Todo incentivo tributario tiene que ser coherente
La radicación de más de una decena de proyectos legislativos para crear nuevos créditos tributarios en momentos en que desde el Ejecutivo se formula la creación de un código de incentivos coherente, constituye la muestra más reciente de que la Legislatura
Sabido es que los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio, y de Hacienda evalúan los créditos existentes que benefician a individuos y corporaciones para eliminar los infructuosos, crear nuevos y darles estructura en un código cuyo norte debe ser impulsar un desarrollo económico sostenido.
Estudios encomendados por Hacienda estiman que esos beneficios equivalen hoy a cerca de $25,000 millones, cerca del doble de lo que en promedio recauda el Erario cada año producto de diversas fuentes recurrentes.
Los incentivos son pieza clave en un plan integrado y sensible pero no pueden ser rendija para eximir de una justa responsabilidad tributaria a determinados sectores mientras se imponen nuevas cargas sobre otros grupos. Ese estado de injusticia lo sufren los asalariados.
Estos beneficios tienen que darse en función de las prioridades, no de crecimiento, sino de desarrollo económico y también del desarrollo social. Deben evaluarse por métricas claras que confirmen la efectividad de la inversión. Tanto los beneficiados como el Estado tienen que rendir cuentas sobre cómo esas ayudas se traducen en más y mejores empleos, estimulan la productividad y reducen la cultura de dependencia que carcome a todos los sectores, y en cerrar la desventaja de las poblaciones más vulnerables.
Con sus excepciones, la carencia notable de esos resultados pone en entredicho algunos de los incentivos vigentes. Por lo tanto, la actual revisión merece atenderse con absoluta rigurosidad aunque con premura.
Ha dicho el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, que lo que se busca es darle “raciocinio” a los incentivos y ayudas que ofrece el gobierno. Con sus nuevas propuestas de incentivos en apenas un mes, la Legislatura asume lo urgente, pero se aleja de la aspiración del raciocinio. Se antepone el populismo a la prudencia, al análisis contextualizado. Se retoma la práctica de resolver por la vía del parcho, del legislar como concurso de simpatías para congraciarse con grupos particulares. Tales acciones denotan improvisación. Asomarse a una de las medidas, el Proyecto de la Cámara 303 del representante José E. Meléndez, da una idea de esa deficiencia. La pieza, que busca otorgar incentivos a los comerciantes para que instalen cámaras de seguridad, fue radicada el pasado 2 de enero con esa fecha pero del año equivocado, 2013. El documento expone en apenas cuatro párrafos sus motivos para una medida que impactaría el maltrecho presupuesto. Aduce que las cámaras serían disuasivo para delincuentes y que aportarían evidencia en investigaciones en caso de que fracase el disuasivo y ocurra el crimen. La propuesta no se basa en evidencia, no ofrece datos que la sostengan. Delega en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en Hacienda recomendar de cuánto será el incentivo.
No argumentaremos aquí sobre los méritos de los proyectos específicos. Proponemos que surjan en el contexto de un plan más abarcador.
Legislar de manera desarticulada es en buena parte causante del descalabro fiscal y económico que hoy experimenta el País y que urge revertir. Promover incentivos, créditos o ayudas solo para atender instancias puntuales sin ponderar el impacto potencial sobre el conjunto, solo complicará la ya compleja situación de la Isla.
Debe la Legislatura trabajar en sintonía con el proceso encaminado por el Ejecutivo para asegurar que Puerto Rico cuente con un código de incentivos contributivos que atienda el doble propósito de reactivar la economía a la vez que distribuye esos beneficios de forma efectiva y equitativa. Esa coherencia contributiva debe ser parte vital del Plan Fiscal que el gobierno sometería este mes ante la Junta de Supervisión Fiscal.