Gobernadora acude al Supremo federal
WASHINGTON.- El gobierno de Puerto Rico acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para reclamar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se ha excedido en sus poderes al querer impedir que el gobierno de Puerto Rico reprograme asignaciones del presupuesto sin su autorización.
En un recurso de “certiorari” del 15 de mayo, los abogados de la gobernadora
Wanda Vázquez Garced y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf ) solicitaron revocar una decisión del Primer Circuito de Apelaciones que determinó que el gobierno de la isla no puede hacer ajustes presupuestarios sin autorización de la JSF que controla sus finanzas públicas.
La apelación ante el Tribunal Supremo estadounidense se presentó en momentos en que se espera la decisión de ese foro en torno a la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros del ente fiscal y sus decisiones.
En su recurso, los abogados de la gobernadora Vázquez Garced, nuevamente, no impugnan la constitucionalidad de la ley Promesa y la JSF.
En su argumentación, los abogados Peter Friedman, John Rapisardi y William Sushon, mantuvieron que, al crear la ley Promesa, el Congreso alteró, pero no buscó “eliminar la estructura de gobierno propio de Puerto Rico”.
Aunque no impugna la existencia de esa nueva capa de poder, los abogados indicaron que impedir que el gobierno de Puerto Rico reordene fondos dentro del presupuesto aprobado por la JSF, echaría al traste “décadas de democracia en Puerto Rico”.
Los abogados de la gobernadora Vázquez Garced apuntaron a la sección 205 de la ley Promesa que permite a la JSF presentar “recomendaciones” de política pública al gobierno de la isla, pero no ordena que sean implantadas.
El Primer Circuito de Apelaciones federales, sin embargo, determinó, en diciembre pasado, que esa sección en nada afecta el poder que le confiere la ley Promesa a la JSF para tomar las decisiones finales sobre el presupuesto, por encima del gobernador (a) y la Legislatura de Puerto Rico.