Caso Lava Jato, Rafael Vela y los fracasos en la investigación
Pese a los recursos destinados para cubrir los gastos de la investigación en torno al Caso Lava Jato, los resultados de las pesquisas fiscales no satisfacen a la ciudadanía ni al Estado peruano. Las razones del fracaso de estas investigaciones recaen sobre los múltiples beneficios que el equipo a cargo del fiscal superior Rafael Vela le habría ofrecido a las empresas involucradas.
El fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, fue el encargado de investigar los casos de corrupción relacionados con el Club de la Construcción, en donde se encuentran involucradas empresas como la transnacional Odebrecht o la constructora peruana Graña y Montero. Además, fue el responsable de rendir cuentas al Estado y, por supuesto, a la ciudadanía sobre los resultados de estas pesquisas. Pese a ello, las labores del equipo de trabajo que dirigió no cumplieron con los objetivos dispuestos en un principio y, por el contrario, la información emitida por la Contraloría sugiere que las razones de ello son los múltiples beneficios que el Ministerio Público le otorgó a las compañías investigadas.
En primer lugar, solo tres empresas se acogieron a la colaboración eficaz: Odebrecht (ahora Novonor), Graña y
Montero (ahora Aenza), y una empresa que guarda reserva sobre su razón social. Esto es preocupante debido a que existen más compañías inmersas en el proceso. Por otro lado, estas constructoras no admiten responsabilidad por todas las obras adjudicadas por el gobierno, sino que, por el contrario, solo aceptaron su culpabilidad en cuatro casos específicos: Carretera Interoceánica, Línea 1 del Metro de Lima, Vía de Evitamiento Cusco y Costa Verde del Callao.
Del mismo modo, otro problema que es posible identificar, basándose en los datos del órgano de control, es el minúsculo monto de reparación civil que deben pagar las firmas a favor del Estado peruano, pues no representan ni el 50% del perjuicio generado. Por ejemplo, Odebrecht debe pagar S/610 millones en un plazo de 15 años a pesar de que el daño estimado supera los US$1,300 millones. Cabe mencionar que en Estados Unidos la situación es completamente diferente, ya que la empresa brasileña debe pagar una reparación de US$2,600 millones sin importar que el impacto económico haya sido mucho menor.
Esta falta de severidad en términos monetarios responde a que, en el caso de Odebrecht, la empresa aún puede contra demandar al Estado por diferentes conceptos. Un hecho emblemático es la demanda interpuesta por la empresa por un valor de US$1,200 millones por el Gaseoducto Sur Peruano. Asimismo, la firma brasileña también puede hacer transacciones en el territorio nacional sin ningún tipo de objeción, tal es el caso de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla por US$1,400 millones en lugar de ser embargada.
PROCESOS LENTOS, POCOS RESULTADOS
Hasta octubre de 2022, el 87% de los procesos en contra del Club de la Construcción se encontraban en etapa preliminar o preparatoria, mientras que solo una investigación ya se encontraba en etapa de juicio oral. Este problema se basa en que las pesquisas se rigen en torno a cómo surgen los hechos y se revela nueva información, pues esto impide que se conozca la proporcionalidad del daño causado por la corrupción.
Asimismo, el hecho de permitir que se continúen abriendo investigaciones por faltas administrativas en la Autoridad Nacional de Control contra fiscales por malas diligencias o que se entregue información y/o material a la prensa también retrasa los procesos. [Vigilante.pe]