Hacer del manejo adecuado de residuos una prioridad
Las limitaciones en el recogido, manejo y reciclaje de los desperdicios sólidos en Puerto Rico, a consecuencia de la emergencia del COVID-19, plantean un potencial riesgo sanitario, justo cuando se procura combatir el avance de los contagios de la peligrosa enfermedad.
En los pasados días, varios gobiernos municipales confirmaron que, debido a mermas presupuestarias o para no exponer la salud de personal de programas de reciclaje, han determinado suspender o limitar temporalmente esta actividad. Además, el recogido regular de la basura doméstica y su disposición en vertederos se han alterado en algunos pueblos.
Ante este panorama, es necesario que el gobierno central y las administraciones municipales aseguren la atención debida al manejo de los desperdicios sólidos, sin desatender los retos de la pandemia. Es importante evitar que se agudicen las deficiencias en el manejo de residuos en nuestro país.
Puerto Rico no ha logrado cumplir con la Ley 70 del 18 de septiembre de 1992, según enmendada, que estableció el objetivo de reciclar el 35% de los residuos susceptibles a reúso. Las autoridades calculan que al presente solo se recicla un 5% de los residuos. Avanzar en esa meta es una tarea compleja porque en la isla no existe una industria que pueda procesar el cúmulo de vidrio, plástico, metales y otros materiales con potencial de reúso, para transformarlos en nuevos productos. Los programas existentes se limitan al recogido de ciertos materiales para su eventual exportación, con escasas oportunidades en un mercado global altamente regulado.
El reciente freno a los tímidos esfuerzos de reciclaje en distintos pueblos atrasa el cumplimiento de la Ley 70. Mientras, aumenta el volumen de los materiales trasladados a los vertederos.
En la isla operan 28 vertederos cuya vida útil se reducirá más rápidamente por el incremento de materiales con potencial de reciclaje. En estos días incide también el alza en la generación de basura debido al aumento en la actividad doméstica asociada al distanciamiento social decretado para prevenir la propagación del COVID-19.
Del total de 28 instalaciones para depósito legal de la basura, 13 tienen órdenes de cierre a corto plazo emitidas por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). La proyección es que en 2022 estaría clausurado el 67% de esos vertederos.
En la ecuación inmediata del reto sanitario asociado al COVID-19, surgen nuevos elementos de riesgo en términos de salud ambiental debido a la disposición inadecuada de mascarillas y guantes de látex. Manejar indebidamente esos artículos, que pudieran representar riesgo de contagio, implica una violación a las cláusulas legales sobre el manejo de desperdicios biomédicos. Urge orientar a las familias, así como al sector privado y comunitario, para evitar estas prácticas.
Hoy resulta transcendental que los ciudadanos y los componentes empresariales y gubernamentales reconozcan que el manejo inadecuado de la basura expone a daños ambientales que pueden afectar seriamente la flora, la fauna, los cuerpos de agua, la calidad del aire, así como la salud de adultos y niños.
Por ello, es preciso evitar que se afecten el recogido y la disposición de los residuos, y procurar la reactivación de los programas de reciclaje. En toda esta coyuntura, los ciudadanos tienen la responsabilidad de limitar la generación de desperdicios y de asumir prácticas de reúso de materiales, afín de no agravar más un problema que atenta contra la calidad de vida de todos.
Un plan acertado para el manejo de los residuos, y su rigurosa aplicación en esta emergencia, tienen que figurar como asunto de prioridad para Puerto Rico. Pero la iniciativa debe prolongarse a largo plazo como herramienta clave para adelantar nuestra evolución como país.