Las escuelas cerradas son un potencial riesgo
Tardan poco en deteriorarse, lo que genera problemas de seguridad y salubridad
Si hubiese que nombrar el sector que más directamente ha sentido el impacto de la crisis fiscal del país y cuyos golpes han tenido visibilidad para todos, habría que decir que la educación pública.
La adversidad presupuestaria se palpa en varias medidas administrativas tomadas en los últimos cinco años dentro del sistema de educación, pero más que nada, en los estudiantes, maestros y trabajadores, cuyas escuelas fueron clausuradas o cerrarán.
Es, además, una angustia compartida con la comunidad que, al perder el principal motor de su entorno, se queda con un edificio abandonado como símbolo de la precariedad.
Pedro Bengochea, quien es líder comunitario del poblado Castañer, mira hacia la escuela elemental Julio Lebrón, y, por más que la busca, dice no encontrar una explicación para que el Departamento de Educación la cierre.
Bengochea esboza decenas de razones académicas por las que cree que debe permanecer abierta y otras decena más sobre los motivos comunitarios que deben mover el criterio del Estado a mantener en operación ese plantel, que está en el mismo centro del poblado que comparte residentes con los municipios de Lares, Yauco, Adjuntas y Maricao.
“Esta es el alma de la comunidad”, dijo el vecino de Castañer. “La construcción de la plaza, los negocios que están al lado se hicieron a través de la escuela, la escuela le ha dado forma a todo y ha sido el motor de la comunidad. Todo el andamiaje arquitectónico que existe alrededor lo motiva la escuela”, comentó.
Frente a la escuela elemental de Castañer, que es una de las 283 que el Departamento de Educación cerrará el próximo semestre, está la plaza del poblado y el co- rreo. A su lado, está el hospital y al otro extremo, un edificio multipiso que alberga una égida, así como varios negocios de servicios, ventas y comida.
Como Bengochea, líderes comunitarios, académicos y alcaldes a través del país sostienen que los criterios para clausurar planteles no pueden limitarse al número de estudiantes que tienen ni a la cantidad de escuelas que Educación quiere mantener. Opinan que en esa ecuación debe estar también el impacto que tiene ese espacio dentro de su comunidad y los problemas que les generaría un edificio abandonado.
Según estimados oficiales, entre 2007 y 2016 se cerraron 230 escuelas. En 2017, dejaron de funcionar otras 167, a las que se sumarán las 283 más que no abrirán el próximo semestre. Esta clausura responde a medidas de costoefectividad que busca el Departamento de Educación ante un presupuesto que disminuye y una matrícula estudiantil cada vez más baja.
El Estado sabe bien que esas estructuras que se cierran tardan poco en deteriorarse y deprecian a las otras que le rodean, y por eso es que intenta buscarle nuevos inquilinos y volver a llenar de actividad los pasillos, salones y patios de las escuelas.
El 9 de mayo de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares
firmó la orden ejecutiva 32, en la que decretó la creación de un subcomité interagencial para el traspaso de planteles escolares.
Desde ese entonces, el gobierno ha adjudicado nuevos usos a 71 propiedades de un número impreciso de edificios abandonados que existen. Sin embargo, el gobierno sabe, al menos, que las escuelas en abandono sobrepasan las 500.
De las 71 escuelas adjudicadas, 50 las concederá en alquiler al precio de $1 de renta al año. Las otras se encuentran en un proceso de venta del que se sabe poco porque no se ha divulgado el nombre de los potenciales compradores, tampoco sus propuestas de uso ni los precios negociados y cuántos de ellos todavía tienen deudas.
Se supone que la adquisición se haga al precio justo del mercado, por lo que las escuelas a venderse serán tasadas, indicó la asesora del gobernador en asuntos de infraestructura, Maria Palou.
PROCESO CENTRALIZADO
La Ley 26 sobre el cumplimiento del plan fiscal establece como política pública la venta de los inmuebles en desuso que son propiedad del Estado. Esto incluye a las escuelas, pero no se limita a este bien.
“Para cumplir con esta política pública, se autoriza el diseño de un procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo económico, creación de empleo, bienestar e interés público”, establece el Artículo 5.01 de la Ley 26.
