La AEE como modelo de recuperación fiscal
La nueva Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica es evidencia que Puerto Rico puede presentar ante las autoridades gubernamentales federales y el mercado de bonos, sobre la capacidad puertorriqueña de buscar soluciones a la crisis
En ese sentido, el marco legal para la reestructuración de la deuda de $9,000 millones de la AEE es el ejemplo que el gobierno de Puerto Rico puede seguir para reorganizar gran parte de los $70,000 millones adeudados a sus acreedores. El modelo está disponible para aplicarse a otras corporaciones públicas, a la mayoría de los municipios y al gobierno central. La meta es que la negociación exitosa con los acreedores abra el camino hacia la recuperación económica de Puerto Rico.
Pero reestructurar la deuda no será suficiente para salir de la crisis, sobre todo ante la dura realidad que acabamos de constatar: nuestro gobierno no tiene dinero para continuar operando. Por eso, como primer paso para enderezar las finanzas públicas, hace falta una junta de control fiscal con poderes desde la esfera federal que velen por la sana administración de los recursos.
La histórica insolvencia de las arcas gubernamentales, que amenaza el funcionamiento hasta de los programas esenciales, obliga, además, a formar un verdadero frente común que reclame al Congreso que evite el desmoronamiento de las instituciones y la economía de una Isla que está en el umbral de la crisis humanitaria.
La reestructuración de las obligaciones tiene que ir de la mano de una amplia reorganización que dirija al aparato público hacia la costo-efectividad, y de una estrategia económica que propulse la inversión privada como parte esencial de la fórmula para recuperar la credibilidad fiscal.
La insolvencia del gobierno quedó evidenciada con el borrador del Informe Financiero Anual Consolidado (CAFR, en inglés) del año fiscal 2014 que el gobierno presentó el martes a la Legislatura y que nos señala como el primer gobierno estatal bajo la jurisdicción de Estados Unidos que reconoce su falta de recursos. El informe final no estará listo sino hasta dentro de ocho semanas, después del 31 de marzo, la fecha impuesta por el liderato del Congreso para aprobar legislación federal que asista a Puerto Rico con su situación económica.
Sin embargo, el gobierno local tiene que hacer su mayor esfuerzo para entregar con celeridad los estados financieros que el Congreso le reclama desde hace meses. Figura vocal en ese reclamo es el senador republicano Orrin Hatch, quien propone crear una junta de control fiscal federal para Puerto Rico y exige al gobernador Alejandro García Padilla la evidencia documentada de la crisis.
Es preciso actuar con premura pues ante el Congreso está la legislación que daría a Puerto Rico acceso al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras y, en consecuencia, a la reestructuración ordenada de gran parte de la deuda pública que el borrador del CAFR establece que el gobierno no puede pagar.
El Congreso también tiene ante sí la recomendación presupuestaria del presidente Barack Obama de que se otorgue a la Isla paridad en los fondos del programa Medicaid, con el que se financia en buena medida el Plan de Salud del Gobierno (PSG).
El Ejecutivo en Washington, en tanto, mantiene en vigor una reducción en los fondos del programa Medicare que Puerto Rico recibiría este año, lo que afecta los servicios que los planes Advantage ofrecen a los retirados.
Todo esto confirma la necesidad de que, en consenso, el País busque soluciones efectivas, y la urgencia de que el Congreso apruebe la legislación que nos permita superar la crisis.
En el camino hacia la recuperación tenemos la oportunidad de seguir la ruta que nos marca la AEE como ejemplo de nuestra capacidad para salir del abismo fiscal.