Cifras esenciales para atender la salud mental
Aunque Puerto Rico cuenta con investigadores dedicados que trabajan por años en el desarrollo de nuevos medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer, la burocracia ha mantenido paralizada por más de una década la ley que hubiera propiciado estadísticas
En agosto de 1999 se aprobó la Ley 237 que establecía un registro de casos de Alzheimer, y obligaba a médicos e instituciones hospitalarias a informar por escrito de todo caso atendido. Esta información es vital para estudios estadísticos, investigaciones científicas y otros fines educativos, con la protección en todo momento de la privacidad del paciente.
Ahora, cuando se da a conocer recientemente que un grupo de científicos y estudiantes de la UPR de Humacao, está en la segunda fase de una investigación para mejorar el efecto de los medicamentos, y que la profesora de química orgánica, Margarita Ortiz, ha obtenido una patente, se ha sabido que el registro de pacientes de Alzheimer, que por ley debió activarse dieciséis años atrás, ha comenzado a funcionar hace sólo nueve meses.
Lo que debía de ser un trámite sencillo, el notificar al Departamento de Salud la detección de un nuevo caso, se fue aplazando año tras año, al punto que se puede decir que la Ley 237 ha quedado en letra muerta desde que se aprobó. Trascendió incluso que algunos médicos se habían quejado de que, entre los requisitos para reportar un paciente con Alzheimer, los obligaban a llenar un extenso formulario, para lo que no tenían tiempo.
El Departamento de Salud o cualquier otra instancia gubernamental no puede pretender que se apliquen sus estilos engorrosos, de largo papeleo, a instituciones privadas que se supone sean dinámicas y estén dando servicio. En otras palabras, con que sólo reportaran los casos de Alzheimer y las fases de la enfermedad, las edades y lugar de procedencia de los pacientes, se hubiera tenido un cuadro mucho más preciso.
El director del denominado Registro Electrónico de Alzheimer, William Torres, ha revelado que, aunque ya cuentan con un grupo de instituciones y profesionales que están dando información, hay otros, incluso grandes hospitales del área metro, que han hecho caso omiso a la directriz de Salud para que notifiquen los casos que atienden. Según Torres, “se les ha enviado cartas y no han contestado”.
Dada esta circunstancia, lo próximo es proceder con lo que dispone la ley. La plataforma digital que se inauguró en mayo de 2014, para que se reporten a través de ella los casos de Alzheimer, no es para uso “voluntario”. Los hospitales y médicos cuentan con un plazo de 30 días para realizar la notificación a partir de la fecha en que se diagnostica al paciente.
Se estima que en Puerto Rico viven alrededor de 22,000 personas con Alzheimer, lo que supone costos crecientes para los familiares y el Estado. La velocidad con que envejece la población indica que ese número podría elevarse a cotas inimaginables en un futuro próximo.
Más del 20% de la población de la Isla tiene 60 años o más. La edad promedio en los hombres es de 35 años, mientras que en las mujeres es de 38. La tasa de reemplazo generacional es de un 1.7%. Es importante destacar que, a nivel mundial, los criterios que se utilizan para determinar si un país “se hace viejo”, es que más del 10% de la población tenga 60 años o más; la edad promedio de hombres y mujeres supere los 30 años, y el reemplazo generacional esté por debajo del 2%. En Puerto Rico cumplimos y superamos con creces todos esos criterios.
La prevención y detección temprana de las enfermedades relacionadas con la vejez es algo prioritario ante la preocupante realidad demográfica. En esa misma línea, hay que reconocer el valiosísimo esfuerzo de los investigadores que luchan para hacer más efectivo el tratamiento contra el Alzheimer.
Para corresponderlos, y luego de lustros de inacción, el Departamento de Salud tiene que ponerse las pilas y proveer estadísticas confiables.