Ajustes a la Ley de Quiebra beneficiaría a los deudores

Proyecto cameral limitaría los bienes que se pueden embargar o ejecutar a un individuo en bancarrota, incluyendo protección a sus herramientas de trabajo

Un proyecto de ley que limitaría los bienes que pueden ejecutarse o embargarse a una persona que se declare en quiebra en Puerto Rico es evaluado en estos momentos por la Asamblea Legislativa.

El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien explicó a El Nuevo Día que el objetivo de la medida es proteger de embargo los instrumentos que utiliza una persona para generar ingresos.

“Protegimos el hogar, pero sin embargo los instrumentos para generar ingresos no los protegemos. Estamos llevando la persona a la insolvencia. Eso es lo que buscamos con esa enmienda”, indicó el legislador refiriéndose a la Ley de Hogar Seguro que impide ejecutar la vivienda principal de una persona que se declare en quiebra. AMPLIA LA LISTA. La enmienda propuesta incluye numerosos artículos que no podrían embargarse, además de fijar topes en el valor de otros, sobre los cuales también habría limitaciones para su expropiación.

Uno de los grupos definidos son el “equipo de trabajo” que incluye herramientas, equipo, enseres, máquinas, instrumentos, aparatos que son o pueden ser usadas por el deudor, su cónyuge o dependientes en el ejercicio de su trabajo, oficio o profesión.

También se incluyen en ese grupo las bibliotecas científicas y profesionales; muebles y equipo de oficina, computadora, copiadoras, maquinilla y calculadoras.

Estos equipos estarían exentos hasta un valor máximo de $35,000.

De la misma forma se exime de embargo todo mobiliario y enseres del hogar y toda posesión de uso personal, incluyendo pero no limitado a las del deudor, su cónyuge y sus dependientes hasta dos piezas de joyería por persona.

Si el afectado es agricultor se eximiría todo equipo de trabajo y animales cuyo valor en conjunto no exceda los $50,000.Eso incluye vegetales reservados para plantaciones o siembras en cualquier tiempo dentro de los seis meses subsiguientes. EXCLUIRÍA CIERTOS INGRESOS. Se limitan, además, los ingresos del deudor que podrían embargarse a solo la cantidad que exceda en más de un 10% la suma del salario mínimo federal por hora, multiplicado por cuarenta horas.

También estará exento de embargo todo beneficio de asistencia pública, compensación por desempleo, beneficios por incapacidad, compensación del seguro social y compensaciones de la Corporación sobre el Fondo de Seguro del Estado, reintegros federales o estatales de contribución sobre ingresos, pagadas o con derecho a recibir, así como el pago de seguros para gastos médicos o cuidado prolongado.

Estarían igualmente en este grupo la totalidad de los fondos existentes o provenientes de planes de retiro, 401k, KEOG, o similares, fondos de pensión, profit sharing o planes similares o contratos que proveen beneficios por razón de edad, incapacidad, enfermedad, o años de servicio. LA PROTECCIÓN. “Queremos proteger de embargo los instrumentos que puede utilizar la persona para generar ingresos. La misma ley federal de quiebras permite unas excepciones y le da deferencia a lo que es el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico”, afirmó Méndez.

“Estamos haciendo lo mismo que hicimos con la Ley de Hogar Seguro. Hay otras excepciones que trabajó el

“Queremos proteger de embargo los instrumentos que puede utilizar la persona para generar ingresos” Carlos “Jhonny” Méndez Presidente cameral, autor de la medida

Congreso federal que tenían que ver precisamente con estos bienes que son valores que tienen las personas para poder generar ingresos y en ese sentido nosotros lo que estamos haciendo es que ese modelo de legislación lo estamos aplicando aquí en Puerto Rico”, agregó.

La Asociación de Bancos de Puerto Rico se abstuvo de comentar la medida y su posible impacto sobre las operaciones de ese sector en espera de completar su análisis de la misma.

La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Zoimé Álvarez, indicó que la medica fue radicada en la Cámara el pasado 2 de enero, pero que no fue hasta hace poco que pudieron obtener copia de la misma para el análisis pertinente.

“En estos momentos estamos evaluando el proyecto para poder someter nuestros comentarios”, dijo Álvarez a El Nuevo Día.