Francisco Parés Asegura fiscalizan a beneficiarios de Ley 22

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, llegó a la redacción de Metro para responder “Punto por Punto” sobre distintos asuntos como lo que puede hacer su agencia con los donantes mediante organizaciones sin fines de lucro al Super PAC Salvemos a Puerto Rico vinculado a la campaña del gobernador, Pedro Pierluisi, entre otros asuntos.

¿Qué ha pasado con el tema de la Crudita?

—Ha habido trámites legislativos. Correcciones de técnica legislativa en cuanto al mecanismo para poderlo implementar. Me suscribo a cuando el gobernador presentó legislación con fuente de repago, lo había hecho mediante proyecto de ley, la asamblea legislativa tomó la posición de hacerlo a través de resolución conjunta, el gobernador firmó la misma y luego la Junta levantó cierto tipo de reparo… Ya se encuentra en ese proceso de corrección de técnica legislativa para que se pueda implementar.

Hay una propuesta del presidente de la Cámara para poner arbitrio a los carros de 1 % en el punto de venta… ¿Usted favorece esa medida?

—Esto es más bien para propósitos del CRIM y soy muy deferente con el manejo de las arcas municipales. Entiendo que el CRIM es la entidad que debería endosar o negar una medida de esta naturaleza. De mi parte, ya el gobernador ha establecido una política pública de cero aumento a contribuciones o nuevas imposiciones, así que habría que evaluar el balance de las cosas.

Pero eso pondría a pagar a los carros usados que actualmente no pagan arbitrios…

—No he visto el modelaje, pero en la medida en que algo se sienta como un impuesto adicional, sé que va a tener serios reparos del gobernador de Puerto Rico.

Se presentó la legislación que propone una tasa fija en la contribución sobre ingresos a las compañías foráneas, de 10.5% acreditable por el Servicio de Rentas Internas… Explique en arroz y habichuelas cómo se garantiza que Puerto Rico no pierde esos recaudos que son entre $1,800 y $2,000 millones.

—Ya ha ido reduciéndose el arbitrio, actualmente el arbitrio genera como el 16 % de los recaudos. El Fondo General ha sido menos dependiente de estos, en parte por el aumento de contribución sobre ingresos a individuos y corporaciones regulares. Nosotros, luego de conversaciones con el sector privado, el Tesoro Federal y el componente fiscal, hemos encontrado una alternativa que es endosada por el Tesoro Federal que permitiría migrar el arbitrio de 4 % en la producción a una contribución sobre ingreso. Nosotros proponemos una tasa base de 10.5 % en la medida en que estas entidades produzcan más en la isla y generen más empleos, la base contributiva se va reduciendo para otorgar unos beneficios contributivos que compitan a nivel global. Conceptualmente el proyecto coincide bastante con la propuesta de la Asociación de Industriales.

Distintas voces ya han alertado que el gobierno tiene que monitorear las inversiones futuras, para que no pase lo mismo que con las 936, que las compañías se fueron yendo poco a poco… ¿Ya se ha hablado al interior del gobierno para un plan en esa dirección? —El Departamento de Desarrollo Económico ha verbalizado que cuál es esa ruta de acción de cara al futuro. Encuentro que este programa de incentivos que transfiere la Ley 154 a una contribución sobre ingresos permite ser competitivos a nivel global.

¿Confía en que la Legislatura de paso a esto de forma rápida? —Confío que todos nosotros que tenemos un deber en esto, estaremos a la altura de los retos.

¿La Junta tiene que dar su visto bueno?

—Sí, todos sabemos y no es sorpresa que la Junta tiene cierto grado de reparo con los programas de incentivos en Puerto Rico. Yo creo que en parte en desconocimiento de lo que ha representado los programas de incentivos en la economía de Puerto Rico, pero yo creo que esos son unos asuntos de política pública que se van más allá de la frontera que establece PROMESA. En este caso lo importante es que cualquier cambio sea revenue neutral. En ese sentido, creemos que la propuesta cumple con ese requisito, por lo cual reduce el marco de acción de la Junta sobre esta medida.

