La salud del paciente tiene que ir primero
La crisis fiscal de Puerto Rico no puede traducirse en una amenaza contra la vida de ningún paciente de Mi Salud, muy en especial de aquellos con condiciones catastróficas que requieren tratamientos y medicamentos especializados como los que combaten el c
La denegación de órdenes médicas para medicamentos, a base de criterios en los que pesan las finanzas, añade al sufrimiento del paciente el martirio de someterse a la lenta cadena de apelaciones burocráticas, en el esfuerzo por revertir la decisión. Más serio aún, lo expone a las consecuencias adversas que el retraso del tratamiento puede implicar para su salud.
La Administración de Seguros de Salud (ASES) y la red del sistema Mi Salud no pueden excusar, con el argumento de la crisis fiscal, la tendencia alcista de denegar medicamentos debidamente prescritos por los médicos, muy particularmente cuando se trata de pacientes con condiciones degenerativas que pueden causarles la muerte si no son atendidas rápidamente. Las estadísticas de la propia ASES indican que en 2015 se registraron 132 apelaciones de pacientes y en lo que va de éste se han sometido 56.
Esa lucha por conseguir la autorización del plan médico impone también una fuerte carga sobre los familiares del paciente, expuestos a perder días en el agobiante proceso apelativo y a descuidar otras obligaciones importantes.
Muchas familias pueden dar testimonio del cansancio y la desesperación de esperar largas horas en una oficina por un documento que quizás ni siquiera obtengan, o de estar a la expectativa por una llamada que autorice el tratamiento.
No es difícil imaginar el cuadro: largas esperas para el despacho de las recetas, en numerosas ocasiones mientras la farmacia y el plan de salud discuten las razones para aprobar o rechazar la receta; los problemas tantas veces denunciados sobre de la calidad de los servicios que recibe el paciente tras la consulta con su médico y la prescripción del medicamento; y la conducta antiprofesional de ciertos salubristas al atender al paciente o a sus familiares, entre otras experiencias desmoralizantes.
No hay duda de que las autoridades públicas y las aseguradoras de Mi Salud tienen que llevar a cabo procedimientos rigurosos para validar las órdenes de tratamientos y medicamentos.
Es un hecho, además, que fondos del programa federal Medicaid han sido utilizados fraudulentamente a través de Mi Salud, por personas que no cualificaban para obtener los beneficios, mediante esquemas en los que han participado empleados del sistema. Condenamos esa conducta y urgimos al gobierno puertorriqueño a mantener su cooperación con las autoridades federales para erradicar males como esos que sangran las arcas del plan de salud público.
Pero el sistema salubrista local tiene que poder distinguir sin contratiempos al paciente cuya condición está claramente documentada en su historial médico, sobre todo aquellos casos de condiciones catastróficas.
De ahí la importancia de que el gobierno reorganice sus prioridades y aplique con justicia la rigurosidad en el proceso de solicitud de tratamientos y medicamentos. Su responsabilidad es velar por que el servicio sea prestado al paciente que lo necesita, sin que medien consideraciones de costo.
Decididamente, es hora de actuar para que no sea una fórmula estrictamente financiera la que determine el medicamento que debe recibir o no un paciente. Al final del camino, la desestimación de beneficios a pacientes que sí los necesitan termina empobreciendo más la salud pública del País, que está bien lejos de contar con un sistema preventivo eficiente.