Aumenta el maltrato contra ancianos tras el paso de María
Alarmantes cifras de maltrato contra ancianos reflejan el impacto que el huracán María causó en esa población
El golpe que el huracán María dio, el año pasado, a la vida y bienestar de los adultos mayores se ha reflejado en un aumento sin precedentes en las querellas de maltrato en sus diversas modalidades recibidas en la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (Oppea).
Como el resto de la población, las personas mayores sufrieron la carencia de servicios básicos como el agua potable y luz eléctrica, así como falta de acceso a dinero, comida, medicamentos y cuidados, entre otros.
Esas carencias se unieron a un alza significativa en los delitos, como fraude, agresión y abandono, y se tradujeron en miles de reclamos ante la Oppea, destaca a El Nuevo Día la procuradora Carmen Delia Sánchez.
El saldo fue que, en solo dos meses –octubre y noviembre–, se presentaron 5,545 querellas por maltrato, lo que compara desfavorablemente con las 12,682 sometidas en todo el año fiscal 2016-2017. Tras María, se presentó un promedio de 2,772.5 querellas por mes. En todo el año fiscal terminado en junio, el promedio fue de 1,056.8 querellas mensuales. Todavía falta contabilizar diciembre y enero.
“Se disparó la explotación financiera. Ahora mismo, recibimos, diariamente, entre 35 y 45 referidos de diferentes bancos y cooperativas”, explica Wilma Cruz, procuradora auxiliar de Protección y Defensa de la procuraduría, con lo cual el cuadro podría agravar.
Las reclamaciones por abuso financiero ascendieron a 1,369 en los dos meses siguientes al paso del ciclón, lo que representa 684 al mes, más del doble del promedio de 254 que se registraron en el fiscal 2017.
Las instituciones financieras siguen un protocolo para identificar cuándo una persona mayor es objeto de abuso por parte de alguien que lo coacciona o manipula para obtener su dinero. Una vez lo identifican, presentan una querella en la Oppea.
“Hacemos el cernimiento y lo referimos, si es combinado con otros delitos vemos si hay que incluir a la Policía o alguaciles, si hay que visitarlo o hay que buscar una protección a los tribunales. Es caso a caso”, señala Cruz.
Otros tipos de maltrato que también aumentaron fueron negligencia, abuso emocional y negligencia propia.
En las querellas por delito, por su parte, la apropiación ilegal y el abandono fueron las que más aumentaron. En el caso de la apropiación ilegal, el alza en el promedio mensual fue de 63 a 207 casos. Mientras, los casos de abandono subieron de seis mensuales, en promedio, durante el fiscal 2017, a 15, en promedio, durante octubre y noviembre.
“Se dio mucho abandono en los hospitales. Aquí dejaron casas, carros, perros y hasta familiares. Si los familiares se fueron para Estados Unidos no tenemos jurisdicción y entonces tenemos que pedir una orden para que (el Departamento de la) Familia asuma la custodia”, dice Cruz.
En los pasados meses, la Oppea también ha identificado fallas en los procedimientos de hospitales, que dieron de alta a pacientes envejecidos sin asegurarse que fueran a un lugar seguro y con recursos para cuidar su salud y bienestar, lamentaron Cruz y la procuradora de instituciones de cuidado prolongado de la Oppea, Dania Vázquez.
NECESIDAD SIN PRECEDENTE
Como reflejo de la gran necesidad que pasaron los ancianos, hubo un aumento exponencial en las querellas por la falta de acceso a servicios y la poca calidad de los mismos.
En general, entre octubre y noviembre, esos reclamos sumaron 8,124, lo que contrasta con los 450 del año fiscal 2017. La inmensa mayoría de las querellas de los dos meses después del huracán se deben a la falta de servicios públicos, con 7,232.
El poco acceso al dinero depositado en los bancos –porque estos o los cajeros automáticos estaban inoperantes–, impidió que muchos adultos mayores pudieran comprar comida, agua y otros artículos esenciales, destacaron Cruz y Sánchez.
Recuerdan que, aunque fueron circunstancias generales, los adultos mayores se afectaron más pues muchos tienen tres o más enfermedades y cuentan con problemas de movilidad y no tienen medios de transporte o personas que los apoyen.
Muchas de esas querellas se relacionaban con personas que viven en hogares o en égidas, donde la falta de servicios impacta a toda la matrícula.
“Todas esas situaciones fueron querellas que nosotros nunca habíamos recibido. Eso fue un boom de querellas que, bajo condiciones normales, nunca se habían recibido”, declara Vázquez.
Señala que, en el caso de los hogares, hubo 664 querellas contra esas instituciones.
Mientras, las querellas contra égidas subieron cuatro veces más de lo usual, de un promedio de cinco al mes, a 20.5 en cada uno de los dos meses subsiguientes al desastre.
La razón principal fueron los horarios en que se prendían los generadores que, en general, eran pocas horas al día, lo que dejaba a los residentes a oscuras, sin poder usar las estufas –que son todas eléctricas– y otros electrodomésticos, y sin ascensores.
“Lo primero que les pedíamos era si el plan de emergencias aprobado por Manejo de Emergencias era cónsono con lo que estaban haciendo y detectamos que no. Ellos, por el costo del diésel, decidían cuál era el horario, pero no era conforme a las necesidades particulares de su matrícula”, recuerda Cruz.
Indica que personal de la Oppea tuvo que intervenir para que empresas que administran égidas ampliaran el horario del generador, así como para establecer un tipo de comedor comunitario en algunas de esas instituciones para asegurar que todos los residentes se alimentaran.
“Se dio mucho abandono en los hospitales. Aquí dejaron casas, carros, perros y hasta familiares” WILMA CRUZ PROCURADORA AUXILIAR DE PROTECCIÓN Y DEFENSA