Años de trabajo para la junta de control fiscal
En el caso de Washington D.C., la junta federal de control fiscal operó durante seis años
WASHINGTON.- Por ley, la junta federal de control fiscal estará en vigor hasta que determine que el gobierno de Puerto Rico ha tenido cuatro presupuestos equilibrados y logrado acceso a corto y largo plazo a los mercados financieros.
Pero, hay voces que piensan que su poder sobre el gobierno de Puerto Rico puede ser una realidad durante casi toda una década.
¿Si hay acuerdos de reestructuración que permitan al gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, no tener que pagar el principal de la deuda durante un período de cinco años, aguardará la junta federal a que empiecen a hacerse esos pagos antes de retirarse de la Isla?
¿Cuánto tiempo tardará reestructurar la deuda pública?
“Estoy convencido de que en cuatro años la junta federal puede cumplir con su tarea”, dijo recientemente en Washington el gobernador Alejandro García Padilla.
Hace unos días, sin embargo, el exgobernador Luis Fortuño mantuvo que la junta federal de control fiscal puede estar tomando decisiones por encima del gobierno de Puerto Rico toda una década. El congresista desi mócrata Alan Grayson (Florida), crítico de los poderes de la nueva autoridad federal, también piensa que esa es una posibilidad real.
En el caso de Washington D.C., la junta de control fiscal operó durante seis años, hasta que logró el cuarto presupuesto balanceado consecutivo.
Cuándo se empieza a contar el primer presupuesto balanceado es también clave.
Por ejemplo, el presupuesto de este año fiscal ya fue aprobado por la Legislatura de Puerto Rico y fue firmado por el gobernador García Padilla.
Bajo la ley Promesa, antes del gobernador enviar el presupuesto a la Legislatura, tiene que conseguir el visto bueno de los siete miembros de la junta, que serán designados por el presidente de EE.UU., cuatro de ellos recomendados por los líderes republicanos del Congreso. Para este año fiscal eso ya no es posible.
La junta federal, dice la ley Promesa, tomará todas las decisiones últimas sobre planes fiscales, presupuesto y cualquier legislación que tenga un impacto financiero.
Además, para pensar cuánto tiempo estará vigente la junta federal, se tienen que tener en mente la duración de las negociaciones voluntarias o los procesos judiciales de reestructuración. En la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el proceso de negociación ya va para dos años.
A partir de los acuerdos de reestructuración es que se podrá entonces pensar en presupuestos equilibrados, advierten los expertos.
Bajo los parámetros de contabilidad, no se está pagando el principal de la deuda bajo unos acuerdos de reestructuración, y se está cumpliendo con el balance de ingresos y gastos, “el equilibrio se estaría logrando”, dijo la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Zulmarie Urrutia Vélez.
Pero, señaló que “los principios de contabilidad exigen que tengas una representación de la realidad económica de la entidad”. Urrutía Vélez comentó que “se tiene que hacer un análisis de la salud fiscal de Puerto Rico y la capacidad de la economía del país para asumir responsabilidades futuras”.
Los estados financieros auditados de 2013-2014, divulgados horas después de que el presidente Barack Obama certificara el golpe mortal a la teoría de gobierno propio local de la Isla con la firma de la ley Promesa, indican que el déficit acumulado de todas las dependencias del gobierno de Puerto Rico rondan los $50,000 millones. La deuda pública supera los $68,000 millones y el déficit de los sistemas de retiro alcanza los $44,000 millones.
“El Gobierno espera que su capacidad para financiar déficit presu-
“¿Cuándo negocien con los acreedores, van a tener en mente los mejores intereses de Puerto Rico, o los mejores intereses de Wall Street?” MIGUEL SOTO CLASS Presidente del CNE
puestarios futuros estará severamente limitada aún si completa una renegociación abarcadora de la deuda y por consiguiente, que se le requerirá, entre otras cosas, reducir la cantidad de recursos para financiar importantes programas gubernamentales y servicios en aras de balancear el presupuesto”, reza el informe financiero auditado de 2014.
Simon Johnson, profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y execonomista en Jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que aunque “está por verse si la junta puede hacer el trabajo en cinco o seis años, el incentivo de prolongarlo no existe”.
Mientras, el presidente del Centro para la Nueva Economía (CNE), Miguel Soto Class, considera que tanto el análisis de lo que representa un presupuesto equilibrado bajo la situación fiscal de Puerto Rico como lo que supone acceso adecuado a los mercados financieros, van a ser subjetivos. “El tema con el acceso a los mercados financieros, es a qué precio”, sostuvo.
Soto Class considera que mucho puede depender del perfil de los miembros de la junta federal de control fiscal. “¿Cuándo negocien con los acreedores, van a tener en mente los mejores intereses de Puerto Ricocuestionó el presidente del CNE-, o los mejores intereses de Wall Street?”.