Méndez sabía del negocio con Doral
Correos electrónicos revelan que el exsecretario de Hacienda y ahora vicepresidente de dicho banco conocía de la polémica transacción mucho más de lo que ha admitido
Una serie de correos electrónicos en el expediente del litigio entre Doral Financial Corp. (NYSE: DRL) y el Departamento de Hacienda, muestran que el actual vicepresidente de Doral Bank, Jesús F. Méndez, estaba al tanto de las negociaciones que le dieron a su actual patrono un reintegro de $229 millones, mientras él fungía como secretario de Hacienda.
Asimismo, los correos electrónicos demuestran que el acuerdo que sirvió para capitalizar a Doral hace unos dos años fue posible por la intervención del abogado Héctor R. Ramos, otrora ayudante especial del exgobernador Luis Fortuño.
Según los correos electrónicos, Méndez estaba preocupado de que el acuerdo contributivo de marzo de 2012, ahora objeto de un litigio entre Doral y Hacienda, “descuadrara la caja por $200 millones”.
“Chequea si esto le funciona a los auditores -la preocupación del Secretario es que de pronto pidan un (reembolso) de $200 millones que descuadre la caja- si desean (reembolso) se negociaría para pagarlo en dos o más plazos”, reza un correo electrónico de la entonces asesora de Hacienda, Xenia Vélez a Ramos.
La participación de Ramos como “facilitador” de Doral, así como la preocupación de Méndez en torno al controversial acuerdo contributivo de marzo de 2012 están evidenciadas en casi una centena de correos electrónicos entre la exsubsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez, Vélez, Ramos, el asesor legal general de Doral, Enrique Ubarri, y otros exfuncionarios de Hacienda.
Al final de las negociaciones, los correos electrónicos fueron copiados a Méndez.
Mientras, en los correos suscritos por Ramos, se evidencia que el acuerdo se negoció para inyectar capital al banco comercial y que el acuerdo se trabajó para que fuera conforme a lo dicho por el auditor externo de Doral, PricewaterhouseCoopers.
Ayer, El Nuevo Día intentó sin éxito comunicarse con Ramos a la Asociación de Abogados de Puerto Rico. SABÍA PERO NO NEGOCIÓ. Por su parte,
el abogado de Méndez, José Andreu Fuentes , dijo que el ahora vicepresidente de Doral Bank tenía conocimiento de que Hacienda y Doral negociaban un acuerdo contributivo.
Sin embargo, Andreu Fuentes subrayó que su cliente no participó ni negoció las condiciones para convertir el activo contributivo de Doral en el reintegro de $229 millones que reclama el banco.
“Él (Méndez) sabía que se estaba negociando, pero no tuvo nada que ver con la negociación ni con la decisión final”, subrayó Andreu Fuentes. MÉNDEZ NO IRÁ A LA LEGISLATURA. Ayer, Andreu Fuentes notificó a la comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Representantes que Méndez no acudirá a una vista pública citada por el legislador José Báez. En la carta al legislador, Andreu Fuentes reiteró que su cliente “delegó dicho asunto a otros funcionarios” de Hacienda.
“Comenzar un proceso investigativo paralelo al proceso judicial pendiente no solo excede la autoridad delegada a la comisión, sino que constituye un ejercicio arbitrario del poder legislativo”, dijo Andreu Fuentes a Báez.
El lunes, la Cámara baja aprobó una resolución específica para que Báez indague el controversial acuerdo contributivo.
Los correos electrónicos, las planillas de Doral Bank e incluso datos acerca de la solvencia de la institución financiera serán parte de la prueba que desfilará a partir de hoy en la sala de la jueza Laureana Pérez Pérez.
Ayer, mientras los abogados de las partes se preparaban para ir a juicio, el expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, en representación de Doral, intentaba llegar a un acuerdo con Hacienda.
De no ser el caso, hoy, a partir de las 9:00 de la mañana, Doral y Hacienda intentarán convencer a la magistrada Pérez Pérez con sus respectivos argumentos. Esto, luego de que el pasado 25 de agosto, las partes no llegaran a un acuerdo y de que anoche, la jueza Pérez Pérez declarara no ha lugar los pedidos de sentencia sumaria que le hicieron las partes.