Los nuevos estatutos impiden que se hagan traspasos de escuelas a través de acciones legislativas como se había hecho en el pasado, explicó el senador Henry Neumann. El subcomité interagencial para el traspaso de planteles escolares y el comité de evaluación y disposición de los bienes inmuebles son los únicos facultados a adjudicar escuelas en alquiler o compraventa.
En entrevista con El Nuevo Día, Rosselló Nevares reconoció varios asuntos sobre estos inmuebles. Por un lado, que no tienen un inventario completo sobre todos los planteles escolares en desuso que existen, a pesar de que la Ley 124 de 2015 ordenó al Departamento de Educación a realizar un inventario de escuelas abandonadas. Por otro lado, que los mayores esfuerzos se han dirigido a darle reúso a los que cerraron más recientemente porque esos sí figuran en un registro.
Asimismo, el gobernador dijo que, en principio, no había muchos interesados en alquilar o comprar las escuelas, pero que “ya está fluyendo y hay más interés”.
El presidente de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Eddie
López, recomendó una mejor divulgación sobre este esfuerzo del gobierno para encontrarles nuevos dueños a los edificios que albergaban escuelas, porque “no ha sido muy fácil obtener la información”.
López opinó que hay “muchas oportunidades” de uso para estas propiedades por parte de personas, tanto del extranjero como residentes, que buscan un lugar para establecer sus empresas y que mudarse a unas estructuras que ya están hechas les resulta más barato y rápido.
“Nosotros estimamos que ha habido un aumento en el costo de la mano de obra de alrededor de un 40% y un incremento desde un 10% hasta un 60% en materiales de construcción. Construir desde cero representa muchos costos”, indicó el presidente de los agentes de bienes raíces.
López aclaró que la adquisición de estas propiedades solo se hace viable si los edificios son afines a los códigos de construcción vigentes, por lo que presume que estructuras muy viejas no tendrán mucha acogida para la compraventa, a menos que se compren para demoler y usar el terreno.
RECLAMO DE RAPIDEZ
El senador José Vargas Vidot, quien se opone al proceso de cierre de escuelas que ha establecido el Departamento de Educación, afirmó que lo que ha imperado, hasta ahora, es una pobre planificación en estas clausuras.
A su juicio no existe un “plan organizado” ni en las consolidaciones de escuelas ni en los usos que se les dará a las edificaciones que se cierran.
“Tanto que presumen de buena gerencia (el Departamento) y están dejando un estorbo en una comunidad”, dijo el senador, que es salubrista. “Cuando se cierra una escuela, lo próximo que ocurre es que la vandalizan, puede convertirse en un hospitalillo y está comprobado que hay una pérdida del 17% del valor de las propiedades alrededor”, agregó.
El senador Neumann, que preside de la Comisión de Seguridad Pública, coincidió en que, si no se le busca un uso inmediato a estas estructuras, se provocará un problema de seguridad en el área. Recomendó al subcomité que evalúa estos traspasos trabajar con celeridad en identificar organizaciones sin fines de lucro interesadas en las facilidades para dar servicios a la comunidad.
Vargas Vidot señaló que los procesos burocráticos en torno a los traspasos de escuelas que se han hecho en años pasados han sido tan complicados, que han desalentado a entidades que buscaban ocupar esas estructuras y ofrecer un servicio a la comunidad.
Dijo que personalmente vivió esa experiencia mientras dirigía Iniciativa Comunitaria y, luego, como senador en las intervenciones que ha hecho con entidades sin fines de lucro para que se les traspase un plantel en desuso.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado evalúa en estos momentos el proyecto 708 de la senadora Zoe Laboy, que busca designar al menos una escuela en desuso por municipio para que sirva como refugio en caso de emergencia o desastre.
Neumann dijo que propondrá una enmienda para que estas escuelas se usen también como hogares temporeros a familias damnificadas.
“Si hay planificación de los elementos contingentes (en el cierre de las escuelas), entonces hay muchos menos problemas” JOSÉ VARGAS VIDOT SENADOR “He visto escuelas que se han convertido en establos de caballos y hasta en galleras clandestinas” HENRY NEUMANN SENADOR