“RECARGA” PARA ECHAR A ANDAR LA ECONOMÍA
Tras la votación en el Congreso federal a favor de la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), el territorio estadounidense parece encaminado a un proceso de supervisión de las finanzas públicas que valdrá de poco, a menos que se adopten estrategias urgentes para resucitar la economía.
Con o sin la aprobación definitiva del HR5278 en el Congreso federal, la ruta rehabilitadora de Puerto Rico será cuesta arriba, pues la llamada Perla del Caribe atraviesa por una profunda transformación demográfica, política, social y de su base productiva que su clase empresarial y trabajadora, sus distintos sectores cívicos y académicos y el propio sector público no acaban de internalizar.
En los pasados dos años, mientras los distintos grupos de influencia en Puerto Rico -empezando por el gobernador Alejandro García
Padilla- acudían a la capital federal pidiendo ayuda, la Coalición del Sector Privado también pululaba en los círculos de poder washingtonianos con la expectativa de que el Congreso (donde reside el máximo poder sobre Puerto Rico, según confirmó el pasado jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos en Puerto Rico v. Sánchez Valle) autorice un nuevo programa de incentivos federales que permita colocar la economía del territorio estadounidense sobre sus pies.
Al cabo de casi 200 reuniones en Washington, la Coalición -de la mano de su cabildero y excongresista Jerry
Weller- ha diseñado un programa que comienza a tener cierto eco entre republicanos y demócratas. De aprobarse, el programa para la reactivación de la manufactura en Puerto Rico, contribuiría a que en los próximos 10 años, se creen unos 150,000 empleos en Puerto Rico.
El programa de incentivos que impulsa la Coalición busca dar a Puerto Rico (que para efectos de tributación federal es una jurisdicción internacional) una ventaja competitiva, a través de una tasa preferencial a los dividendos que las operaciones de Puerto Rico paguen a sus matrices en Estados Unidos. Ello, según varios entrevistados, reposicionaría a Puerto Rico como plaza industrial global, mientras el Tesoro estadounidense podría obtener una tajada de los billones de dólares en ingresos corporativos que por décadas, el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) ha querido tributar sin éxito suficiente, hasta la fecha.
A partir del tercer año de su implementación, la economía de Puerto Rico podría crecer hasta 1.3%, en términos reales, cada año. En tanto, en los primeros tres años, el Departamento de Hacienda podría recibir, en promedio, unos $461 millones en nuevos recaudos y casi $8,849 millones al cabo de 10 años.
RENEGOCIAR NO ES SUFICIENTE.
“Aunque la renegociación de la deuda es indispensable para salir de la crisis fiscal, eso por sí solo, no es suficiente para que la economía se reactive”, indicó el economista
Juan Lara, quien lleva más de un año colaborando con la Coalición.
Según Lara, aún si se adoptara un mecanismo de supervisión fiscal y se negociara exitosamente con los acreedores para obtener un recorte de los casi $70,000 millones que el Gobierno adeuda en principal, ese proceso tendrá que venir acompañado de alguna estrategia de gran impacto que permita dar aire a una economía desarticulada.
De acuerdo con el catedrático en Economía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, un crecimiento económico aceptable para la Isla debe rondar 3.5% anualmente. En otras circunstancias, inyectar dinero a la economía a través de la construcción -sin repetir la burbuja inmobiliaria, claro está- podría ser un mecanismo de reactivación a corto plazo. Igual propósito podría alcanzarse con un programa de inversión en infraestructura por parte del estado.
Sin embargo, dijo el economista, la demanda por inmuebles está estancada a medida que ha menguado el empleo y se reconfigura la demografía la Isla mientras el Gobierno no tiene dinero para invertir en escuelas, puentes o carreteras.
“Impulsar la agricultura, promover nuevas actividades como lo aeroespacial, promover el turismo, todo eso es importante, pero en este momento, el único sector que tendría la capacidad para reactivar la economía es la manufactura”, subrayó Lara.
“Aunque esta iniciativa no es la más deseable ni la más óptima, es lo único que permitiría a Puerto Rico sanear su economía a corto plazo”, reiteró.
