Inquietante el perfil de la nueva Legislatura

Establecer un marco normativo amplio que elimine la segmentación en programas y estatutos vigentes, o propuestos, para atender el grave problema de acoso en las escuelas, como ha recomendado el Departamento de Educación, es una propuesta sensata y acertad

El método utilizado para realizar las entrevistas no podía ser más sencillo: a los legisladores se les sometió un cuestionario que debían responder por teléfono o correo electrónico. La preguntas fueron diseñadas cuidadosamente, pensando en el interés público y, de manera especial, en la transparencia que tanto está reclamando el País.

Saber cómo piensan, trabajan y se desenvuelven económicamente los miembros de la recién estrenada Asamblea Legislativa no puede ser un privilegio reservado a unos cuantos. El legislador no solo representa segmentos geográficos o poblacionales a los que debe fidelidad y su atención. Su actuación en los cargos públicos en estos momentos de crisis debe abonar a la reconstrucción de la economía, enderezar las finanzas públicas y reorganizar el aparato gubernamental pues estos asuntos prioritarios no solo impactarán el fisco sino al ciudadano común.

Por eso, al publicarse el perfil de la presente Asamblea Legislativa ha habido tanto asombro como decepción.

De un lado, por el sesgo desinformado y que le dan muchos senadores y representantes a los temas cruciales, principalmente en aspectos económicos o educativos; y del otro, porque se hace patente, una vez más, que los legisladores no tienen claro las obligaciones que adquieren cuando son electos.

Se esperaría que, después de todo lo que ha ocurrido en épocas recientes, con frecuentes casos de corrupción gubernamental, muchos de ellos gestados desde la propia Legislatura, los miembros de ambos cuerpos mostraran una actitud más abierta, siempre dispuesta a exponer o esclarecer su sentir.

No obstante, no ha sido así. Aunque la mayoría de los legisladores aceptó responder al cuestionario, en general se mostraron evasivos, o rehusaron contestar algunas preguntas que obviamente conllevaban compromiso, y que por eso mismo fueron incluidas. Las interrogantes referentes a la biografía o las finanzas personales, aspectos que son de interés general cuando se trata de los miembros de una rama del Gobierno que tiene la altísima responsabilidad de crear, evaluar y aprobar leyes, fueron también significativamente esquinadas.

Temas como el de la generación de energía, las plantas incineradoras, la educación con perspectiva de género, y la regularización de la industria del cannabis, entre otros, fueron planteados a los legisladores. Una parte de ellos, o bien guardó silencio, o demostró no dominar el tema. Son lagunas que se pueden solucionar si se esfuerzan por conocer todo lo que se ha escrito y debatido en el País respecto a esos asuntos.

Cuando se pretende —y se logra— formar parte de una Legislatura como la presente, que tendrá que intervenir con proyectos y transformaciones decisivas, la apertura y precisión de las ideas son valores más que necesarios.

Al fin y al cabo, si casi todos han estado de acuerdo en que se deben legislar medidas que fomenten la transparencia gubernamental, es bastante contradictorio que opongan a divulgar sus informes financieros. No es momento de que se vayan por la tangente o aleguen desconocimiento.

El ejercicio de divulgar la personalidad de los legisladores les da a los ciudadanos herramientas para medir la evolución de unas figuras esenciales en la superación política y económica de Puerto Rico. Debe incentivar en estos servidores públicos la voluntad de educación continua y la capacidad de trabajo.

Tienen que aplicarse más a esa tarea.