La disputa entre Doral y Hacienda comenzó en mayo de este año cuando Hacienda declaró nulo el acuerdo de 2012.
Según Doral, Hacienda le debe unos $229 millones porque así se negoció en marzo de 2012, lo que a su vez descansa en otro acuerdo firmado en 2006. En ese año, Hacienda le reconoció a Doral ajustes con las tajadas de intereses o IOs, un instrumento derivado de la compraventa de paquetes de hipotecas a otros bancos.
Hace unos ocho años, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), acusó a Doral de inflar artificialmente el valor de IOs
entre los años 2000 y 2004, por unos $900 millones. Ello provocó la revisión de los resultados del banco, una multa de $25 millones, la salida de la gerencia del banco y contribuyó al colapso de la actividad hipotecaria que se experimenta en la actualidad. Pese a los señalamientos de la SEC, en 2006, Hacienda reconoció a Doral ajustes sobre los controversiales IOs.
Por su parte, Hacienda alega que un activo contributivo a amortizar (lo que implica una deducción contra el pago de impuestos futuros) como el que tenía Doral no puede convertirse en un reintegro. Además, y entre otras cosas, Hacienda alega que el acuerdo contributivo de 2012 es nulo porque Doral no pagó impuestos en exceso. Y de ser el caso, el término para solicitar tales reintegros prescribió, alega el Estado.
Según los correos electrónicos, entre Álvarez, Vélez, Ramos y Ubarri, a Doral le urgía lograr un acuerdo que permitiera inyectar capital adicional al banco.
Las conversaciones, según los correos electrónicos, dieron comienzo el 1 de febrero de 2012 con un encuentro en el salón de conferencias de la secretaría de Hacienda. En la reunión, habrían participado Ramos, Glen Wakeman, principal oficial ejecutivo de
Doral; Robert Wahlman, principal oficial financiero, y Ubarri.
Aproximadamente una semana más tarde, Doral envió a Hacienda el borrador del acuerdo contributivo que sirvió de punto de partida a la negociación.
UN ENTUERTO TRAS OTRO. Las conversaciones entre las partes continuaron hasta marzo y en ese período, Hacienda redujo el reintegro de unos $320 millones a unos $298 millones y luego, hasta la suma ahora en controversia.
El Código de Rentas Internas, en su artículo 6051.07 establece que los acuerdos serán finales y concluyentes y que “no será reabierto”, “anulado”, “modificado” o dejados sin efecto bajo ningún procedimiento.
Partiendo de los correos electrónicos, entre 2004 y 2009, Doral y Hacienda suscribieron siete acuerdos haciendos cambios a los IOs.
Así las cosas, seis años después de los señalamientos de la SEC contra Doral, en 2012 Hacienda lidiaba con los IOs de Doral que se reconocieron bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá y el entonces secretario de Hacienda,
Juan Carlos Méndez. Y ello, a su vez, mientras en 2006 se produjo un cierre del gobierno; en 2012, los recaudos de Hacienda no daban para cubrir los gastos del Gobierno. Tales eventos contribuyeron a la degradación del crédito de Puerto Rico ahora en grado especulativo.
“Se hizo lo que se supone se hubiera hecho desde el principio”, dijo Vélez a Álvarez y que se copió a Méndez el 3 de abril de 2012 a las 5:34 a.m.
“Repasemos el script ahora en la mañana para tener el mensaje uniforme, incluyendo lo que nos puedan criticar”, le replicó Méndez a las 6:53 a.m. de ese mismo día.
Mientras en los correos electrónicos, se reconoce el supuesto reintegro a Doral, Hacienda ahora alega lo contrario. Ello, porque negoció con una cifra que excedía en $114 millones el valor que ostentaba ese activo en 2012.
“Doral falseó un hecho pertinente al representarle a Hacienda, en el acuerdo de 2012, que el balance no amortizado de su activo intangible era de $766.2 millones, cuando poco antes de comenzar la negociación, su asesora contributiva (Patricia Wangen) le había indicado que el mismo era de $652.4 millones”, reza el documento.