Proyecto senatorial 684 establece requisitos de inversión y creación de empleos para los inversionistas estadounidenses que interesen mudarse a la isla. ¿Su postura? —Parte de las recomendaciones que ha hecho el comité de reforma contributiva, es honrarle un tratamiento similar a todos los puertorriqueños. Nosotros hicimos un ejercicio de costo, entendemos que no excede los $50 millones. Creemos que ese costo dentro de una reforma contributiva se pueden hallar las potenciales fuentes de repago. Propusimos que en virtud del mismo código se tribute de manera similar sin que necesariamente se requiera un decreto, pero hay que darle deferencia al proceso legislativo.

Booke Pierce reiteró públicamente que su residencia es en Vermont, pero recibe beneficios contributivos en Puerto Rico por un decreto de Ley 22… ¿Usted va a hacer algo respecto?

—Sin entrar en casos particulares, nosotros sí emitimos un boletín informativo en el 2021 estableciendo cuáles iban a ser las campañas de fiscalización en el Departamento de Hacienda. Esto se puede dar de distintas vertientes. Hay una parte que corre a través del Departamento de Desarrollo Económico que ha eliminado sobre 220 decretos. De igual manera, el Departamento de Hacienda colabora con el IRS para la fiscalización de estos decretos y obviamente la digitalización de toda esta información. Ya tenemos en nuestros sistemas quiénes son los tenedores de esos decretos, tenemos en muchas instancias ya el decreto totalmente digitalizado y estamos en mejor posición de poder hacer algo o llevar estas campañas de fiscalización de una manera más certera y más efectiva.

¿Pero ser residente en Puerto Rico es un requisito para este beneficio?

—Sí.

¿Y el que no lo sea no cumple con ese requisito?

—Definitivamente.

¿Se está fiscalizando?

—Sí, de hecho, parte de los decretos eliminados han sido en parte por incumplimiento con ciertos parámetros que podría ser la residencia. Tengo que decir que en este caso, el rol en cuanto a los procesos de residencia, cuál sería la implicación contributiva en Puerto Rico, el Departamento cuando una persona deja de ser residente gran parte de esas ganancias no iban a tributar acá porque persiguen la residencia de la persona, por eso reconocemos que en términos económicos muchos de estos procesos de auditoría benefician al IRS. Traemos al IRS a la mesa porque si una persona incumple con la residencia, Puerto Rico pierde jurisdicción sobre la persona, sin embargo el IRS tiene jurisdicción y un interés económico.

Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad, usted confirma que no están registradas en el Departamento de Hacienda… —Recordemos que los certificados para entidades sin fines de público, es un proceso público donde el departamento tiene una lista de las entidades sin fines de lucro que actualmente poseen el certificado de exención ante el Departamento de Hacienda. Estas dos entidades no poseen un certificado de exención. Enfatizo en lo siguiente, el que una entidad se registre en el Departamento de Estado como sin fines de lucro para propósitos contributivos, según nuestro Código de Rentas Internas, eso no significa que automáticamente se considere una entidad sin fines de lucro.

El hecho de que no estén registrados podría apuntar más a que eran entidades fantasmas…

—No tengo todos los elementos para hablar de esto y tampoco podría divulgar información particular. Lo que sí debe saber Puerto Rico es que al momento de ver individuos que hacen reclamaciones de deducciones por pagos a entidades sin fines de lucro, en la gran mayoría de los casos el departamento está en posición a través del procesamiento de la planilla para poder determinar si esa deducción es admisible o no.

El representante Héctor Ferrer le pidió investigar —Volvemos, en el procesamiento de planillas el departamento tiene la capacidad de poder verificar que las personas que hayan tomado deducción sobre una sin fin de lucro, el departamento pondera y tiene cuatro años para revisar esas representaciones. No lo digo tan solo en este caso, lo digo en términos generales.