El cambio climático ofrece oportunidad de innovación
En la evaluación que hace la Cámara de Representantes sobre una propuesta de política pública acerca del cambio climático, los datos recién presentados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), junto a las recomendaciones de los científicos locales, s
Un informe de la ONU revela que las pérdidas económicas por desastres climáticos crecieron un 151% en veinte años. Estados Unidos fue el país más afectado, seguido por China y Japón. A nivel regional, Puerto Rico lidera esa estadística. Con las partidas multimillonarias federales que están por llegar, el país está emplazado a reducir los riesgos de que futuros eventos climáticos se conviertan en desastres insosteniblemente costosos, por la pérdida de vidas y propiedad.
El embate catastrófico del huracán Michael, que arrasó el miércoles comunidades enteras en el norte de Florida, es la muestra más reciente de que lo que por años fueron vaticinios científicos son ya manifestaciones concretas que exigen cambios en los modos de hacer y ejecutar las políticas.
En su proceso y sustancia, la medida senatorial, presentada en diciembre, y ahora considerada en vistas públicas en la Cámara, refleja patrones legislativos que alejan al país de acciones críticas. El autor de la medida, Larry Seilhamer, urge aprobarla antes que los cambios del clima cobren mayor factura. No obstante, la legislación propone crear un comité de expertos que elabore un plan de mitigación y adaptación en dos años.
Ya existen guías elaboradas por los expertos más prominentes en la isla, constituidos por iniciativa propia en el Consejo de Cambios Climáticos, sin que todavía ganen la atención que ameritan.
Durante décadas, gobiernos y demás sectores han ignorado datos y advertencias para priorizar en el cálculo inmediato. Desde 1990, la comunidad científica ha hechos esfuerzos por informar la toma de decisiones susceptibles al clima y el manejo de los recursos naturales en la isla. En 2008 una orden ejecutiva creó una Comisión para delinear estrategias de mitigación y adaptación en un plan de acción comprensivo. Tras varias juntas, dejó de reunirse ese año. Desde 2007, expertos formaron un Consejo de Cambios Climáticos. Pusieron a disposición del país, en 2010, el documento Ruta hacia la resiliencia, guía de estrategias para la adaptación del cambio climático en Puerto Rico. Recomendaron acciones a nivel de país, municipal, de las comunidades y para cada hogar. Ahora las actualizan.
En 2013, otra orden ejecutiva encomendó al Consejo estudiar la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante los cambios y recomendar planes de adaptación para enfrentarlos.
En todas las instancias, faltó seguimiento e implementación gubernamental. Y una visión que haga balance entre invertir en políticas responsables y el alto costo que tienen para gobierno, sector privado y ciudadanos las pérdidas por inacción.
En vista cameral, el Departamento de Hacienda objetó incentivar la instalación de equipos de energía renovable y vehículos basados en fuentes de energía alterna. Adujo que, en cinco años, reembolsó más de $13 millones por arbitrios de autos híbridos, menos contaminantes.
Solo los dos eventos de 2017, a falta de medidas efectivas de mitigación y adaptación, provocaron casi 3,000 muertes, la emigración de decenas de miles más de contribuyentes y pérdidas superiores a $70,000 millones. El propio gobierno ha dicho que necesita $94,000 millones para la recuperación.
Una política pública responsiva, nutrida de las recomendaciones ya sometidas por los expertos, debe convertirse en código de funcionamiento y decisiones gubernamentales. Debe ser eje que guíe otras políticas críticas, como la presupuestaria, energética, urbanista, salubrista y de transporte.
El cambio climático ofrece oportunidades productivas para generar una economía innovadora y sostenible. Un informe reciente de la Comisión Global sobre Economía y Clima confirma que es posible un desarrollo que prevenga las peligrosas variantes climáticas y que a su vez elimine la pobreza extrema y mejore las condiciones de vida de ciudadanos y comunidades. Puerto Rico debe atemperarse al cambio climático con determinación y celeridad, en concertación, con un modelo inclusivo y responsable.