Nueva etapa para medir el cumplimiento de la Reforma de la Policía
Juez aprueba la metodología para medir el progreso en la Uniformada desde el lunes
El juez federal Gustavo Gelpí aprobó ayer la metodología para medir el cumplimiento del gobierno de Puerto Rico con la Reforma de la Policía, que inicia partir del próximo lunes 8 de octubre.
Se trata de una nueva etapa en el proceso de la Reforma que comenzó el 13 de junio de 2013, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico formaron un acuerdo.
“La corte felicita a los representantes legales, al equipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Negociado de la Policía y el Departamento de Seguridad Pública, así como al monitor federal y su equipo, por su trabajo celoso y diligente para llegar a un consenso”, destacó Gelpí.
La metodología fue sometida por el monitor Arnaldo Claudio y aprobado por la Uniformada y Justicia federal.
Claudio recalca que ahora termina el periodo de más de cuatro años de preparativos, adiestramientos y elaboración de políticas y planes de acción y “comenzamos una fase diferente del Acuerdo (federal)”.
Ese acuerdo fue el resultado de una demanda que sometió Justicia federal contra la Policía, después de una investigación de tres años en la que halló un patrón de violaciones de derechos civiles de los ciudadanos por parte de la Uniformada.
A partir del lunes, el monitor comienza a “realizar revisiones… para evaluar el cumplimiento de la Policía de Puerto Rico con cada una de las provisiones del Acuerdo”.
Todavía no se evaluarán 33 actividades de los planes de acción de la Reforma, después de que la Policía solicitara prórrogas a Gelpí.
Pero el juez, en una orden reciente, reiteró que no concederá más atrasos y advirtió en la última vista sobre las consecuencias de fallar en el cumplimiento.
“No quiero sonar drástico, pero el incumplimiento podría conllevar penalidades económicas o no económicas, desacato o sindicatura”, sostuvo Gelpí, en agosto pasado.
En su informe, Claudio recoge esa advertencia de Gelpí como una de las tres razones que ofrece para indicar que la metodología es crucial para cumplir con el acuerdo federal para la Reforma.
Otra de las razones es que establece las expectativas que deben tener las partes para la fase de cumplimiento.
Mientras, la tercera razón es porque se fija el 7 de junio de 2020 como la fecha en que Claudio determinará si se han obtenido resultados solicitados por el acuerdo o si es necesario hacer modificaciones que recomiende el mismo monitor.
“El tribunal hizo claro que tiene autoridad para ordenar remedios adicionales en caso de incumplimiento”, destaca Claudio en el informe.
El documento recuerda que la carga para demostrar el cumplimiento recae en la Policía. También recalca que debe probar el cumplimiento completo por dos años consecutivos, dentro de los 10 años desde que se firmó el acuerdo federal.
El informe explica que la evaluación incluirá evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas.
Señala que podrá revisar documentación interna y externa, institucional, correspondencia, tablas de personal, expedientes, reportes administrativos, memorandos, acuerdos y planes de trabajo, para observar si la dirección de la agencia está alineada con las estipulaciones del Acuerdo.
La metodología menciona que también puede hacer cuestionarios y entrevistas de personal en diferentes niveles y rangos de la Policía.
Además, indica que realizará grupos focales y visitas en las áreas de trabajo para observar la operación y la disponibilidad de recursos.
Sobre los métodos cuantitativos, se explica que utilizará expertos en técnicas de estadísticas y análisis de datos.
No obstante, el informe de metodología hace la salvedad de que se trata de una versión preliminar para el primer año en la fase de cumplimiento y que atravesará a cambios tras evaluaciones entre las partes.
Mientras, para el primer año, concede prioridad a la evaluación de ocho áreas, que incluyen la revisión de políticas en caso de que sea necesario producir políticas adicionales que se puedan incorporar para el cumplimiento del acuerdo.
Sin embargo, resalta que la evaluación de cumplimiento en el área del “uso de la fuerza contiene algunos de los requerimientos más importantes del Acuerdo y toca algunos de los asuntos de mayor presión para miembros de las comunidades”.
Claudio señaló que la Policía deberá haber finalizado la revisión de todas las políticas relacionadas con el uso de la fuerza para finales de 2018 y principios de 2019.
“Más aún, el monitor revisará con cuidado la adopción en la Policía de un nuevo sistema de informar el uso de la fuerza para el 2019, que incluya los relatos de los oficiales en un incidente del uso de la fuerza”, indica el informe.
También se velará por el cumplimiento de un sistema que garantice que toda detención, registro y arrestos se realice con las protecciones de los derechos constitucionales.
De igual manera, el monitor priorizará la revisión de los métodos de recibo de querellas e investigación interna en la Policía.
“El monitor evaluará si la Policía ha adiestrado en cómo manejar apropiadamente el recibo de querellas, en o antes de principios del 2019”, abundó.
Asimismo, observará la distribución y asignación del personal, tomando en consideración el trabajo policiaco en apoyo a las comunidades.
“El Plan de Monitoreo establece unas metas agresivas, pero alcanzables, para el primer año, y establece la fundación para un cumplimiento completo con el Acuerdo en seis años”, afirma el informe de Claudio.
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