Puntos de no retorno: La reforma y el plan de País

Concluida la serie de vistas públicas en torno al proyecto de reforma contributiva que impulsa un Impuesto al Valor Añadido (IVA) y rebajas a las tasas de individuos y corporaciones, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la obligación de, incorporand

Una ley que genere los recaudos, permita cumplir con las obligaciones y, fundamentalmente, ayude a reactivar la economía; todo esto en consonancia con la presentación cuanto antes de un plan de País que incluya con claridad los recortes necesarios para un presupuesto más pequeño, la estrategia que se seguirá con la deuda pública, la reestructuración de las corporaciones públicas y un abarcador programa de reforma gubernamental. A este proceso debe incorporarse, demostrándose que han sido escuchados, los distintos sectores económicos, políticos y sociales, porque el País ha llegado ya a un punto de no retorno en la urgencia de generar los cambios estratégicos y radicales que, ya sin acceso a los mercados de capital, le permitan garantizar los servicios y su funcionamiento por la única vía posible: la autofinanciación.

De ahí la obligación política y moral de acabar con el impasse y con una incertidumbre que tanto daño hacen a la economía.

Para empezar, las posiciones expuestas por los diversos grupos e instituciones durante las audiencias en Cámara y Senado para evaluar el proyecto de Transformación del Sistema Contributivo tienen que haber sido recibidas con la más profunda y respetuosa atención por parte de los miembros de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos. En consecuencia, tienen que formar parte de la consideración que merecen al momento de elaborar el proyecto final.

Llegó el momento -en el Ejecutivo y en Legislativo- de ser realistas y creativos en la confección de una ley contributiva que aliente al individuo a desarrollar todas sus capacidades en sus profesiones y oficios sabedores de que las contribuciones que sea preciso aportar al Estado para el desarrollo de la obra pública y la prestación de servicios directos al pueblo, no constituirán una punitiva práctica de confiscación.

A la vez, deberá propiciar la nueva ley contributiva una plataforma para incentivar el desarrollo económico que facilite el crecimiento del sector productivo privado de tal manera que sea fuente de una saludable creación de empleos.

Desde esa perspectiva, tiene la nueva ley que elaborarse sobre la base de un correcto balance entre el cumplimiento -nunca a evadirse- de las obligaciones contraídas por el Estado para el financiamiento de las distintas fases de la operación gubernamental y las garantías de los programas medulares de salud, educación, trabajo y seguridad.

La coyuntura en que se debate la legislación hacia la transformación del aparato contributivo -con su ingrediente del polémico IVA-, incluyendo la frágil situación fiscal del Gobierno en general, pero marcadamente en sus corporaciones públicas como las autoridades de Energía Eléctrica y de Carreteras y Transportación, así como el Banco Gubernamental de Fomento que urge capitalizar, obliga a un espíritu de consenso y buena voluntad y, por encima de todo, a un desapego de egoísmos, consciente cada cual de su responsabilidad contributiva como ciudadanos privados o corporativos.

De especial atención debe ser la consideración de tasas variables, la consideración del tope propuesto y la seguridad de que, aprobada la legislación, se habrán configurado los mecanismos fiscalizadores y de administración de una reforma simple, que garantice una transición transparente y que pronto comience a evidenciar los beneficios para el pueblo y para el Estado de toda buena reforma contributiva.

Y como garantía de esa reforma y como parte del plan de País que tienen que presentar y conducir el Gobernador y los presidentes legislativos, tiene que emprenderse la reestructuración que hace tiempo debió haber ocurrido en el Departamento de Hacienda como el organismo constitucional fiscalizador del sistema contributivo.

Por la gravedad y la complejidad del momento histórico en que estamos hay que ir a la mesa a negociar, no por nadie en particular, sino por Puerto Rico.