cerrar el pacto en horas o días.
Y es que la reforma fiscal era una de las principales dificultades en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, tal y como quedó demostrado la semana pasada. El lunes, la titular «lo que hubiera», según Hacienda. Finalmente, lograron sellar una bajada en el IRPF para rentas bajas, junto con el impuesto a las grandes fortunas y un incremento del tipo impositivo a las ganancias de capital de más de 200.000 euros.
Fue la rebaja tributaria lo que complicó las negociaciones, ya que no se había contemplado hasta que Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana y principal barón autonómico del PSOE, se sumó a las autonomías del PP anunciando una bajada de impuestos. De hecho, el cambio de posición de Hacienda fue repentino: el martes, apenas un día antes de anunciar y explicar las medidas fiscales pactadas por PSOE y Unidas Podemos, la ministra María Jesús Montero rechazaba seguir esa vía y argumentaba que no era momento de rebajas de impuestos cuando España ha recibido 140.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos por la Covid.
Fuentes de Hacienda se defienden y aseguran que lo que Montero descartó fue una bajada generalizada de los tributos. Y, en los últimos días, la parte socialista del Gobierno ha intentado trasladar por todos los medios el mensaje de que las medidas adoptadas no tienen nada que ver con la «deflactación» que plantea el PP, que afecta a todos los niveles de renta y que beneficia menos a las familias de ingresos bajos.
Sorteadas las diferencias en la parte fiscal, PSOE y Unidas Podemos ultiman ahora los flecos para los Presupuestos. Aún están atascadas varias de las principales peticiones de los morados, que plantean la eliminación de los recortes en políticas de desempleo o un aumento del Iprem. Lo que más encallado se encuentra, según fuentes de Unidas Podemos, es lo relativo al inicio de la tramitación de la ley de familias, un texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra y listo desde hace meses, pero que todavía no ha recibido la luz verde del Consejo de Ministros. Esa norma recoge la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de manera progresiva hasta los seis meses, así como la extensión a las madres desempleadas de la ayuda de 100 euros al mes por cada hijo menor de tres años.
Unidas Podemos también solicita el desbloqueo de la ley de vivienda. La puesta en marcha de la norma en unos meses fue una condición que sirvió para aprobar los Presupuestos de 2021; para las Cuentas de
5.649
millones recaudará el Estado de 23.000 rentas altas y 3.600 empresas por el alza de impuestos
2022, Unidas Podemos exigió impulsar la norma tras meses de retrasos; y, para los Presupuestos de 2023, la demanda de los morados es que se termine de tramitar de una vez el texto en el Congreso. Eso sí: tanto Unidas Podemos como ERC o EH Bildu, imprescindibles para que la norma sea aprobada, insisten en un mecanismo de regulación de los alquileres más ambicioso y en endurecer las medidas contra los desahucios de familias vulnerables, y el PSOE lo rechaza porque considera que se reabriría una negociación que costó un año cerrar. ●