El objetivo es una nueva cultura de gobierno

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, y el también miembro Carlos García, han presentado sus renuncias, tras haber superado la impugnación judicial de la constitucionalidad de los nombramientos al organismo, y en momentos en q

Corresponde reflexionar, de cara al futuro, sobre la travesía fiscal de la Junta, cuyos miembros han servido un año adicional a los tres para los que fueron nombrados. Promesa es el mecanismo dispuesto por el Congreso para manejar el incumplimiento de Puerto Rico con la deuda pública más grande en jurisdicción estadounidense -más de $72,000 millones. Carrión ha reconocido el estatuto como una imposición federal que, sin embargo, ha evitado que la isla se hunda en la quiebra y la ha ayudado a encontrar salida al endeudamiento incapacitante.

Un acierto importante de la Junta Fiscal ha sido, precisamente, la presentación ante el Tribunal del Título III de Promesa, de la reestructuración de una tercera parte de la deuda, lo cual ha permitido cierta movilidad fiscal al país. Con el 34% de $51,180 millones en deuda reajustada sometido ante el Tribunal, el ahorro del servicio de $3,000 millones anuales por los pasados años ha permitido a la isla responder a las emergencias ocasionadas por los huracanes, la actividad sísmica y la pandemia.

Aunque controvertible, el acuerdo sobre las pensiones alcanzado por la Junta busca proteger de la indigencia a una población vulnerable, al reducir el impacto previsto sobre los empleados públicos retirados con mayor necesidad, en respuesta a la insolvencia de los sistemas de retiro.

Con diversos niveles de colaboración del gobierno, en ocasiones en medio de pugnas, la Junta ha delineado planes fiscales, presupuestos equilibrados y ajustes al aparato gubernamental. El objetivo es avanzar, con voluntad y disciplina, en la ruta hacia la estabilidad fiscal.

No obstante, los miembros renunciantes han destacado la falta de esa voluntad para enfrentar las reformas estructurales que le permitan a Puerto Rico progresar. Por ejemplo, por tercer año consecutivo, la Junta ha puesto en vigor su diseño presupuestario mientras ha denunciado la renuencia de las administraciones a reformar la estructura pública al nivel que se necesita.

García expuso lo que considera son cuatro retos principales para la Junta, el gobierno y Puerto Rico. El primero es que la isla alcance voluntad, política y electoral, para ejecutar las reformas que permitan proveer servicios de educación y salud de calidad, garantizar la seguridad social, modificar la gobernanza y crear el ambiente generador de empleos.

Otros desafíos son: la necesidad de que el gobierno federal acelere las ayudas para la recuperación isleña con los controles necesarios; y lograr unidad de todos los sectores en los esfuerzos por atraer a la isla la industria manufacturera como fuente de buenos empleos. El reto restante es la recuperación de la confianza y credibilidad de Puerto Rico ante los mercados. Urge que el gobierno se ponga al día con los informes auditados que tienen hasta tres años de retraso.

Con la entrada en vigor, este miércoles, del tercer presupuesto elaborado por la Junta, las luces y sombras de la gobernanza en Puerto Rico en el marco de Promesa han quedado expuestas con mayor nitidez. Sobresale la recurrente desvinculación de la clase política con la misión del servicio público, inclinada al clientelismo y a las metas electorales. Esa cultura de décadas se observa en la práctica de gastar por encima de recursos disponibles y en asuntos que no son prioridad. La consecuencia son los déficits presupuestarios sostenidos que ahogan al pueblo.

Esos patrones empujaron a la isla al abismo fiscal. Es hora de emprender el camino de la transformación gubernamental para que Puerto Rico salga a flote y recupere su fortaleza fiscal.