Consideran allanarse a la demanda por nombramientos
EL GOBIERNO de Puerto Rico podría allanarse a la demanda que radicaron dos abogados impugnando la legalidad de 103 nombramientos que hizo el pasado gobernador Luis Fortuño luego de su derrota electoral en noviembre.
La determinación, adelantó ayer el gobernador Alejandro García Padilla, dependerá de lo que recomiende el Departamento de Justicia, tras evaluar los méritos del reclamo.
“He pedido al secretario de justicia que la evalúe, como evalúa cualquier demanda, pero que en este caso evalúe la corrección o incorrección de su alegación. El secretario de Justicia, tan pronto esté en posición de responder, lo hará”, dijo el gobernador a periodistas durante la visita que realizó ayer a una escuela de Río Piedras.
Explicó que lo que deberá determinar Justicia es “si es correcto (el argumento), trabajar en esa misma dirección o si es incorrecto, oponernos a la demanda”.
García Padilla sostuvo que “siempre que hay una demanda, se evalúan varios cursos de acción, uno puede oponerse a ella, uno puede allanarse a ella. Allanarse”, abundó, “implicaría darle la razón y solicitar entonces que el remedio que ellos solicitan u otro remedio que proceda que ellos no solicitan, sea el que se procure implantar”.
Recordó que “siendo una demanda, la decisión no es del gobernador, es del juez que atienda el caso”.
Los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, presentaron el recurso en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Como demandados, figuran el gobernador , el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, y la jueza superior Liza Fernández, quien fue legisladora por el Partido Nuevo Progresista y designada al cargo por Fortuño luego que esta perdiera la elección para un escaño senatorial en San Juan.
Nieves Huertas y Albaladejo solicitan al tribunal que impida a Fernández continuar ejerciendo sus funciones como jueza y que obligue al gobernador y al jefe de Justicia a tomar las acciones correspondientes para evitar que el resto de los nombrados continúen ejerciendo funciones públicas y recuperar así dichos cargos mediante los mecanismos legales disponibles.
Los 103 nombramientos, sostienen en la demanda, incluyen 33 para jueces, 25 para fiscales y dos para jueces administrativos.