En ese contexto, desde la perspectiva de Carlos J. Bonilla, Amaya Iraolagoitia y Carlos Serrano, una enmienda al Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que permita un tratamiento contributivo preferencial a los ingresos que generen las corporaciones foráneas controladas (CFC, en inglés) establecidas en Puerto Rico, podría ser la respuesta a una economía que se ha achicado 14% desdesde 2006.
PROPUESTA CON BENEFICIO DOBLE.
En palabras simples, si se diseña bien, el programa daría a la economía de Puerto Rico lo que un desfibrilidador haría en un paciente con arresto cardíaco y según la abogada, el tratamiento preferencial a la Isla -donde urge la creación de empleos “americanos”también acabaría beneficiando al propio Estados Unidos y al gobierno federal.
“Esto se ha trabajado para que sea una propuesta en la que ganen ambas partes”, indicó Iraolagoitia al destacar que la iniciativa se ha concebido dentro de las nuevas tendencias que rigen la discusión contributiva a nivel federal y la realidad que encara el sector industrial estadounidense.
“Es una propuesta que tampoco incide sobre el tema político de estatus porque puede evolucionar”, agregó por su parte, Serrano.
Ahora no solo competimos con Irlanda y Singapur, también es República Dominicana, Panamá, Costa Rica Amaya Iraolagoitia Abogada
Según Bonilla, otrora responsable de impuestos para Lilly del Caribe y actual miembro de la junta de directores de la Compañía de Fomento Industrial, la alta tasa contributiva federal y el régimen de tributación global estadounidense ha propiciado que multinacionales de todo tipo mantengan sus ingresos en otros países donde hacen negocios. $3 BILLONES “OFFSHORE”. Estudios de organizaciones independientes como Citizens for Tax Justice, dedicadas al tema tributario en Estados Unidos apuntan a que en total, empresas como Microsoft, Apple, Google, Facebook, los gigantes bancarios Citigroup y Goldman Sachs, así como las líderes farmacéuticas Amgen y Pfizer (de estas, al menos cinco hacen negocios o tienen operaciones en Puerto Rico) poseen entre $2.1 y $2.4 billones (trillions) en ingresos sin repatriar a los Estados Unidos.
“Estados Unidos podría utilizar parte de ese dinero para financiar sus proyectos de transporte o el programa de infraestructura del que se ha estado hablando”, indicó Bonilla.
Según Bonilla, los estimados de ingresos corporativos de multinacionales estadounidenses en el exterior podrían alcanzar hasta $3 billones. De esa cantidad, unos $2,000 millones podrían estar en Puerto Rico.
OBJETIVO 254A. Así las cosas, de acuerdo con Serrano, si el Congreso enmienda el Código de Rentas Internas federal considerando la particularidad de Puerto Rico y la precaria coyuntura en que se encuentra, el cambio de política contributiva se convertiría en la mejor herramienta para reactivar la economía de la Isla. Ello, según Serrano, sería mejor que un rescate financiero por parte del Congreso.
Específicamente, la Coalición ha pedido a ayudantes congresionales, senadores, congresistas y funcionarios del gobierno federal que se enmiende la sección 11 del Código de Rentas Internas estadounidense para reducir a la mitad la tasa estatutaria aplicable a los ingresos generados por corporaciones estadounidenses con operaciones en Puerto Rico.
La segunda enmienda que completaría la nueva política contributiva federal para Puerto Rico está dirigida a crear la sección 245A. En ese inciso, se concedería una deducción en los dividendos que la operación de Puerto Rico pague a su matriz.
La deducción en el dividendo como resultado del ingreso relacionado a Puerto Rico, dijo Iraolagoitia, sería de 85%. El 15% del dividendo restante vinculado a la operación de Puerto Rico, tributaría al 50% de la tasa estatutaria, según quedaría en la enmienda de la sección 11 del código contributivo federal.
¿Hay apertura entre demócratas y republicanos para modificar la tributación corporativa y acoger una propuesta como esta?
“Lo que provoca esta discusión es el tema de la tributación territorial una vez el congresista (Dave) Camp (R-MI) radica su famosa propuesta contributiva. En ese momento, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) comienza a visitar Washington, participa en un evento del National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) y esa organización se da cuenta de la oportunidad que puede ser Puerto Rico y de la necesidad de un incentivo para reactivar la manufactura en la Isla”, explicó Bonilla.
