Preocupan los cambios sobre las licencias
Líderes universitarios alertan de posible impacto económico en las instituciones
La elegibilidad de las instituciones de educación superior de Puerto Rico para recibir fondos de asistencia económica para sus estudiantes podría estar en la cuerda floja con la reorganización del Consejo de Educación, el ente que está encargado de otorgar las licencias a las instituciones educativas de la isla.
Por ello, líderes de varias universidades del país alertaron sobre la necesidad de velar que los cambios propuestos por la administración de Ricardo Rosselló no perjudiquen el futuro del sector educativo, mientras que varios legisladores aseguraron que se realizará un proceso de consulta y vistas públicas en torno a este plan de reorganización.
Tanto la Ley federal de Educación Primaria y Secundaria como los reglamentos vigentes del Departamento de Educación federal establecen que las instituciones de educación superior deben estar autorizadas para operar por una entidad gubernamental apropiada para cualificar para una diversidad de fondos federales, entre ellos la beca Pell y asignaciones para investigación, señaló el presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José F. Méndez Méndez.
El plan de reorganización para el Consejo de Educación propone transferir sus funciones al Departamento de Educación, donde se crearía el Programa de Evaluación y Licenciamiento. Este tendría un comité de evaluación y licenciamiento compuesto por tres miembros, nombrados por el gobernador. Representantes del sector universitario alertan sobre la necesidad de que la nueva entidad sea reconocida por el gobierno federal y que mantenga el proceso de licenciamiento.
El presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, señaló que no ve mayores inconvenientes con que el Consejo se una a Educación para generar ahorros en funciones administrativas, pero destacó que se deben crear mecanismos para que las funciones de licenciamiento se mantengan independientes. Agregó que se debe aprovechar la ocasión para revisar los procesos del Consejo y hacerlos más ágiles.
Para la presidenta de la Universidad Central de Bayamón (UCB), Lillian Negrón, es importante que la reorganización garantice que no haya intromisión del Estado en el funcionamiento de las instituciones de educación privada. Sugirió que se amplíe la participación de las instituciones educativas en el comité que se crearía en la consolidación.
La senadora Margarita Nolasco reconoció que existe una preocupación sobre el impacto de esta movida en el acceso a fondos pú- blicos de las universidades, por lo cual señaló que evaluaría si existen otras alternativas. Asimismo, el representante Guillermo Miranda, presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, coincidió en que se tiene que tener “cuidado” con la fusión.
Miranda insistió que se deben realizar vistas públicas para atender los planes de reorganización. Mientras, el senador Abel Nazario, presidente de la Comisión senatorial de Educación, indicó que se debería evaluar la posibilidad de que el Consejo de Educación pase a manos de otra agencia, como el Departamento de Estado.
“Queremos que haya más participación del sector privado en ese procesamiento de licenciamiento y adjudicación”, dijo Nazario, quien incluso adelantó que buscará con legislación sacar a la Universidad de Puerto Rico de la jurisdicción del Consejo de Educación.
“Hay que mantener unos requisitos, pero esto puede servir para eliminar procesos lentos y costosos” MANUEL FERNÓS PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA