ALIANZA NACIONAL
La situación de seguridad pública en Puerto Rico es cada vez más crítica. Primero, los puertorriqueños viven aterrados de llevar a sus hijos a la escuela, llegar a su lugar de trabajo o simplemente salir por la noche. Segundo, Puerto Rico se ha convertido en peaje y puente de distribución del narcotráfico entre los productores y los consumidores de la droga en otros países. Tercero, existe un desasosiego generalizado con la fuerza policíaca, por la constante improvisación, la negativa a reconocer la manipulación de estadísticas y sus recurrentes violaciones de derechos civiles. El caos es tal que la Policía está al borde de ser puesta en sindicatura federal.
Ante el cuadro antes mencionado, es necesario implementar un enfoque integral de lucha contra el crimen. Como se ha dicho anteriormente, hay que atacar no solamente al crimen sino también ir hasta sus raíces y la disfuncionalidad del aparato de seguridad.
El gran obstáculo al que nos enfrentamos es que la condición territorial actual limita grandemente el abanico de remedios fundamentales para atajar el crimen. La unión permanente nos obliga a que nuestras costas, por donde entran y salen los botines de la droga internacional, estén bajo la jurisdicción suprema del gobierno de Estados Unidos. Estamos li- mitados, conforme a la interpretación estatutaria federal, en las medidas que podemos tomar o hacer para implementar un enfoque salubrista al problema del uso de drogas, enfoque fundamental para reducir la demanda interna por narcóticos. Además, la casuística constitucional norteamericana, y acogida en Puerto Rico con beneplácito por algunos, es que todo hijo de vecino tiene un derecho fundamental a portar una AK-47.
Las limitaciones antes mencionadas nos obligan a requerir los poderes para nosotros atender nuestras costas, implementar un enfoque salubrista en lugar de moralista hacia la droga y limitar la entrada y distribución de armas y municiones. El primer paso es reclamar esos poderes para poder tomar las riendas en la lucha contra el crimen. La consulta de noviembre será el paso inicial para atender ese reclamo.
En lo que ese proceso toma su curso, el gobierno de Puerto Rico debe también planificar, implementar y monitorear decisiones de política pública a corto, mediano y largo plazo para complementar el uso de los nuevos poderes que adquiriremos a partir de nuestra segura descolonización, entre ellas:
Deconstruir en todas sus manifestaciones el marco conceptual dentro del cual la Policía de Puerto Rico ha operado desde sus inicios. La Policía de Puerto Rico la fundó el Gobierno federal para perseguir a todo el que cuestionara la legitimidad del régimen colonial.
Mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de la fuerza de modo que sea innecesario que sus miembros recurran al chiripeo para complementar sus ingresos y cumplir sus obligaciones familiares.
Implementar una política agresiva de inversión en tecnología que nos permita tener a más agentes en tareas de prevención e investigación y menos en tareas administrativas, para optimizar la realización de sus tareas fundamentales y cotidianas y para convertir el adiestramiento y readiestramiento profesional en asunto de todos los días de un modo costo-efectivo.
Los pasos mencionados son sólo el comienzo de una visión integral para atender el problema de la seguridad pública. Para implementar los mismos es necesario escuchar a todos los sectores y considerar que todos perdemos si el problema no se atiende desde sus raíces. Por tanto, el liderato político de nuestra patria tiene la obligación ineludible de denunciar las limitaciones existentes para promover la seguridad colectiva mientras realizamos los cambios que aún dentro de ellas podemos hacer para acabar con la tragedia diaria que nos aterra.