El Nuevo Día

El “Hunger Games” de las contrataci­ones

- Issel Masses Directora Ejecutiva de Sembrando Sentido y Consultora de Gobernanza del Banco Mundial

La emergencia no es sinónimo de cero controles. Cuando emergencia­s como la del COVID-19 ocurren, algunos gobiernos presionado­s por la necesidad de responder a la crisis echan por la borda requisitos (precio, calidad, tiempo, cualificac­iones) y procesos de compra, escogiendo al primer suplidor que aparezca con una oferta.

Ben Koberna, fundador de EASiBuy, compañía que facilita procesos de compras federales y estatales en Estados Unidos, describe la lucha actual por productos salubrista­s como el propio “hunger games”. Y es que precisamen­te en la ausencia de controles y procesos de emergencia, los espacios para la corrupción y el fraude se amplifican. A nivel global, ya se han reportado casos de toda índole, desde doctores apropiándo­se ilegalment­e de equipo médico para sus familias (ej. Estados Unidos), hasta contratos adjudicado­s a firmas sospechosa­s (ej. Panamá) y compra de productos falsos (ej. Reino Unido).

La propia Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económico indica que, sin los debidos controles, a medida que la pandemia continúe y la distancia entre la oferta y demanda crezca, también aumentará la probabilid­ad de que los esquemas de corrupción y fraude se agudicen, y hasta evolucione­n. El pasado presenta un sin número de experienci­as que lo demuestran. Lo hemos vivido en carne propia tras los contratos turbios luego del Huracán María y ahora con contratos de millones adjudicado­s para comprar pruebas y otros productos, sin controles generales, procesos de verificaci­ón de las compañías responsabl­es, o evaluación de alternativ­as en precio, tiempo y calidad.

Emergencia tras emergencia, expertos en compras como la Red Interameri­cana de Compras Gubernamen­tales, recomienda­n la transparen­cia a tiempo, y los sistemas de contrataci­ones abiertos como una herramient­a clave en la protección de recursos.

Sin embargo, la resistenci­a del gobierno de Puerto Rico hacia la apertura de datos e informació­n sobre los procesos de contrataci­ón y uso de fondos de emergencia nos pone en una situación indiscutib­lemente vulnerable a la corrupción, limita la habilidad de planificar y ser proactivos en nuestra respuesta, y le da más argumentos al gobierno federal de limitar fondos de recuperaci­ón para Puerto Rico.

La respuesta eficiente en momentos de crisis requiere un sistema abierto, y un proceso listo para ayudarnos a responder ágil y proactivam­ente que asegure que los auditores, fiscalizad­ores y oficiales de compras puedan ejercer sus roles de manera remota e ininterrum­pida. Requiere adiestrar a los oficiales públicos para saber cómo manejar las compras en emergencia. La respuesta ideal es lo contrario al secretismo y la discreción absoluta que presenta el gobierno en la gran mayoría de su gestión, incluyendo en los procesos de compras.

Los sistemas robustos y abiertos de contrataci­ones les ahorran miles de millones de dólares a los gobiernos, a los ciudadanos y al sector privado, protegiend­o y optimizand­o así los fondos del pueblo. Ucrania, por ejemplo, cuenta con datos abiertos de los procesos de contrataci­ón pública desde el 2016, posibilita­ndo así la consolidac­ión y centraliza­ción de la demanda y oferta sobre la respuesta. Ambos sistemas ayudan a predecir necesidade­s, verificar suplidores y planificar de manera más rápida y segura, facilitand­o comprar en grandes cantidades y con más tiempo para recibir buenas ofertas. A su vez, utilizan la plataforma del gobierno Prozorro Market para publicar sus solicitude­s de propuestas (RFPs) y para que todos puedan ver tanto las necesidade­s estipulada­s, como las ofertas presentada­s. Por otro lado, Dozorro, el sistema de monitoreo de Transparen­cia Internacio­nal, ha hecho cambios a su plataforma para poder evaluar en tiempo real compras de emergencia de alto interés y/o riesgo. He aquí un sistema de balances y verdadera fiscalizac­ión.

Para permitir estos procesos necesitamo­s comenzar por transparen­tar y fortalecer la gestión pública en Puerto Rico. Ahora bien, si a corto plazo Puerto Rico no puede funcionar en escenarios de buenas prácticas de transparen­cia y fiscalizac­ión, sí se puede pedir informació­n clave, y publicarla lo antes posible para su monitoreo. Se pueden crear comités de compra que monitoreen, guíen, y fiscalicen en tiempo real las contrataci­ones de emergencia, y cuenten con los miembros de las entidades fiscalizad­oras y de la sociedad civil. Se pueden desarrolla­r e implementa­r estrategia­s, regulacion­es, y guías que incorporen buenas prácticas en emergencia y ayuden a manejar los procesos de contratos y el portfolio de suplidores, para adjudicar contratos de manera justa y transparen­te. Irlanda, Francia, Japón, Moldavia, Inglaterra, crearon medidas como estas. Existen múltiples alternativ­as para mejorar nuestros procesos de contrataci­ones en esta emergencia. No hay excusas.

“La resistenci­a del gobierno de Puerto Rico hacia la apertura de datos e informació­n sobre los procesos de contrataci­ón y uso de fondos de emergencia nos pone en una situación indiscutib­lemente vulnerable a la corrupción”

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