Causa de Bajac duerme en la Corte hace dos años, a la espera de juicio
En junio de 2019 los fiscales de Delitos Económicos Luis Piñánez y Victoria Acuña acusaron por cohecho pasivo agravado (coima) y pidieron juicio oral y público para el exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac Albertini, para el facilitador Rafael Ramírez, el abogado Juan Carlos Ávila Meza y Carlos Miguel Lesme.
Luego de varios incidentes planteados por la defensa, principalmente de Bajac, en octubre de 2020 el juez de garantías Yoan Paul López elevó la causa a juicio. Sin embargo, el caso ya no pudo
La causa del exministro de la Corte Miguel Óscar Bajac se elevó a juicio en 2020, pero la preliminar no se pudo realizar porque el expediente duerme en la máxima instancia judicial donde hasta hoy no se integra la Sala Penal para resolver una contienda de competencia, por una serie de inhibiciones.
avanzar debido a que hubo un conflicto de competencia contra el Tribunal de Sentencia N° 20, a cargo de la jueza Rossana Maldonado, y el Juzgado de Sentencia N° 2 especializado en Delitos Económicos.
Dicha diferencia debe ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero los ministros Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes Ocampos se inhibieron;
y los otros ministros César Diesel y Antonio Fretes se negaron a integrarla. Actualmente el expediente está en el despacho de Víctor Ríos, para consulta de integración. El caso de Bajac lleva congelado ya dos años debido a esos acontecimientos señalados.
Uno de los fiscales acusadores –Luis Piñánez– presentó varios urgimientos, el
último de ellos en febrero último. Piñánez no descarta presentar nuevo urgimiento para que se destrabe el caso y se pueda realizar el juicio.
Según la acusación, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, el entonces ministro Bajac había solicitado a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última dueña de la firma Cal Agro SA, el 5% del monto del
capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento, sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000. Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió los US$ 50.000, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 el facilitador Ramírez cayó tras cobrar una coima de G. 50 millones.