NUEVAS ENMIENDAS AL CÓDIGO PENAL
Rosselló lo ajusta a lo que entiende debe prevalecer en el ordenamiento legal para combatir la criminalidad y la corrupción Espera su aprobación sin dilación y sin problemas
Q Con el fin de aumentar las penas y enviar un mensaje contundente de cero tolerancia, el gobernador Ricardo Rosselló someterá a la Asamblea Legislativa un paquete de medidas con enmiendas al Código Penal.
Se trata de nueve enmiendas al Código Penal vigente, a su vez enmendado por el pasado gobierno, que según la presente administración redujo penas enviando un mensaje incorrecto que repercute sobre la seguridad.
Rosselló dijo en primicia a este diario que las enmiendas obedecen al “llamado de nuestra sociedad para que tomemos acción para garantizar la seguridad del pueblo y combatir el crimen”. Se mostró confiado en que los proyectos serán aprobados sin problemas por la Asamblea Legislativa.
“Entendemos que tienen que haber varias iniciativas en contra del crimen dentro de la seguridad pública. Entendemos que varias de estas enmiendas van dirigidas a disuadir algún tipo de crimen, por ejemplo, el mal uso o corrupción con los fondos públicos. Se había bajado -por alguna razón- la pena a ocho años y la queremos restituir a quince años”, puntualizó al referirse al Artículo 182 del Código Penal.
De la misma forma, el paquete de medidas incluye que en la reincidencia se tome en consideración las convicciones por delito grave ocurridas dentro de los 10 años previos. Al momento, el Código Penal establece que deben ser de los cinco años previos.
El principal asesor del gobernador, Alfonso Orona, destacó que las medidas buscan “corregir unas cosas que la pasada administración enmendó”.
“No es porque pensamos que la única estrategia es punitiva, sí tiene que haber un componente disuasivo. A la misma vez que hay un componente de mano amiga como los policías de la comunidad, brigadas de los trabajadores sociales, el Congreso de Seguridad Pública a establecerse por las comunidades para facilitar el plan de seguridad pública de cada comunidad”, explicó Rosselló. ¿Y LAS CÁRCELES? Preguntado si el aumento en penas en el Código Penal no pudiese redundar en un alza de personas encarceladas, Rosselló reconoció la posibilidad. Recientemente se anunció una baja en la población penal de 12,551 confinados a 10,500.
“Nuestra expectativa es que esto pueda servir como mensaje para que la gente no cometa este crimen. Yo sé que es una preocupación de que ten- gamos un aumento de personas en la cárcel. Por eso, vamos a trabajar también con educación dentro de las cárceles, iniciativas de prevención incluyendo el tercer sector, usando los planteles escolares después de las clases”, destacó el primer ejecutivo.
“No podemos dejarle la vía libre al criminal a que haga actos que laceren la calidad de vida y la seguridad pública del puertorriqueño”, agregó.
El Código Penal no solo fue enmendado por la pasada administración, sino que también lo hizo la de Luis Fortuño. El gobernador Alejandro García Padilla sometió enmiendas al Código luego de que su antecesor hiciera lo propio solo dos años antes. Prácticamente, cada gobernador ha sometido enmiendas, lo que ha sido duramente criticado por criminólogos y expertos en el tema que recalcan que esta no es la solución para lidiar con la criminalidad.
Así las cosas, otra de las enmiendas sometidas por Rosselló concierne al Artículo 194 del Código Penal que tipifica el escalamiento como un delito menos grave. Rosselló busca que vuelva a ser un delito grave.
“Este es uno de los delitos que es importante porque el escalamiento como está tipificado es entrar en una propiedad ajena para cometer un delito. La realidad es que el delito de escalamiento ‘per se’ desemboca en delitos muchos más graves. Entonces reducir algo que puede desembocar en un delito mucho más grave contra la propiedad y contra la vida de los puertorriqueños a un delito menos grave, era objeto de serias preocupaciones”, puntualizó Orona.
Otra enmienda es para restituir el Artículo 200 que penaliza como delito grave la obstrucción o paralización de las obras de construcción con los permisos necesarios incluyendo el impedir la entrada o el acceso y/o ocupar los terrenos.
Bajo la administración de García Padilla este artículo fue eliminado del Código Penal.
El Artículo 200 fue objeto de discusión en la palestra mientras se daba la construcción del proyecto Paseo Caribe, a la entrada del Viejo San Juan, lo que produjo caldeadas protestas y encontronazos entre manifestantes y la Policía.
Otra enmienda es al Artículo 230 de incendio para incluir que provocar un incendio en cualquier propiedad es delito. Ahora mismo es delito si se le pega fuego a un edificio.
También se enmendaría el Artículo 246 de resistencia u obstrucción a la autoridad pública para incluir que con demorar, estorbar u obstruir a un funcionario público se configura el delito. El artículo también fue eliminado por la pasada administración.
Se reestablecería el Artículo 247 que penalizaba la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza y de salud o edificios donde se ofrecen servicios al público. Con su reestablecimiento en el Código Penal pasa a ser un delito menos grave.
Igualmente, se enmendaría el Artículo 248 sobre el uso de máscaras en la comisión de un delito cuando se utiliza para alterar o intervenir en actividades ordinarias de una institución educativa.
Por último, el paquete de medidas pretende enmendar el Artículo 281 sobre impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos a los fines de incluir no solo que una persona impide, estorbe o disuada a un testigo de no comparecer sino que se prohíbe el intentar impedir, estorbar o disuadir.
“Entendemos que tiene que haber varias iniciativas en contra del crimen dentro de la seguridad pública” RICARDO ROSSELLÓ Gobernador