Fortalecen equipo de la fiscalía
Cuatro nuevos fiscales se unieron al equipo que atiende casos de fraude electoral en Guaynabo y Cataño Celebran nueva vista de acusación
Q Para atender con diligencia y prontitud los casos del supuesto fraude electoral en Guaynabo y Cataño, el Departamento de Justicia aumentó a siete el número de fiscales que atenderán estos procesos criminales.
El fiscal Edmanuel Santiago Quiles de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, indicó ayer que otros cuatro fiscales se unieron al equipo de trabajo, que actualmente cuenta con tres fiscales.
Los nuevos representantes del Ministerio Público son Miguel Alameda Ramírez, Rosaura González, Miguel López Birriel y Martín Ramos Junquera.
Estos cuatro fiscales se unen a Santiago Quiles, Lorraine Pietri Colón y Edwin Ortiz Rivera.
Santiago Quiles explicó que la determinación se tomó debido al volumen de trabajo y para evitar un atascamiento de casos en las diversas salas del Tribunal de Bayamón, donde se atienden las decenas de casos de fraude.
“El Departamento de Justicia no puede atrasar los procedimientos en todas las salas”, apuntó a su salida de la sala 705 del juez Julio de la Rosa Rivé, donde se celebró la lectura de acusación de José Hernández Rondón, acusado por el supuesto fraude primarista en Guaynabo.
El fiscal también destacó la importancia de que los casos sean llevados en sus méritos y eficientemente.
PROCESOS EN AGENDA. Actualmente hay pendientes en el Tribunal de Bayamón cuatro casos relacionados al supuesto fraude electoral en las elecciones para el puesto de alcalde del Municipio de Cataño en el 2012. Todos estos casos, donde se imputa a los cuatro acusados votar de forma fraudulenta por el actual alcalde José Rosario, del Partido Popular Democrático, se encuentran a nivel de vista preliminar.
En el caso del alegado fraude en las primarias que el Partido Nuevo Progresista celebró en Guaynabo, en el 2012, hay 57 acusados cuyos procesos se encuentran en diversas etapas. Algunos se ven a nivel de vista preliminar, otros en vista preliminar en alzada y juicio. Pero además, los casos de fraude han generado un voluminoso intercambio de mociones y escritos entre las partes.
Quedan sin resolver múltiples mociones presentadas por los abogados de los acusados a nivel de juicio para que se desestimen los cargos en su contra y para que se supriman las polémicas identificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, que el Ministerio Público utiliza para identificar a los imputados y acusados en corte abierta.
Fiscalía radicó los cargos bajo el Código Penal del 2004 porque alega que las acciones imputadas no están cobijadas bajo el Código Electoral, que contempla penas menos severas.
También utiliza la Identificación del Elector y la Actualización de Datos del Elector para identificar a los acusados e imputados.
Sin embargo, los abogados han in-
“El Departamento de Justicia no puede atrasar los procedimientos en todas las salas” “El interés es que los casos sean vistos en sus méritos de forma eficiente y rápida” EDMANUEL SANTIAGO QUILES fiscal
sistido desde las primeras acusaciones que los cargos imputados se deben desestimar porque se trata de violaciones al Código Electoral, que dispone de otro proceso para atender dichas violaciones.
También han planteado que las identificaciones de la CEE no se pueden usar en un contexto penal porque no cumplen con las Reglas de Procedimiento Criminal y porque la reglamentación vigente solo permite que se usen en el contexto de un caso que se radique bajo el Código Electoral.
LA LECTURA. Durante la breve vista de lectura de acusación, el juez de la Rosa Rivé concedió a la defensa de Hernández Rondón los 10 días que establecen las reglas para hacer alegación de culpabilidad o de no culpabilidad.
También señaló una vista con an- telación al juicio para el 8 de abril luego de conversar frente al estrado con el fiscal Santiago Quiles y el licenciado Juan Domínguez Villegas.
A su salida de sala, Domínguez Villegas indicó que seguirá el curso de acción de otros abogados y presentará una moción de desestimación de cargos y otra para la supresión de las identificaciones de la CEE.