Malgasto público
La reforma contributiva bajo discusión, para que sea justa y rinda lo que se pretende de ella, debe venir acompañada de un presupuesto predicado en un ahorro dramático del gasto gubernamental, mucho más sustancial que lo que anticipa hasta ahora el Ejecutivo. De lo contrario, nos seguiremos endeudando hasta el infinito, más allá de los $73,000 millones actuales que, al paso que vamos, pagarán los bisnietos de la presente generación.
Parece que la actual administración, como las que le antecedieron, conjuga mejor el verbo gastar que el de ahorrar, como lo demuestra el tímido cálculo del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, de que el próximo presupuesto gubernamental será $250 millones menor que el vigente.
Esa cifra representa una ínfima baja en relación al presupuesto actual y apenas una cuarta parte del ahorro demandado por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien exigió recortes por $1,000 millones como parte de la negociación para aprobar la reforma contributiva en ese cuerpo le- gislativo. Las corporaciones públicas, que se han convertido en elefantes blancos subsidiados por el Estado para sobrevivir, caen fuera del cálculo de Cruz Batista, pero no podemos perder de vista que contribuyen enormemente a la crisis fiscal.
Un ejemplo dramático es el de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que opera en unos pocos municipios del área metropolitana, pero que requiere oxígeno constante del gobierno central a través de los impuestos que pagan los contribuyentes de toda la Isla. El aumento de cuatro centavos en el impuesto al barril de petróleo conocido como “la crudita”, que acaba de entrar en vigor, servirá para amortizar la deuda de $2,200 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación, de modo que podamos seguir financiando, entre otras cosas, la operación perdidosa y el mal servicio de la AMA.
Pero, hablemos del gobierno central y de algunas de las cosas que pueden hacerse para reducir el gasto.
Hay mucha grasa que cortar en el renglón de los contratos externos que duplican tareas de funcionarios y empleados públicos a tiempo completo.
Si el presidente del Senado quiere poner la acción donde pone la palabra, puede comenzar por presentar legislación que limite sustancialmente la cantidad y el monto de los contratos que pueden tener individuos y corporaciones privadas con entidades del gobierno. Ojo, no se trata meramente de reducir en un 10% el costo total de los contratos, que es de lo que suele hablarse.
Con una limitación sustancial se pondría fin a la mala costumbre que tienen las administraciones de gobierno, todas, de premiar a allegados, familiares y donantes políticos con contratos a tutiplén y honorarios ridículamente altos para realizar tareas que pueden llevarse a cabo internamente en las agencias.
Muchos de esos contratistas necesitarían días de 48 horas o más para cumplir con el mínimo de horas estipuladas en los múltiples contratos que acumulan, que suman cientos de millones de dólares que pagamos los contribuyentes.
Otra área que permitiría recortes sustanciales, o cuando menos una mejor utilización de los fondos públicos, es la electoral.
La Oficina del Contralor Electoral, innecesaria desde el momento de su creación en 2012 bajo la administración de Luis Fortuño y con un presupuesto de $4 millones, debió haberse derogado, pero la administración García Padilla lo que hizo fue aumentarle los fondos con la creación de un subcontralor de un partido distinto al del contralor electoral, Manuel Torres, que es penepé. García Padilla nombró a un popular al nuevo cargo. También se pueden ahorrar millones largos en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), prácticamente inoperantes los primeros tres años de cada cuatrienio y cuyas funciones podrían canalizarse a través de otras agencias gubernamentales o de los municipios.
Por otro lado, el propuesto escrutinio electrónico amenaza convertirse en otro gasto multimillonario innecesario. La presidenta designada de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García Vélez, habla de comprar -en vez de alquilar- entre 6,000 y 7,000 lectores ópticos de papeletas para el 2016, a pesar de que debido a la naturaleza cambiante de la tecnología, esas máquinas serán trastos obsoletos en el 2020.
Y ya que hablamos de gastos innecesarios, sería bueno seguir los consejos del secretario de Justicia, César Miranda, y desglosar en los futuros recibos de compra el monto del Impuesto al Valor Añadido (IVA) que pague el consumidor. Nos ahorraríamos, al menos, el costo de un litigio en los tribunales.
(irene.garzon@gfrmedia.com)