Enfrentadas dos versiones
Pero el testigo identifica cheques endosados por una acusada
El testimonio del antiguo contratista de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ramón Crespo González, chocó ayer con declaraciones que el otrora recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández Pérez, ofreció durante el juicio federal que se sigue contra acusados de participar en un esquema de corrupción gubernamental y venta de influencias.
Sin embargo, el dueño de la desaparecida empresa IA Mech Chem idenficó un cheque del 5 de mayo de 2013 por $10,000 pagadero a “cash”, y otro del 12 de junio por $7,000 pagadero a “cash”. Ambos cheques los endosó la acusada Marielis Nieves Falcón.
Sentado frente a un jurado que lo escuchaba con atención, el vigésimo testigo del Ministerio Público aseguró que conoció a Rey Rivera, un ayudante del entonces comisionado electoral Eder Ortiz, a través de su empleado Steve Alicea.
Ante el juez federal Pedro Delgado Hernández relató que conversó con Rivera sobre la decisión de la AAA de cancelar algunas tareas que realizaba para corporación pública.
“Quería saber qué había hecho malo para que me lo cancelaran. No tenía 1332 (evaluaciones) negativas”, respondió a preguntas del fiscal Timothy Henwood.
En ese contexto, aseguró que compró a Rivera un boleto de $2,500 para un evento de recaudación de fondos del gobernador Alejandro García Padilla, que se celebró en el Hotel Vanderbilt en San Juan, y donde aseguró esperaba encontrar una respuesta a la situación con el contrato de la AAA.
Crespo González contó que en el evento conoció a Ortiz y a Hernández Pérez, pero que ambos lo ignoraron no sin antes decirle que cualquier asunto debía tratarse por medio de Rivera. Posterior al evento, Rivera le solicitó $5,000 por ayudarlo con la situación en la AAA, petición que el testigo pagó con un cheque que ayer no se presentó como evidencia.
Aseguró que se reunió con Rivera y Hernández Pérez en dos ocasiones: en Buen Café en Hatillo y en Pelayo en Condado. La primera ocasión, Hernández Pérez le afirmó que si deseaba cobrar la deuda de $1 millón con la AAA debía pagarle el 10% por la gestión de cobro. En el segundo encuentro, el testigo aceptó la propuesta.
Pero Hernández Pérez declaró que supo de la deuda de Crespo González en una reunión que sostuvo con Ortiz en el Hotel Sheraton de Miramar.
Según su versión, Ortiz le mencionó que Crespo González estaba dispuesto a pagar por servicios de gestoría. Luego Rivera se unió a la reunión de los socios y precisó que el contratista había ofrecido pagar el 10% del monto de la deuda o $100,000.
Ambos testigos coincidieron en que la mitad del pago se hizo mediante cheques. Los otros $50,000 en efectivo.
Ayer el fiscal Henwood presentó los cinco cheques pagaderos a “cash”, que endosaron Rivera, Hernández Pérez, su esposa Verónica Ponce y el contratista que remodeló la oficina de 3Comm en San Juan.
Crespo González afirmó que cuando confrontó problemas con los pagos en la AAA, Marielis le solicitó dinero para agilizar el proceso de pago mediante la intervención de su hermana y coacusada Ivonne Falcón Nieves, quien en ese momento ocupaba el puesto de tesorera en la AAA.
Apuntó que entre mediados del 2012 y 2013 pagó a Marielis sobre $100,000 por las labores de gestoría. Que como parte de esos desembolsos pagó $2,500 por los trabajos de una brigada que podó unos árboles en unos apartamentos, que rentaba la mujer, y a un contratista que realizó trabajos en la oficina del negocio de ambulancias de Marielis. La acusada nunca le devolvió ese dinero, según dijo.
Henwood presentó dos cheques de enero de 2013, uno por $5,000 y otro por $7,000, que el testigo afirmó que pagó a los contratistas Ashlie y Eduardo Hernández por directriz de Marielis.
Crespo González afirmó que se arrepentía del dinero pagado porque “yo fui el que trabajé y mis muchachos. No fue ni Eder ni ninguno de ellos”.
En su turno, el licenciado Francisco Adams Quesada trató de minar la credibilidad del testigo destacando la demanda que presentó contra la AAA por $9.1 millones por incumplimiento de contrato y daños y subrayando su planteamiento de que pagaba a Marielis por pagos de la AAA, pero había acumulado una deuda de $1 millón.
Cuestionó su decisión de acudir a figuras políticas para bregar con la situación en la AAA como Eder Ortiz u Orlando Fabre, exsecretario de Agricultura de la exgobernadora Sila Calderón, quien se reunió con su amigo y presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, para tratar el asunto de su contrato, en vez de utilizar los mecanismos adecuados para la reclamación, y subrayó que la AAA le envió una carta el 4 de abril de 2013 donde consignó que la empresa de Crespo González estaba facturando por trabajos de reparaciones de líneas individuales cuando solo podía facturar por reparación de conexiones sanitarias.
El testigo no mencionó los nombres de la exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral, Sally López Martínez , y de Glenn Rivera Pizarro, exayudante especial de Administración en la Cámara de Representantes en su testimonio.
El juicio continúa el lunes.