Ceden los empleados públicos ante la crisis
La gran mayoría logra acuerdos con el Gobierno y reducen sus beneficios Solo cinco uniones no lograron un entendimiento con el Ejecutivo
Pese a la oposición sindical que enfrentó la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional, cerca del 90% de los empleados unionados del Gobierno y las corporaciones públicas han negociado acuerdos que permiten reducciones presupuestarias e impiden la congelación de los beneficios laborales.
Según datos de La Fortaleza, el lunes, día en que vencía el plazo para negociar, apenas cinco uniones en las corporaciones públicas no llegaron a acuerdos con la administración del gobernador Alejandro García Padilla. Por el otro lado, todas las organizaciones sindicales que pertenecen al gobierno central culminaron el proceso de negociación y sus matrículas habían ratificado los cambios en los convenios colectivos.
El saldo final, según La Fortaleza, es de 53,890 empleados unionados que han cedido o modificado las disposiciones en sus convenios colectivos de modo que las agencias y las corporaciones públicas puedan generar hasta un 10% en ahorros. De hecho, la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional precisamente fue legislada para evitar o mitigar el aumento en gastos operacionales que se esperaba para el año fiscal 2014-15. Este estatuto dispone una serie de recortes en los beneficios de los empleados públicos, independientemente estén contenidos o no en los convenios públicos, que solo podían ser cancelados o postergados mediante un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos.
Federico Torres Montalvo, secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, explicó que las negociaciones han sido, en esencia, la herramienta que han usado para mitigar los “daños mayores” que recibirían los empleados públicos si entraba en vigor la legislación aprobada como parte del presupuesto de este año fiscal. Esta ley, junto a otras medidas de austeridad del Gobierno, buscaban reducir alrededor de $1,400 millones de gastos, de modo que los ingresos y los gastos públicos estén balanceados por primera vez en décadas.
Torres Montalvo, por ejemplo, explicó que, con la negociación, los empleados de la Administración de Terrenos podrán conservar el bono de Navidad, según fue estipulado en el 2013. Del mismo modo, el seguro médico de los trabajadores tampoco sufrió cambios.
Entretanto, los trabajadores permitieron que se dejara de contar el día del cumpleaños como un festivo y se modificó el sistema de licencias por vacaciones o enfermedad, de modo que la agencia no tuviera que pagar los días acumulados en exceso. Del mismo modo, los aumentos salariales que se estipulaban en los convenios colectivos se condicionan a las condiciones económicas de la agencia o el Gobierno.
“Todos los años va a haber una evaluación en la que participará la unión para ver si se puede dar los aumentos de salario ya negociados. El Gobierno en ese proceso tiene que dar toda la información necesaria para hacer esa evaluación”, dijo Torres Montalvo.
El domingo, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, anunció el final de las negociaciones con las uniones del gobierno central luego de que se alcanzaran acuerdos con cada uno de los sindicatos.
Las negociaciones fueron iniciadas en el mes de mayo por Vila, el secretario del Trabajo y Recursos Hu-
“La unión asumió su posición. No era viable, que luego de haber identificado las economías, se mantuviera el lenguaje para trastocar el resto del convenio”
ANTONIO DÍAZ Presidente de Tuama “Fue doloroso, fue atropellante porque el contenido de la ley provocaba histeria en los trabajadores” FEDERICO TORRES MONTALVO Secretario general de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado
manos, Vance Thomas y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Carlos Rivas Quiñones. Ayer Thomas no estuvo disponible para entrevista.
“Alcanzar acuerdos que aseguren beneficios a los trabajadores mientras se generan los ahorros dispuestos en el presupuesto vigente es reflejo de la madurez y solidaridad de estas uniones con el País. Estos acuerdos exaltan el valor y el compromiso de nuestros servidores públicos con encaminar a nuestro Puerto Rico hacia adelante”, expresó entonces Vila.
Según Torres Montalvo, todos los acuerdos en que participó fueron ratificados de manera unánime. El líder sindical, no obstante, aclaró que esto no debe interpretarse como que los unionados estaban a gusto entregando sus beneficios, sino que estaban optando por un camino menos oneroso.
“Fue doloroso, fue atropellante porque el contenido de la ley provocaba histeria en los trabajadores. Se creó mucha incertidumbre y preocupación. Si no se llegaba a acuerdo se aplicaba la ley completa y la reducción en beneficios iba a ser mayor”, dijo Torres Montalvo.
TRANQUE EXISTENTE. Pero no todo fue entendimiento o la selección de un mal menor. Un total de cinco sindicatos de corporaciones públicas no suscribieron acuerdos. Estos fueron la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Prosol Utier
“La Utier ha hecho cuanto ha estado a su alcance para lograr una negociación seria, responsable y transparente”
ÁNGEL FIGUEROA JARAMILLO Presidente de la Utier
(que agrupa a los empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación), Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Tuama). la Hermandad de Empleados de Oficina de la AMA y la Federación Americana de Músicos, que agrupa a los empleados de la Corporación para las Artes Musicales.
Líderes sindicales consultados apuntaron que las fichas del tranque eran los artículos 11 y 17 de la Ley 66. La primera de estas disposiciones limita los beneficios económicos de los empleados públicos y la segunda busca flexibilizar las tareas y el movimiento de personal en el Gobierno.
“Nosotros entendíamos que no podíamos ceder más. (El lunes) Al no haber acuerdo se nos despachó porque la AMA no iba a ceder y nosotros no queríamos que se quedara el lenguaje que permite esto”, dijo Antonio
Díaz, presidente de Tuama. Según Díaz, la AMA quería que se permitiera el traslado de personal y que se eliminaran los derechos de antigüedad entre los empleados. Ese lenguaje “permitía una cacería de brujas”, según Díaz. No obstante, al no llegarse a un acuerdo antes de la fecha límite, disposiciones similares contenidas en la Ley 66 quedan vigentes. FALTA DE DATOS EN LA AEE. El presidente de la Utier, Ángel Figueroa
Jaramillo , en declaraciones escritas, denunció que la AEE impidió que se llegara a un acuerdo al no proveer la información económica de la corporación pública necesaria para la negociación.
“La Utier ha hecho cuanto ha estado a su alcance para lograr una negociación seria, responsable y transparente, como han sido todas las que hemos desarrollado con la AEE”, manifestó Figueroa Jaramillo.
Ayer, sin embargo, Juan Alicea, director ejecutivo de la AEE, aseguró que la Utier no expresó su voluntad de negociar para obtener acuerdos similares a los que firmaron con los otros tres sindicatos de la AEE: la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI), la Unión de Pilotos de la Autoridad de Energía Eléctrica (Upaee) y la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctrica (Uitice).
Según la corporación pública, el acuerdo que cubre un periodo de tres años economiza $1.3 millones a la AEE, al tiempo que los trabajadores podrán recibir bonos de Navidad de $1,200, bonos de riesgo de entre $400 a $665 y mantener seis meses de licencia por accidente con paga completa, se informó.