ESTADOS UNIDOS EN DESVENTAJA.
“Estados Unidos se ha dado cuenta de que sus industrias están en desventaja competitiva porque tienen tasas contributivas demasiado altas en comparación con el resto del planeta”, explicó por su parte, Serrano, quien forma parte del bufete Reichard & Escalera.
De acuerdo con Serrano, el actual sistema de tributación global de Estados Unidos se ha convertido en un aliciente para que las multinacionales establezcan sus operaciones fuera de suelo estadounidense. Ello, porque al repatriar las ganancias a Estados Unidos pagando una tasa estatutaria de 35%, el impacto contributivo es más alto que aquel en jurisdicciones como Irlanda, Singapur y el propio Inglaterra.
Según Serrano e Iraolagoitia, los ejemplos más sonados del impacto adverso del régimen contributivo estadounidense son los casos de “inversión contributiva”, donde empresas estadounidenses han decidido comprar o son adquiridas por competidores internacionales, especialmente en Europa, reubicando así la sede corporativa.
Ese es el caso de Pfizer y Allergan, Jazz Pharmaceuticals y Celator, Shire y Baxalta, Bayer y Monsanto y hasta Krispy Kreme y la alemana JAB Beech, dueña también de Keurig, entre otras.
PUERTO RICO CON LA PEOR PARTE.
Según Iraolagoitia, abogada del estudio legal O'Neill & Borges, la desventaja del sistema contributivo estadounidense pegó a Puerto Rico de manera más fuerte, una vez expiró la sonada sección 936.
Entonces, la principal razón del gobierno federal para eliminar la sección 936 era capturar ingresos que nunca se tributaban en Estados Unidos, lo que no se logró.
Al eliminarse la sonada disposición que concedía una exención de 40% de los ingresos generados en Puerto Ricopara efectos contributivos, la Isla es un destino internacional- terminó compitiendo de tú a tú con jurisdicciones como Irlanda y Singapur.
Mientras en Puerto Rico, una corporación 936 al tributar su obligación en Estados Unidos terminaba con una tasa efectiva de 21%, en Irlanda, a manera de ejemplo, la tasa contributiva a estas entidades ronda entre 10% y 12%, lo que implica una tasa efectiva más reducida.
“Ahora no solo competimos con Irlanda y Singapur, también es República Dominicana, Panamá, Costa Rica”, dijo Iraolagoitia.
FUENTE DE RECAUDOS PARA TÍO SAM.
Según la abogada, uno de los aspectos que ha afectado la capacidad de recaudos por parte del gobierno federal es el diferimiento del pago de impuestos por ingresos generados fuera de Estados Unidos.
La propuesta que Puerto Rico ha vislumbrado, dijo Iraolagoitia, contempla que el ingreso generado tenga que tributarse periódicamente, lo que se convertiría en una fuente de recaudos recurrentes para el IRS.
De ser el caso, agregó la abogada, la nueva política contributiva federal hacia Puerto Rico no necesitaría de una cláusula de expiración.
Según Bonilla, al cabo de 10 años, el programa podría costar entre $9,000 millones y $11,000 millones al gobierno federal. Pero ese impacto, se cubriría con los nuevos recaudos que recibiría el IRS al aprobarse el programa de incentivos.
Dicho costo sería adicional al impacto de la Ley 154, el arbitrio de 4% que pagan las foráneas en Puerto Rico y que se toma como un crédito en la planilla federal.
Empero, según fuentes de este diario, dicho tributo -que representa una quinta parte de los ingresos al fisco puertorriqueño- desaparecería una vez se complete el plan de ajuste de la junta fiscal federal. Es decir, en unos cinco años.
De otra parte, Bonilla subrayó que Estados Unidos podría experimentar otros beneficios al aprobar un incentivo federal como el propuesto por la Coalición. Explicó que la repatriación de ingresos ahora estacionados en destinos “offshore” iría a distribuirse en pagos a accionistas y a financiar los nuevos programas de investigación y desarrollo (R&D) del sector industrial, en especial, en el nicho de fármacos y dispositivos médicos.
