Radiografía de la deuda boricua
Hoy comenzamos una serie de varios artículos dirigidos a analizar la deuda pública y poner en perspectiva las posibles alternativas que tiene la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno para manejar este monumental reto.
Hay dos visiones sobre este complejo tema. La versión del Gobierno saliente de que la deuda de $70,000 millones es impagable y, en el otro extremo, la posición de los acreedores y de algunos analistas de que la deuda sí se puede pagar.
La deuda pública de Puerto Rico está dividida en 15 emisores independientes, con una estructura legal y financiera separada. Hoy analizaremos, la deuda más importante del Gobierno que es la deuda constitucional, de $18,400 millones (incluyendo los bonos de obligación generalGO, por sus siglas en inglés). BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL. El GO es sin lugar a dudas, el crédito más importante de Puerto Rico. Desde el punto de vista legal, esta deuda está protegida por la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) y su fuente de repago es el Fondo General del ELA.
Históricamente, el Gobierno central ha usado este emisor, como su instrumento para financiar obra pública y gozó de un alto prestigio en el mercado de bonos municipal, donde estados, ciudades y utilidades públicas acceden para levantar capital.
Por décadas, el GO gozó de mucha reputación y confianza del mercado inversor, por la calidad crediticia del emisor y la garantía que provee la propia Constitución. Específicamente, la Constitución establece en el artículo 6, Sección 8 lo siguiente: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá, en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.
Esa garantía constitucional proveyó a los bonos de obligación general una fortaleza única. Esta garantía y la triple exención contributiva, convirtieron al GO en un instrumento único para que Puerto Rico mantuviera un acceso privilegiado al mercado.
La degradación del crédito en el 2014 y los impagos recientes, han tenido el efecto de cerrar completamente el mercado de bonos para Puerto Rico. Aún no se ha entendido la magnitud del impacto que estas decisiones han tenido y tendrán sobre la credibilidad de Puerto Rico en los mercados de capital.
La entrada en vigor de PROMESA y la protección automática que le provee el estatuto, creó un escenario más complejo aún. Bajo esta protección, el Gobierno dejó de pagar los intereses y principal de todos los emisores, excluyendo los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento de Interés Apremiante (COFINA). Los bonos emitidos por COFINA están respaldados por una parte de los ingresos que genera el Impuesto de Venta y Uso (IVU) creado en el 2006.
El diseño permite que, desde el comienzo de cada año fiscal, el ingreso del IVU vaya a un fideicomiso fuera del Fondo General, y desde ahí se paga el servicio de la deuda emitida por COFINA, que en el año fiscal 2015-16, ascendió a $696.2 millones.
El propósito original de COFINA creado junto al IVU, era financiar $7,000 millones de deuda del ELA, sin fuente de repago, y que permitieron darle la vuelta al límite establecido por la propia Constitución. Sin embargo, a partir de su aprobación se fue aumentado, hasta el nivel actual de $17,300 millones. Esto provocó una reducción en la cantidad de recursos fiscales que se supone fluyeran al Fondo General, y que en gran medida han afectado la liquidez del Gobierno Central, y, por ende, proveer otros servicios o nueva inversión pública. La actual coyuntura provee para un trato equitativo para ambos créditos.
En el transcurso de la crisis financiera reciente se ha cuestionado la legalidad de destinar dinero producto de un impuesto a un fideicomiso fuera del Fondo General. ¿ES PAGABLE LA DEUDA? El debate aún no resuelto es si es posible o no, pagar la deuda constitucional. El Gobierno saliente ha planteado que no es posible pagar el servicio de esta deuda garantizada, que es de $1,300 millones sin afectar los servicios básicos. De hecho, esta fue unas de las razones que precipitó la aprobación de PROMESA. Sin embargo, este argumento parece debilitarse ante el hecho de que el Gobierno no ha logrado implementar una verdadera reforma fiscal, y no hay estados financieros auditados para los años fiscales 2015 y 2016.
En el caso de que sea necesaria una reestructuración de la deuda, existen diversos modelos para que ambos grupos de acreedores puedan trabajar de forma colaborativa que permita buscar un punto medio para el beneficio del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico. La protección de la deuda constitucional, será clave para volver a los mercados dentro del proceso de reconstrucción fiscal y económica de la Isla.