Debate por la subrogación
Sectores temen que lleve a la explotación de la mujer Otros sostienen que se trata de una intervención indebida del Estado
¿DEBE EL Estado permitir que se pague por alquilar un vientre?
Hay quienes opinan que prohibirlo sería una intromisión indebida del Estado en un asunto que solo le compete a la mujer; y hay quienes piensan que permitir ese tipo de pago, a la larga, podría redundar en problemas de salud y de explotación de las mujeres.
Otros expertos pidieron tiempo para evaluar la medida porque todavía no tienen una opinión formada.
El debate lo abrió ayer un proyecto de ley de la senadora popular Maritere González para crear la Ley sobre los Procedimientos de Maternidad Subrogada e Inseminación Artificial.
La controversia surge porque en la medida se prohíbe la contratación mediante pago de un vientre de alquiler. La exposición de motivos de la pieza legislativa lee: “Declaramos como ajeno o contrario al orden público todo acuerdo o contrato con precio sobre madre subrogada, suplente o sustituta”. Se establece, además, que será nulo cualquier contrato con precio por el vientre de un alquiler de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.
La persona que así lo haga incurriría en un delito grave, cuya pena consiste en una pena de cárcel no mayor de cinco años ni menor de tres o una multa no mayor de $50,000 ni menor de $20,000 o ambas penas, según el Proyecto del Senado 436.
“Si una mujer lo hace libremente, no veo por qué el Estado se deba meter ahí. Yo creo que es una intromisión indebida del Estado. No veo nada en contra del orden público que una mujer pueda alquilar el vientre. Están entrando a regular los acuerdos privados que puedan hacer las personas”, dijo el activista de derechos humanos Osvaldo Burgos.
Para el profesor en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Carlos E. Rodríguez Díaz, esa disposición de la medida “no es consistente con el trabajo progresista que se ha hecho en otras jurisdicciones”.
“Este asunto plantea el choque que puede haber entre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Por un lado, está la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y la reproducción y, por el otro, el asunto de integridad sexual”, planteó Rodríguez Díaz.
Aunque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, el experto opinó que la preocupación podría ser que en un “en un contexto como el nuestro se industrialice el cuerpo de la mujer”.
DISPUTA ÉTICA
Aunque no tiene una opinión formada sobre si se debe permitir el pago por un vientre de alquiler o no, la directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, dijo que este debate se trata “de asuntos éticos que no están resueltos”.
Expuso, por ejemplo, que en algunas jurisdicciones no se permite el pago porque está prohibida toda venta o trata de personas y se consideran que se está vendiendo a un bebé. “Hay mujeres a la que pudiera serle atractivo y podría darse una dinámica de poder”, indicó la abogada, quien trabaja con mujeres de escasos recursos.
Sin embargo, Pagán Jiménez dijo que le agrada que la Legislatura trabaje con este tema, sobre todo, porque en el pasado grupos conservadores impidieron la aprobación de la revisión del Código Civil, que incluía este asunto.
ABIERTA AL DIÁLOGO
Por su parte, la senadora González dijo que lo que busca es que no se abra el alquiler de vientres a una actividad comercial con fines de lucro. Sostuvo que eso podría desembocar en problemas morales y de salud para la mujer.
Pero González enfatizó en que esa disposición, aunque está contenida en el proyecto, puede ser mejorada o alterada. Incluso, dijo que está abierta a cambiar el lenguaje, pero preservando la idea de que no se comercialice el cuerpo de la mujer a través de los vientres de alquiler.
“Con el proyecto, vamos a abrir la discusión. No podemos seguir haciendo silencio en la Legislatura si ya hay unos ejemplos que están hablando por sí solos”, afirmó la legisladora.
Cuestionada sobre la posibilidad que tiene la medida de convertirse en ley, dado que en el pasado grupos conservadores lo impidieron, González expresó: “Yo creo que en este momento histórico se cuenta con la voluntad de un grupo de personas que estamos comprometidas con hacer la diferencia y validar los movimientos sociales que son los que ponen en acción el trámite legislativo”.
Insistió en que procurará que se le dé la discusión más amplia posible a este asunto en el Senado.