Además, según Bonilla, las multinacionales han comenzado a revertir sus programas de investigación a suelo estadounidense (a medida que sus conocimientos y tecnologías se hacen más vulnerables a ser replicadas en jurisdicciones internacionales) y la compañías necesitan allegar dinero para cubrir el desarrollo de una nueva generación de dispositivos médicos y agentes farmacológicos, a medida que la línea de productos con protección de patentes expira.
LA PROPUESTA Y LA JUNTA FISCAL. De acuerdo con Bonilla, la implementación del programa de incentivos para Puerto Rico podría darse en la discusión de la reforma contributiva federal, pero lo idóneo sería dar curso a la iniciativa a la brevedad.
Serrano indicó que el tema se insertó en los primeros borradores el HR5278, aunque posteriormente, la enmienda no prevaleció.
“Una de las deficiencias de Promesa es que no cuenta con incentivos o es- trategias de desarrollo económico y sin eso, Promesa fracasa”, manifestó Bonilla. “Esperamos que la iniciativa se retome en el Senado y sea parte del proyecto”.
De una u otra forma, Bonilla indicó que analizar la conveniencia del programa ya está en la agenda del Joint
Committee on Taxation, una organización al interior del Congreso que examina el impacto de posibles cambios al sistema contributivo estadounidense.
El HR5278 contempla la creación de un comité para identificar estrategias de desarrollo económico para Puerto Rico, un ejercicio donde la propuesta de la Coalición puede insertarse, opi-
“En este momento, el único sector que tendría la capacidad para reactivar la economía es la manufactura” JUAN LARA Economista “Estados Unidos se ha dado cuenta de que sus industrias están en desventaja porque tienen tasas contributivas demasiado altas en comparación con el resto del planeta” CARLOS SERRANO Abogado y CPA “La eliminación de la 936 no causó la crisis que confrontamos ahora; más bien su concesión permitió al gobierno y el país evitar el costo político de reformar la economía” ORLANDO SOTOMAYOR Economista
naron los entrevistados.
Si bien la medida podría dar un respiro a Puerto Rico y en especial, al sector industrial que representa la mitad del producto interno de la Isla, la estrategia de repatriar ganancias por tratamientos contributivos especiales o la adopción de un sistema contributivo territorial cuenta con detractores a nivel continental.
DETRACTORES Y ESCEPTICISMO. El Centro de Presupuesto y Prioridades de Política, por ejemplo, reseñó en un análisis reciente que no hay evidencia de que un sistema contributivo territorial cree empleos en el continente e impulse la actividad económica. La organización plantea además que Estados Unidos podría a llegar más recaudo sal fisco federal-como contempla la propuesta de la Coalicióneliminando el diferimiento del pago de contribuciones, lo que también recomendó la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO, en inglés).
Mientras, en Puerto Rico, la propuesta también causa escepticismo. Según el economista Orlando Sotomayor, el cuadro de deterioro que exhibe Puerto Rico es tal que solo puede superarse con “reducciones sustanciales” en el costo de hacer negocios, lo que incluye desde el pago de contribuciones hasta la multiplicidad de cargos que se imponen, en especial a las empresas locales.
“La crisis financiera y económica de Puerto Rico data de la década de 1970, cuando la reacción del gobierno local también fue ir al Congreso a pedir ayuda, en ese caso, la sección 936. Su eventual eliminación no causó la crisis que confrontamos ahora; más bien su concesión permitió al gobierno y el país evitar el costo político de reformar la economía y pagamos hoy las consecuencias”, sostuvo el catedrático en Economía de la UPR en Mayagüez.
“No hay ninguna razón para pensar que eso mismo pasaría ahora si se nos otorga un nuevo incentivo, sobre todo si este no está atado a reformas económicas locales”, aseveró Sotomayor.
De aquí que según Sotomayor, y en eso coinciden Lara, Bonilla, Iraolagoitia y Serrano, cualquier ayuda que pueda lograrse en la capital federal, tendrá que estar condicionada a reformas económicas y sociales. Y ello, no significa otra cosa que reformar la educación, el mercado y las condiciones de trabajo, el sistema contributivo, la estructura de permisos y el aparato gubernamental, tanto a nivel central como en los municipios.
Según Sotomayor, todos esos ajustes, que contribuirían a reactivar la economía y que no se han efectuado a la fecha, no requieren la intervención de Washington, D.C. porque el poder para hacer tales cambios “está en nosotros”.