DEMANDA A FABRICANTE DE MEDICAMENTO
Departamento de Justicia alega que opiáceo creó aquí epidema de adicción
El Gobierno demandó judicialmente al fabricante de medicamentos Purdue Pharma, bajo el alegato de incumplimiento de sus obligaciones legales, lo que fomentó una epidemia de adicción a opiáceos que destroza a las familias y comunidades en Puerto Rico.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, informó ayer por escrito que la acción legal busca responsabilizar a Purdue Pharma por los daños que los opiáceos, específicamente OxyContin, han causado a las personas.
Además, Justicia reclama el dinero gastado por el Gobierno para atacar esta epidemia.
El uso original de los opiáceos era para el tratamiento de dolor agudo.
Vázquez explicó que los
“El abuso y la adicción sin precedentes a estas drogas ha creado efectos adversos graves, tanto en la salud física como mental del adicto y sus familias”
DENISE MALDONADO SECRETARIA AUXILIAR DE LA OFICINA DE ASUNTOS MONOPOLÍSTICOS EN JUSTICIA
opiáceos estuvieron involucrados en más de 42,000 muertes por sobredosis en 2016, según la estadística en manos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos.
“El Gobierno de Puerto Rico se une a otros estados que también han presentado pleitos legales como consecuencia de la alarmante epidemia y abuso de opiáceos. El Departamento de Justicia continúa investigando si se deben presentar reclamos adicionales contra otras compañías farmacéuticas y distribuidores de opiáceos en la Isla”, dijo Vázquez.
En el pleito legal se expone que los fabricantes de opiáceos efectuaron una campaña engañosa de mercadeo convenciendo a los médicos, profesionales de la salud y al público en general de que sus medicamentos eran efectivos para tratar el dolor crónico y tenían un bajo riesgo de adicción, contrario a la abrumadora evidencia indicativa de que son altamente adictivos.
Según la demanda, la publicidad engañosa resultó en múltiples muertes de pacientes puertorriqueños que se volvieron adictos a estos medicamentos controlados, subsiguientemente causando pérdidas de empleo y la devastación de las familias, entre otras.
A juicio de Vázquez, cuya agencia representa al gobierno central en la demanda, Purdue conocía que enviaba cantidades enormes de opiáceos que no podían ser para fines médicos legítimos, pero no adoptaron las medidas básicas para asegurarse de que esas sustancias llegaran a pacientes que en realidad las necesitaban.